La Justicia avala el desahucio de un hombre con un 72% de discapacidad y una pensión de 421 euros por no haber pagado su alquiler Infobae
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la petición de suspensión de desahucio solicitada por un inquilino en situación de vulnerabilidad social y económica y ha confirmado la orden de lanzamiento dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Puerto de la Cruz. La decisión desestima así el recurso de apelación presentado por la defensa del afectado.
El hombre intentó parar el desahucio argumentando que su estado de salud y sus condiciones económicas lo colocaban en una posición de desamparo absoluto. Según el expediente, el inquilino padece una discapacidad total del 72%, reconocida desde marzo de 2018, producto de un traumatismo craneoencefálico que le generó un trastorno cognitivo, limitaciones funcionales y alteraciones de conducta.
A parte, percibe una pensión no contributiva de 421,40 euros mensuales, cifra que, según la defensa, lo deja por debajo del umbral de ingresos mínimos y le impide acceder a una vivienda alternativa.
A todo esto se suma el informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, fechado el 15 de septiembre de 2023, que confirmó la situación de vulnerabilidad del afectado y detalló que había sido derivado al “Proyecto Base 25” de Cáritas y a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido. La defensa sostuvo que, ante la imposibilidad de alquilar otra vivienda y subsistir con sus ingresos, la suspensión del lanzamiento era la única vía para evitar dejar “totalmente desamparada a una persona desvalida”.
El papel de los recursos de apelación
El dueño del inmueble se opuso al recurso, bajo el argumento de que el recurso de apelación debía ser inadmitido por no haberse cumplido con la obligación de pago o consignación de las rentas debidas, un requisito esencial para recurrir en este tipo de procesos según el artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, señaló que la codemandada ya había abandonado el inmueble y que no se había acreditado su situación de vulnerabilidad.
El tribunal ha fundamentado su decisión en la normativa procesal vigente. La resolución subraya así que la admisión del recurso de apelación en procedimientos de ejecución es “extremadamente restrictiva y limitada”, ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil solo permite este tipo de recursos en supuestos excepcionales expresamente previstos. El auto recurrido, al no poner fin al procedimiento ni impedir su continuación, no habilitaba la vía de la apelación.
La sala ha citado el artículo 562 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los recursos en la fase de ejecución, y ha remarcado que “la valoración de las circunstancias relativas a la situación socioeconómica del apelante y de un eventual riesgo de exclusión habitacional, en orden a la posible suspensión del procedimiento o del lanzamiento, es competencia exclusiva del Juzgado de Primera Instancia y su resolución no tiene acceso al recurso de apelación”.
La Audiencia Provincial también ha recordado que el control judicial de las situaciones de especial vulnerabilidad, regulado por el Real Decreto Ley 11/2020 y sus prórrogas, no contempla la revisión en doble instancia de las decisiones sobre suspensión de lanzamientos. Además, la Junta de Magistrados de las Secciones Civiles del tribunal, reunida el 27 de enero de 2025, había adoptado por unanimidad el criterio de inadmitir los recursos de apelación en estos supuestos.
Como consecuencia, la sala ha resuelto que la causa de inadmisión del recurso se convertía en motivo de desestimación, lo que implica la imposición de las costas del proceso a la parte apelante y la pérdida del depósito constituido para recurrir.
