El Gobierno recurre ante la Justicia el cierre del centro de refugiados de Pozuelo (Madrid) Infobae
El Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón mantiene su actividad actualmente con 125 residentes, en su mayoría mujeres ucranianas bajo protección temporal y otras mujeres de diferentes nacionalidades, incluidas latinoamericanas y afganas, acompañadas de sus hijos e hijas. Todas ellas se enfrentan a la incertidumbre sobre su permanencia en el lugar, después de que el Gobierno de España presentó un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. El objetivo es suspender de manera urgente la ejecución de la orden del Ayuntamiento de Pozuelo que decreta el cierre definitivo del centro, según informó Europa Press citando fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El CREADE de Pozuelo fue habilitado en 2022 tras la cesión del edificio por parte del Ministerio de Seguridad Social a Migraciones, como respuesta a la emergencia humanitaria causada por diferentes conflictos armados, entre ellos la guerra en Ucrania. Desde su apertura, este centro ha ofrecido atención a más de 100.000 personas en situación de necesidad de protección internacional o temporal, según detalló el Ministerio encabezado por Elma Saiz a Europa Press. Fuentes del ministerio recalcaron que, hasta hace unos meses, no se habían registrado problemas con el ayuntamiento local en torno al funcionamiento del centro.
La actual controversia surgió luego de que el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, encabezado por la alcaldesa Paloma Tejero, decretara en septiembre el cese definitivo de la actividad en el CREADE, concediendo un plazo de cuatro meses para el realojamiento de las aproximadamente 400 personas que entonces se encontraban en el centro. Según publicó Europa Press, la orden municipal argumenta que la actividad del centro carece de los títulos habilitantes necesarios y establece en su resolución un plazo que vence el 17 de enero de 2026 para ejecutar el cierre.
La alcaldesa Paloma Tejero remitió una carta oficial a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la que accedió Europa Press, en la que exige información precisa sobre la situación del centro. Tejero señala que el Ministerio no ha enviado hasta la fecha ninguna notificación ni comunicación referente a la planificación de cierre, el cumplimiento de la resolución municipal o medidas para garantizar su ejecución. Además, aclaró que el consistorio no tiene constancia de que se haya solicitado el título administrativo requerido para continuar la actividad del centro, ni que se haya presentado un recurso judicial en el plazo establecido legalmente; en cambio, verificaron que el centro sigue en funcionamiento.
Según la resolución del ayuntamiento, el Ministerio disponía de un plazo de quince días para regularizar la situación solicitando el título habilitante, plazo que ya expiró. Igualmente, la alcaldesa expresó desconocer si el Ministerio había presentado algún recurso judicial, requisito que, de haberse producido, debía realizarse dentro de los dos meses posteriores a la notificación de la resolución, es decir, antes del 17 de noviembre pasado.
Tejero, en declaraciones remitidas a los medios y reproducidas por Europa Press, comunicó que el ayuntamiento utilizará todas las vías legales a su alcance para asegurar el cierre efectivo del centro. Insistió en que desde el consistorio cuentan con un mes más para ejecutar ese cierre y señaló la disposición del ayuntamiento a emplear "todas las herramientas y todos los cauces legales" con el fin de garantizar el cumplimiento de la orden.
Europa Press también reportó que, a pesar de la presión municipal y del plazo concedido, el Ministerio mantuvo recientemente una actividad institucional en las instalaciones del CREADE, con motivo del Día del Migrante, evento al que la alcaldesa no fue invitada ni recibió comunicación alguna sobre la situación del centro o el plan ministerial en torno a la resolución municipal.
El conflicto abierto llega al ámbito judicial después de varios meses de desencuentros entre la administración central y el gobierno local de Pozuelo de Alarcón, que reclama el cumplimiento de la legalidad urbanística y administrativa. Por su parte, el Gobierno central considera al centro un recurso esencial en la atención humanitaria para mujeres y menores desplazados por conflictos internacionales. El juzgado tendrá la decisión sobre si concede las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo central mientras continúa vigente la orden de cierre decretada a nivel municipal, concluyó Europa Press.
