Reducción de hasta 95% de multas para transportistas en 2026: ¿quiénes serán los beneficiados? Infobae
En una decisión destinada a aliviar la presión financiera de los operadores de transporte formal, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó el Programa de Regularización de Sanciones (PRS), el cual permite una reducción de hasta 95% en las multas impuestas por infracciones a la normativa de transporte terrestre. Esta medida, de carácter excepcional, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca principalmente resguardar la sostenibilidad de los servicios colectivos regulados, fuertemente afectados por la ola de extorsiones y delitos recientes.
¿Quiénes podrán acceder al beneficio?
El PRS está orientado a transportistas formales de todas las modalidades de transporte terrestre en Lima y Callao, incluyendo buses convencionales, taxis en ambas formas (individual y colectivo), servicios de transporte de personal y de estudiantes. Según la ATU, para acceder al beneficio, el operador debe cumplir dos condiciones: acreditar formalidad y reconocer su responsabilidad administrativa en la falta, lo que implica aceptar la infracción y desistir de cualquier recurso administrativo o judicial en curso.
“De las multas que hayan sido colocadas, se hace una reducción de 90%, de modo que los operadores solo pagan el cinco”, precisó David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, en declaraciones a 24 Horas Noticias. De esta manera, el programa posibilita que los transportistas dediquen sus recursos a la modernización vehicular y al cumplimiento de estándares de servicio, en vez de destinar fondos considerables al pago de sanciones acumuladas.
Proceso y alcance del Programa de Regularización de Sanciones
Durante la vigencia del PRS, los operadores formales con procedimientos sancionadores en trámite, resoluciones de sanción firmes, impugnaciones en la vía administrativa o judicial, actas de fiscalización o procesos en ejecución coactiva podrán solicitar acogerse a la reducción. El trámite debe realizarse dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución correspondiente.
Uno de los aspectos destacados es que la medida incluye la condonación del 100% de los costos y gastos administrativos, facilitando así el proceso de regularización financiera para los afectados.
El beneficio no será universal. El presidente de la ATU remarcó que existen faltas excluidas, como las detectadas al prestar servicios informales (piratería), participar en siniestros de tránsito, conductores bajo el efecto del alcohol o reincidentes en infracciones graves. “Hay multas que no se pueden reducir (...), por ejemplo, piratería, siniestros de tránsito o infracciones relacionadas al consumo de alcohol”, detalló Hernández.
Críticas y percepción del sector
La disposición de la ATU ha generado reacciones dispares dentro del sector transporte y de organizaciones civiles ligadas a la seguridad vial. Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, señaló que este tipo de programas responde a una lógica política, en la medida en que el Estado no ha logrado contener la escalada de la criminalidad ni reducir las extorsiones: “Como no pueden defender al transportista, eliminan las multas y continúas, de alguna manera, siendo un infractor porque ahora puedes hacerlo con impunidad”, manifestó, cuestionando la efectividad del paliativo y su impacto en la formalización real del sector.
No obstante, para la ATU, el programa constituye una herramienta que respalda a “los operadores de transporte público en esta coyuntura”, permitiéndoles sobrellevar la carga de costos impuesta por el crimen organizado y evitando que dichos gastos se trasladen, en última instancia, al pasaje pagado por los ciudadanos.
Exclusiones y finalidades del beneficio
El PRS no aplica a operadores sancionados por actividades informales en cualquiera de sus variantes. Además, al acogerse al programa, se concluyen o archivan los procedimientos coactivos en curso y las sanciones regularizadas dejan de considerarse para efectos de reincidencia, lo que representa un incentivo para que los transportistas formales puedan limpiar su historial administrativo y encarar una eventual renovación de flota en mejores condiciones.
Con esta disposición, la ATU busca afianzar un sistema de transporte público formal, moderno y seguro para los usuarios de Lima y Callao, en un contexto marcado por la urgencia de respuestas eficaces frente a la criminalidad y la inestabilidad económica que enfrentan a diario los operadores regulados.
