Juez de Buga, Valle, condenó a 35 años de cárcel al mayor (r) Alirio Urueña por su participación en la masacre de Trujillo: se alió con paramilitares Infobae
El mayor (r) Alirio Antonio Urueña fue condenado a 35 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Trujillo, un episodio que marcó la historia reciente de Colombia por la brutalidad de los crímenes cometidos contra comunidades rurales en el Valle del Cauca.
La sentencia, dictada más de tres décadas después de los hechos, reconoce la comisión de crímenes de lesa humanidad y ordena la captura inmediata del exoficial, quien además enfrenta una inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa superior a 6.900 millones de pesos.
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El fallo, emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, declaró a Urueña culpable de homicidio agravado con fines terroristas, secuestro agravado y concierto para delinquir.
La decisión judicial destacó la gravedad de los delitos, cometidos con extrema sevicia, y estableció que el exmilitar representa un riesgo para la sociedad, lo que motivó la orden de captura inmediata.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia contempla una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas y una sanción económica considerable.
La masacre de Trujillo, ocurrida entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, dejó al menos 342 víctimas de homicidio, tortura y desaparición forzada, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Durante ese periodo, decenas de campesinos fueron secuestrados y asesinados en fincas que funcionaron como centros de tortura, en una operación conjunta entre fuerzas estatales y estructuras paramilitares.
Las víctimas eran obligadas a abandonar sus hogares o lugares de trabajo y, en muchos casos, sus cuerpos fueron arrojados al río Cauca para dificultar su identificación.
El proceso judicial contra Urueña permitió esclarecer su papel central en la ejecución y planificación de los crímenes.
El juzgado determinó que el exoficial no solo omitió sus funciones o actuó como observador, sino que ejerció control directo sobre operaciones en las que se perpetraron asesinatos, torturas y secuestros.
Según el material probatorio, Urueña condujo interrogatorios en los que campesinos fueron torturados y coordinó aspectos logísticos con grupos paramilitares y narcotraficantes, en el marco de un plan sistemático de violencia.
Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) aseguró que el juez reconoció que existió un concierto para delinquir agravado, en el que se concertó con actores armados ilegales para cometer crímenes de lesa humanidad.
La sentencia también resalta la lógica contrainsurgente que predominó en Trujillo, donde la población civil fue tratada como enemiga interna y la mera sospecha de colaboración con la guerrilla bastó para justificar secuestros, torturas y asesinatos. El patrón de violencia se repitió en diferentes zonas del municipio, con una división de actividades criminales que consolidó un ciclo de terror durante la década de 1990.
El impacto de la condena ha sido significativo para las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, que durante más de 35 años exigieron justicia y verdad. El proceso incluyó acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), lo que llevó al Estado colombiano a reconocer su responsabilidad por acción u omisión de funcionarios públicos en los crímenes.
Aunque la sentencia es de primera instancia, las víctimas y sus representantes esperan que la decisión sea ratificada en las siguientes etapas judiciales.
Entre los casos emblemáticos de la masacre figura el de Tiberio de Jesús Fernández Mafla, quien fue castrado, decapitado y mutilado, convirtiéndose en símbolo de la brutalidad paramilitar en la región. Las fincas como Las Violetas se convirtieron en escenarios de muertes violentas, y el ocultamiento de los cuerpos en el río Cauca buscó perpetuar la impunidad.
La resolución judicial no solo impone una larga pena de prisión, sino que establece una sanción económica considerable y la prohibición de ejercer cargos públicos, medidas que buscan responder a la magnitud de los crímenes y a la demanda histórica de justicia por parte de las víctimas de Trujillo.
