Ivey, sin razón de existir Sol Yucatán

• El organismo que encabeza Felipe Cervera Hernández ha hecho poco, en algunos casos prácticamente nada, para atender a las familias más necesitadas. Es el síntoma de un instituto que se ha desconectado de su razón de ser.

• Su presencia en el territorio es mínima, sus programas no tienen impacto visible y sus acciones, cuando ocurren, son aisladas, dispersas o meramente simbólicas.

• Las cifras duras no existen. No ha informado cuántos créditos ha entregado, cuántas viviendas nuevas se han construido, cuántos cuartos adicionales se han edificado ni cuántas familias han sido beneficiadas.

Redacción/Sol Yucatán

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) se presenta ante la ciudadanía como el organismo encargado de garantizar que las familias más pobres tengan un hogar digno. Sobre el papel debería ser la institución que construye esperanza para quienes viven en láminas, en pisos de tierra, en cuartos improvisados o en asentamientos que el gobierno apenas reconoce.

Sobre el papel debería ser el puente entre el derecho constitucional a la vivienda y la realidad cruda de miles de yucatecos que no tienen acceso a lo básico.

Sin embargo, la realidad que rodea al IVEY dista mucho de ese mandato. Con un presupuesto asignado para 2026 de 314 millones de pesos, el organismo que encabeza Felipe Cervera Hernández ha hecho poco, en algunos casos prácticamente nada, para atender a las familias más necesitadas.

Las cifras duras no existen. El propio instituto no ha informado cuántos créditos ha entregado este año, cuántas viviendas nuevas se han construido, cuántos cuartos adicionales se han edificado ni cuántas familias han sido beneficiadas. Esa opacidad no es casual: es el síntoma de un instituto que se ha desconectado de su razón de ser.

En un estado donde miles de familias viven hacinadas, donde los cinturones de pobreza crecen en los municipios del sur, donde hay colonias enteras que siguen sin certeza jurídica, sin servicios básicos y sin infraestructura elemental, el IVEY debería ser protagonista. Pero no lo es. Su presencia en el territorio es mínima, sus programas no tienen impacto visible y sus acciones, cuando ocurren, son aisladas, dispersas o meramente simbólicas. La institución se ha convertido en una oficina que administra su presupuesto en silencio, sin rendir cuentas claras y sin mostrar avances medibles.

Lo más grave es que, en paralelo al abandono de los sectores más vulnerables, ha crecido la percepción —y en algunos casos, la sospecha abierta— de que parte de los recursos públicos destinados a vivienda social terminan beneficiando indirectamente a los grandes desarrolladores privados que construyen residenciales de alta plusvalía.

Este fenómeno no es nuevo en Yucatán: durante años, distintos gobiernos han sido señalados por impulsar la urbanización de lujo mientras relegan a la población de bajos ingresos a la eterna lista de espera por un hogar.

Hoy el IVEY es parte de esa narrativa. ¿Cómo es posible que un instituto con un presupuesto que supera los 360 millones de pesos no pueda mostrar resultados contundentes? ¿Cómo es posible que no exista un informe público accesible donde se detalle cuántos créditos se han otorgado en 2025? ¿Por qué los apoyos no se reflejan en las zonas que más los necesitan, mientras los megadesarrollos inmobiliarios avanzan con permisos exprés, servicios garantizados y apoyos institucionales que la ciudadanía más pobre jamás recibe?

Los hechos revelan un contraste doloroso: mientras las familias de Kanasín, Ticul, Tizimín, Peto, Teabo o Maxcanú siguen esperando un cuarto digno, un baño, una mejora en su vivienda o la regularización de sus terrenos, los grandes consorcios inmobiliarios construyen residencias de lujo en Mérida, desarrollos cerrados, cotos privados y condominios con valor de millones de pesos.

Algunos de ellos se benefician de estímulos, facilidades y gestiones institucionales que jamás están disponibles para las comunidades rurales o para quienes viven al día. La desigualdad está escrita en el mapa urbano del estado, y el IVEY, en lugar de corregirla, la profundiza con su inacción.

