Auditor saquea con prestanombres Sol Yucatán
- Rubén Arjona, titular de la ASEY, detrás de la empresa Servicios Empresariales de la Península Maykino beneficiada con millonario contrato de seguridad, a pesar de no tener antecedentes en el ramo.
- Su objeto social es tan amplio que resulta sospechoso: abarca desde seguridad privada y limpieza hasta jardinería, fumigación, mantenimiento, comercialización de productos, importaciones y hasta servicios financieros.
- La hipótesis más plausible es que Maykino opera como empresa pantalla, utilizada para canalizar recursos públicos a través de contratos inflados y sin verificación efectiva de los servicios prestados.
Redacción/Sol Yucatán
Detrás de la empresa Servicios Empresariales de la Península Maykino, S.A. de C.V., se encuentra el propio Rubén de Jesús Arjona Ortiz, titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), quien adjudicó a esta compañía un contrato por más de 2 millones 265 mil pesos bajo el argumento de “servicios de seguridad y vigilancia” para las oficinas del órgano fiscalizador. La sociedad mercantil, sin antecedentes previos en el ramo, fue creada exprofeso para recibir contratos del propio ente que encabeza, lo que configura un evidente conflicto de interés y posible simulación administrativa.
El contrato del conflicto. El documento —identificado como Contrato Abierto de Prestación de Servicios LP-02-25-C1— fue firmado entre la ASEY y Servicios Empresariales de la Península Maykino, S.A. de C.V., representada por Christopher Adrián Castillo Vega, quien aparece como “administrador único” en el acta constitutiva de la sociedad, protocolizada ante el notario Luis Silveira Cuevas el 2 de diciembre de 2019.
El monto del contrato establece un importe de 2 millones 265 mil 480 pesos, para la prestación de servicios de vigilancia y limpieza en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
El contrato tiene una periodicidad del 15 de enero al 31 de diciembre de 2025. Según la adjudicación se dio por licitación pública, aunque el proceso muestra claros indicios de direccionalidad y simulación de competencia.
El contrato fue signado por la Directora de Administración y Finanzas de la ASEY, Ada Gloria Concepción Rodríguez Jiménez, bajo la supervisión del propio Arjona Ortiz, quien como auditor superior es responsable final de autorizar los gastos y validar los contratos mayores del órgano.
Una empresa creada a modo. De acuerdo con el acta constitutiva de Servicios Empresariales de la Península Maykino, S.A. de C.V., la empresa se formó apenas en 2019 con un capital social de apenas $50,000 pesos, dividido entre dos socios: Christopher Adrián Castillo Vega y Eva Yazmín Castillo Vega, ambos domiciliados en Mérida.
Sin embargo, fuentes al interior de la ASEY y empresarios dedicados al ramo, aseguran que los hermanos son prestanombres de Rubén de Jesús Arjona Ortiz, titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
Su objeto social es tan amplio que resulta sospechoso: abarca desde seguridad privada y limpieza hasta jardinería, fumigación, mantenimiento, comercialización de productos, importaciones y hasta servicios financieros.
Es el típico formato de las llamadas “empresas multipropósito”, diseñadas para adaptarse a cualquier licitación gubernamental y simular capacidad operativa donde no la hay.
Lo más llamativo es que no existen registros públicos de Maykino prestando servicios de seguridad o limpieza a otras dependencias ni a empresas privadas.
El contrato con la ASEY es el único antecedente documentado de su actividad real, lo que apunta a una creación ex profeso para recibir adjudicaciones del propio órgano fiscalizador.
El conflicto de interés. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán tiene como función vigilar el correcto uso del dinero público; sin embargo, su titular, Rubén de Jesús Arjona Ortiz, aparece directamente vinculado con la empresa beneficiaria del contrato.
Diversas fuentes internas de la ASEY y registros cruzados del Registro Público del Comercio sugieren que Arjona Ortiz y el administrador de Maykino mantienen vínculos profesionales y de confianza previos, además de coincidir en asesorías y proyectos fiscales en Mérida.
La relación va más allá de lo administrativo: El notario Luis Silveira Cuevas, quien protocolizó la constitución de Maykino, también ha sido proveedor recurrente y fedatario en actos legales de la ASEY.
La empresa tiene su domicilio fiscal en la Colonia Residencial Pensiones, la misma zona donde Rubén Arjona y varios funcionarios de la ASEY poseen inmuebles.
Ninguno de los socios de Maykino cuenta con registro previo ante la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de la Defensa Nacional para operar como empresa de seguridad privada, requisito indispensable para contratar con entidades públicas.
El conflicto es mayúsculo: un órgano auditor que contrata a una empresa vinculada con su propio titular no sólo vulnera los principios de imparcialidad y ética pública, sino que viola el artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Yucatán, que prohíbe expresamente que el auditor, sus familiares o socios de negocios mantengan intereses económicos en empresas proveedoras del propio ente.
Simulación y triangulación. El esquema reproduce un patrón ya observado en otros contratos del gobierno de Yucatán: la aparición de empresas de reciente creación con capital ínfimo, amplísimo objeto social y dirección compartida entre socios que repiten en varias razones sociales.
La hipótesis más plausible es que Maykino opera como empresa pantalla, utilizada para canalizar recursos públicos a través de contratos inflados y sin verificación efectiva de los servicios prestados.
Fuentes cercanas a la ASEY confirmaron que, pese a los pagos realizados, no existen reportes documentales sobre el número de guardias asignados, horarios, rondines ni bitácoras de supervisión, lo que refuerza la sospecha de un servicio simulado o sobrevaluado.
El negocio de la vigilancia pública. El caso de Maykino se inscribe en una tendencia creciente en Yucatán: la privatización de los servicios de seguridad y limpieza dentro de las propias dependencias gubernamentales.
Lo que antes eran funciones cubiertas por personal sindicalizado o de base, hoy son concesionadas a empresas privadas de papel, controladas por el mismo círculo de funcionarios que las contrata.
En el presupuesto de egresos de 2025, la ASEY asignó más de 2.3 millones de pesos para este tipo de servicios, cantidad que coincide con el monto máximo del contrato con Maykino. En los hechos, el órgano que debería fiscalizar el gasto público se convirtió en su propio beneficiario.
El caso Maykino–ASEY expone la captura del órgano auditor por parte de su propio titular. Rubén de Jesús Arjona Ortiz, en lugar de garantizar la rendición de cuentas, usa el aparato fiscalizador para autofinanciar su red de intereses, en un claro autoencubrimiento institucional.
Sin experiencia, sin permisos de seguridad y sin antecedentes, Servicios Empresariales de la Península Maykino, S.A. de C.V. obtuvo un contrato millonario con el sello y la firma de quien, paradójicamente, está obligado a denunciar este tipo de irregularidades.
En Yucatán, el órgano que debería poner lupa al gasto público parece haberse convertido en su propio cómplice.
El negocio no está en vigilar las cuentas: el negocio está en vigilar los edificios… y callar lo demás.
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