Sistema de pensiones en México: fragmentación, desigualdad y presión fiscal

La fragmentación del sistema de pensiones en México, compuesto por más de mil esquemas diferentes, genera profundas desigualdades entre los beneficiarios y representa una creciente presión para las finanzas públicas, al consumir el 23% del presupuesto federal. Esta situación, evidenciada por datos de la Secretaría de Hacienda y análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afecta a los más de 35 millones de personas que integran la Población Económicamente Activa (PEA) y amenaza la sostenibilidad de instituciones estatales y universitarias.

Un mosaico complejo y costoso

El sistema se divide en esquemas públicos y privados, principalmente de reparto (Ley de 1973) y de cuentas individuales (Ley de 1997), además de la pensión no contributiva del Bienestar. Entre los principales regímenes se encuentran los del IMSS, el ISSSTE, Pemex, CFE, el ISS FAM, así como numerosos sistemas estatales, municipales y universitarios. Según Hacienda, el gasto federal en pensiones se ha disparado de 589,238 millones de pesos en 2015 a 2.139 billones de pesos previstos para 2025.

Esta estructura fragmentada produce brechas abismales. Por ejemplo, mientras un jubilado de la CFE recibe un promedio de 961,365 pesos anuales, un beneficiario de la Pensión Mujeres con Bienestar obtiene 19,278 pesos, una diferencia de 50 veces. Alejandra Macías Sánchez, directora del CIEP, subraya que la falta de un sistema homologado genera estas desigualdades, donde algunas pensiones son muy altas y otras resultan insuficientes.

Universidades y estados en riesgo técnico

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha alertado que más de la mitad de los sistemas estatales y universitarios públicos están en quiebra técnica. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuantifica un pasivo de 496,392 millones de pesos solo en 28 universidades, debido a esquemas insostenibles con jubilaciones tempranas y falta de aportaciones.

Un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) advierte la ausencia de una regulación general, lo que ha llevado a cada institución a desarrollar sus propios sistemas, muchos de los cuales se han convertido en un grave problema financiero. Este escenario amenaza tanto la estabilidad de las finanzas públicas como el pago futuro de pensiones.

Ajustes parciales y críticas de expertos

Frente a esta presión, algunos estados buscan ajustes. En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez propuso reformar el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), elevando la edad de jubilación de 62 a 65 años de manera gradual hasta 2029, ante un crecimiento del 547% en el número de pensionados entre 2000 y 2025.

No obstante, expertos como Gustavo Leal Fernández, de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideran que esta medida es “tibia” y no una solución de fondo. Leal Fernández critica que la propuesta evita conflictos inmediatos trasladando el problema a las generaciones más jóvenes, e ignora opciones como la distribución intergeneracional de cargas o ajustes más equitativos. El académico enfatiza la urgencia de un diálogo social inclusivo para construir un sistema con mayor equidad y solidaridad.

La crisis del sistema de pensiones en México destaca la necesidad urgente de un debate nacional y de reformas estructurales que aborden la desigualdad, la sostenibilidad financiera y la homologación de beneficios. La viabilidad futura de las pensiones y la salud fiscal del país dependen de la capacidad para construir un pacto social que garantice seguridad económica para todos los mexicanos en la vejez.

Fuente: La Jornada

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— De Luna Noticias (@DeLunaNoticias1) December 22, 2025

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