ACM alerta que emergencia económica sería “el tercer estado de excepción en menos de tres años” y expone riesgos Infobae
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) fijó su posición frente a la posibilidad de que el Gobierno Nacional decrete una emergencia económica, luego de los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el 19 de diciembre de 2025, sobre la preparación de un decreto con ese propósito. La postura del gremio fue difundida a través de un comunicado de prensa citado por la Revista Semana.
De acuerdo con lo expuesto por el jefe de la cartera de Hacienda, la eventual declaratoria se estaría considerando como respuesta a la decisión del Congreso de la República de no aprobar la ley de financiamiento, situación que, según el Ejecutivo, habría generado un faltante de recursos para equilibrar el presupuesto nacional.
Este escenario abrió un amplio debate entre sectores empresariales, económicos e institucionales.
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La ACM indicó que una decisión de ese alcance tendría implicaciones profundas para el marco institucional del país. En su pronunciamiento, el gremio sostuvo que la figura de la emergencia económica es de carácter excepcional y está prevista únicamente para hechos sobrevinientes, imprevisibles y ajenos al control del Estado, conforme a lo establecido en la Constitución Política.
En ese contexto, la asociación subrayó que, de materializarse la expedición del decreto, “sería el tercer estado de excepción en menos de tres años”, una situación que calificó como inusual en la historia reciente del país. Según el gremio, esta reiteración podría afectar los principios de separación de poderes y el equilibrio institucional contemplados en la Carta de 1991.
El comunicado también señaló que el uso recurrente de mecanismos extraordinarios para atender desequilibrios fiscales podría desdibujar el carácter excepcional de estas herramientas constitucionales. La ACM planteó que los ajustes en materia fiscal deben tramitarse por los canales ordinarios, especialmente a través del Congreso, como órgano representativo y deliberativo.
A lo largo de la jornada, otras organizaciones empresariales se pronunciaron sobre el mismo tema. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), por ejemplo, remitió una comunicación a distintas instancias en la que expuso preocupaciones similares sobre los efectos jurídicos y económicos de una declaratoria de emergencia. Estos planteamientos se sumaron al debate público generado tras los anuncios oficiales.
Desde la perspectiva del sector minero, una nueva emergencia económica podría generar incertidumbre en los mercados y en los agentes económicos. El gremio advirtió que este tipo de decisiones pueden incidir en la percepción de estabilidad normativa, un factor considerado relevante para la planeación de inversiones de largo plazo en actividades extractivas y productivas.
La ACM también hizo referencia a los posibles impactos fiscales. En su análisis, indicó que los desequilibrios presupuestales no pueden atribuirse a eventos imprevistos, sino que corresponden a decisiones de política pública adoptadas con anterioridad. Bajo esa premisa, sostuvo que la emergencia no debería emplearse como un instrumento para subsanar déficits derivados de la ejecución presupuestal.
En el documento se incluyó una advertencia sobre la confianza en el Estado de derecho. Según el gremio, insistir en este tipo de declaratorias podría debilitar la credibilidad institucional y generar presiones adicionales sobre los sectores productivos, en un contexto económico que ya enfrenta múltiples retos.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, fue citado en el comunicado con una declaración directa sobre el manejo de las finanzas públicas. “Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que, para cubrir su déficit, pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal. Gobernar a punta de estados de excepción abre un precedente gravísimo para el país”, afirmó.
El dirigente gremial reiteró que las discusiones fiscales deben darse dentro del marco constitucional, respetando el papel del Congreso de la República y de las altas cortes. La ACM señaló que estos espacios garantizan el control democrático y el análisis técnico de las reformas que impactan los ingresos y gastos del Estado.
Finalmente, la asociación enfatizó que el sector minero sigue atento a las decisiones que adopten las autoridades económicas y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, instancia encargada de evaluar la legalidad de una eventual declaratoria de emergencia económica, en caso de que el decreto sea expedido.
