Huachicol e impunidad El Financiero
Un tercer buque petrolero venezolano fue interceptado y capturado por la armada estadounidense, como parte de la estrategia bélica dirigida a derrocar a esa dictadura sudamericana acusada de mantener alianzas con el narco. La acción vuelve a poner de relieve la gran importancia que tiene el hidrocarburo no solo para el propio país del Caribe, sino para toda la región. Venezuela está en aprietos y Cuba se encuentra al borde de la desaparición.
Esta era de nuestra historia será siempre recordada en torno al petróleo. Ha sido un recurso increíblemente bondadoso para el avance de la ciencia, la tecnología y la economía. No menos de seis mil bienes se producen a base de petróleo o de sus derivados.
A pesar de que se le asocia esencialmente con la gasolina y el diésel, la industria petroquímica abarca productos que se destinan a bienes que van desde la higiene y el cuidado personal, la salud o la medicina, o la ropa y los textiles, hasta fertilizantes y pesticidas, envases, electrodomésticos y pinturas, o pelotas de futbol, raquetas y cascos, por mencionar solo algunos, quizá los más conocidos.
La importancia que reviste esa riqueza que nos regala el subsuelo provocó que, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decidiera nacionalizar la industria petrolera y encomendar a un solo organismo del Estado su administración y procesamiento: Petróleos Mexicanos. Con el tiempo y después de muchos tropiezos, se le ha reconocido ya el carácter de empresa del Estado, con propósitos que van más allá de la recaudación fiscal y la insertan en un área de producción estratégica asociada al desarrollo nacional.
Desde el periodo mismo en que Enrique Peña Nieto ocupó la Presidencia de la República se establecieron delitos específicos contenidos en la ley, que imponen gravísimas penas de prisión en contra de aquellos que sabotean las instalaciones de la empresa pública o, incluso, de quienes roban combustible y lo revenden al público.
A pesar de los avances constitucionales en el ámbito del reconocimiento y tutela del derecho humano a la presunción de inocencia, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se reformó la Constitución, en su artículo 19, con la finalidad de incorporar entre aquellos delitos cuya peligrosidad e impacto social son tan severos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, a todos los que constituyan delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Las dos administraciones pasadas sostuvieron un discurso dirigido, por lo menos en apariencia, a combatir un delito que es muy grave y que se ha desbordado hacia otras actividades que afectan a la sociedad: el del huachicol. La ordeña de tuberías de Pemex estuvo dirigida a crear un mercado paralelo de venta de combustible que, original y constitucionalmente, es propiedad de la Nación y administra esa misma empresa mexicana.
Muy curiosamente, durante la presente administración se han venido impulsando acciones bien encaminadas a eficientar las labores de recaudación que nuestro régimen jurídico delega a favor del Servicio de Administración Tributaria y, a pesar de que no se incorporó en el mismo catálogo de delitos a los que se refiere el artículo 19 constitucional que antes hemos comentado, existió la intención de incluir entre ellos el de la defraudación fiscal, desde luego un delito ignominioso que impacta directamente al gasto público y afecta, en ese sentido indirecto, a toda la Nación.
La semana pasada se habló en las noticias sobre algunas confesiones hechas a la Fiscalía General de la República por Raúl Rocha, presidente y dueño de la Organización Miss Universo, quien asegura haber participado en operaciones ilícitas de venta de combustible a Guatemala.
Es una pinza que viene a cerrar y a demostrar la tesis que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses en torno a ese desfalco a la hacienda pública del país: el caso del huachicol fiscal.
Dada la importancia probada que tienen los hidrocarburos en México y las acciones sistémicas que los gobiernos de todos los partidos en el poder han venido emprendiendo para prevenir y sancionar los delitos que se cometen en el país en ese ámbito del desarrollo nacional, debemos suponer que la integración de las carpetas de investigación, de las que depende que los responsables se sujeten a juicio y se les impongan las penas que contempla la ley, avance a pasos acelerados.
Las preocupaciones persistentes expresadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el informe presentado en Ginebra en enero de 2024, derivado de la evaluación concedida a México con motivo del Examen Periódico Universal en materia de impunidad y Estado de derecho, destacan un problema de impunidad crónica por desatención a víctimas vinculadas con delitos en el campo de la desaparición forzada de personas, la tortura, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En el país existen graves atrasos en materia de acceso a la justicia y persecución de ese tipo de delitos; una impunidad que llega al 99% de los casos, en los que no se encuentra a las personas desaparecidas o no se acusa a los responsables de la comisión de los delitos.
En el Índice Global de Impunidad 2024, organizado por la Universidad de las Américas, se ubica a México entre los 15 países con mayor nivel de impunidad a nivel global, ocupando el puesto 80 de entre 94 países analizados.
La nueva fiscal general de la República tiene ante sí las pruebas necesarias para demostrar, como se asegura por la presidenta, que su gobierno es diferente y que en la cuarta transformación no se aceptan actos de corrupción. Solo el tiempo lo dirá.
Vamos a ver si es cierto su compromiso o si, como se sostuvo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en México reina una impunidad que cobija, como todo hace parecer, a delincuentes que se hallan en la cúspide del poder.
En manos de la nueva titular de ese órgano constitucional de representación de la sociedad está la disyuntiva de la que depende desmentir los índices aportados por la Universidad de las Américas.