El instituto debería ser la herramienta más poderosa del gobierno para combatir el hacinamiento, para reducir la pobreza patrimonial, para dar certidumbre jurídica y para garantizar condiciones de vida dignas. Pero bajo la dirección de Felipe Cervera Hernández, la institución parece haberse convertido en un administrador pasivo de recursos que no llegan a donde deberían.

La falta de transparencia es absoluta. Nadie sabe con precisión cuántas viviendas se han entregado, cuántas familias han sido beneficiadas, cuántos asentamientos se han regularizado o cuántos créditos se han formalizado. No hay reportes trimestrales, no hay padrones públicos claros, no hay evidencia de impacto social.

Lo que sí hay es la percepción creciente de que el dinero público podría estar siendo utilizado para lubricar la maquinaria del desarrollo inmobiliario privado. Mientras en los fraccionamientos de alta plusvalía se levantan casas inteligentes, torres residenciales y condominios que superan fácilmente los dos y tres millones de pesos, las familias que necesitan un cuarto de block o una mejora de piso viven con la esperanza de que un día el gobierno las voltee a ver. Y ese día nunca llega.

El silencio del IVEY se ha convertido en uno de sus rasgos más preocupantes. Un instituto de vivienda no puede operar sin datos, sin reportes, sin pública rendición de cuentas. La vivienda es un derecho, no un premio político ni un recurso que se pueda administrar en discrecionalidad.

La vivienda digna es parte de la dignidad humana. Y la responsabilidad del IVEY es garantizarla. Pero mientras sus recursos se desvanecen en contratos, convenios y gastos que no se reflejan en las colonias marginadas, miles de familias siguen esperando.

La contradicción es brutal. El estado impulsa la construcción masiva de desarrollos residenciales de lujo, presume inversión inmobiliaria como si fuera un logro social y festeja la llegada de nuevos proyectos privados que elevan la plusvalía de Mérida a niveles nacionales.

Pero al mismo tiempo, la pobreza patrimonial se mantiene, el hacinamiento no disminuye y los hogares más vulnerables no ven mejoras en su calidad de vida. Hay municipios donde los programas de vivienda no han llegado en años. Hay colonias completas que jamás han recibido apoyo institucional. Hay familias que están en el mismo punto desde hace una década.

Lo que debería ser un instituto operador de justicia social se ha convertido en un instituto ausente. Un organismo que no incomoda a los poderosos y que no responde a los pobres. Un organismo que funciona como intermediario entre el gobierno y los grandes intereses privados, pero no como garante del derecho humano a la vivienda.

Felipe Cervera Hernández llegó al IVEY con el discurso de la “transformación” y la “eficiencia”, pero a estas alturas, su administración está marcada por la opacidad, por la falta de resultados y por la creciente sospecha de que los recursos no están llegando a quienes más lo necesitan.

La vivienda es uno de los pilares del desarrollo humano. Sin un hogar seguro, no hay salud. Sin un espacio digno, no hay bienestar. Sin certeza jurídica, no hay estabilidad familiar. El IVEY tiene en sus manos la posibilidad de cambiar vidas, pero hoy su actuación está lejos de cumplir esa misión.

Es momento de que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán deje de operar como un fantasma administrativo y comience a responder como una institución pública que maneja más de 360 millones de pesos anuales. Es momento de que se esclarezca dónde están los recursos, quién los recibe, cuántas viviendas se construyen, cuántos créditos se entregan y cuántas familias son realmente beneficiadas.

Porque en Yucatán, la desigualdad habitacional no es producto del destino: es producto de la omisión.

Y mientras el IVEY siga ausente, los más pobres seguirán esperando un hogar digno… mientras otros, con más poder y conexiones, siguen construyendo residencias de alta plusvalía con una facilidad que contrasta con el abandono de quienes no tienen ni dónde dormir dignamente.

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