Liberaron a los 18 militares secuestrados tras asonada en Carmen de Atrato, Chocó Infobae
La Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Iglesia Católica y otras autoridades locales y departamentales, logró la liberación de los 18 integrantes del Ejército Nacional que habían sido retenidos por la fuerza durante más de 36 horas en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, tras una asonada protagonizada por comunidades indígenas.
La entidad confirmó que los uniformados ya iniciaron su retorno hacia la ciudad de Quibdó y que se encuentran en buenas condiciones de salud, luego de una compleja mediación humanitaria que se extendió por varias horas.
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“A esta hora ha iniciado el retorno a Quibdó de 18 integrantes del Ejército Nacional, desde zona rural de Carmen del Atrato, en Chocó. La Defensoría, junto con la Iglesia Católica, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía Municipal de El Carmen de Atrato, medió para permitir este proceso”, informó la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta oficial en la red social X.
Comisión humanitaria logró la entrega a salvo
La entrega segura de los militares se concretó gracias a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, luego de cerca de cuatro horas de diálogo, según confirmó el Ejército Nacional.
La liberación se produjo sobre las 11:00 de la noche del lunes, momento en el que finalizó la labor de mediación adelantada por la Iglesia Católica y los organismos de derechos humanos, permitiendo que los soldados fueran entregados sin que se registraran nuevos incidentes.
Retención en medio de operaciones contra el ELN
Los hechos se remontan al domingo, cuando los 18 soldados adscritos a la Décimo Quinta Brigada del Ejército realizaban operaciones militares contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el resguardo indígena La Puria. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas, quienes los trasladaron por la fuerza, en contra de su voluntad, hacia el interior del resguardo.
Según las autoridades, las comunidades habrían actuado bajo presiones y amenazas del ELN, con el objetivo de frenar el avance de la Fuerza Pública en una zona considerada estratégica para esa guerrilla.
El brigadier general William Caicedo, comandante de la Décimo Quinta Brigada, confirmó que la operación tenía como objetivo golpear la estructura del frente Manuel Hernández “El Boche”, del Frente de Guerra Occidental del ELN, y que uno de los blancos era alias ‘Ramiro’, cabecilla de ese grupo armado.
Ejército rechazó la asonada y anunció acciones judiciales
El comando militar calificó lo ocurrido como una “grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad” de los uniformados, y advirtió que este tipo de acciones favorecen indirectamente a los grupos armados ilegales.
Tan graves fueron los hechos que el Ejército anunció la radicación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro, violencia contra funcionario público, asonada y obstrucción a la función pública.
Gobernación del Chocó condenó lo sucedido
La Gobernación del Chocó también rechazó el secuestro y recordó que no existe ninguna norma que prohíba la presencia del Ejército en territorios indígenas, cuando se trata de operaciones legítimas de seguridad.
“No existen territorios vedados para el ejercicio de la acción legítima del Estado colombiano”, señaló la entidad, al tiempo que denunció que los soldados habrían sido despojados de su armamento oficial y obligados a grabar un video de identificación, lo que afectó gravemente su intimidad y dignidad.
Contexto de tensión pese a anuncio de tregua del ELN
El secuestro de los militares ocurrió el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral con motivo de las festividades de fin de año, el cual regirá entre el 24 de diciembre y el 3 de enero de 2026. Sin embargo, este anuncio se dio en un ambiente de alta desconfianza, tras recientes hechos violentos atribuidos a esa guerrilla.
Días antes, el ELN había adelantado un paro armado de 72 horas, y el pasado 18 de diciembre se registró una emboscada en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos, lo que endureció la postura del Gobierno.
Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fue enfático al señalar que “no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano” por parte del Gobierno.
Retenciones de militares, una práctica reiterada
Las autoridades advirtieron que la retención de militares por parte de civiles se ha vuelto recurrente en zonas de influencia de grupos armados, donde las comunidades son instrumentalizadas para obstaculizar la acción estatal.
Casos similares se registraron en Guaviare, donde 34 militares fueron retenidos en agosto, y en Cauca, donde otros 45 uniformados fueron secuestrados en septiembre. En todos los episodios, la mediación humanitaria permitió su liberación.
La liberación de los 18 militares en el Chocó alivió la tensión en la región, pero volvió a encender las alertas sobre el uso de la población civil en el conflicto armado y los desafíos de seguridad que persisten en varias zonas del país.
