Ajuste de cuentas en Morena: cae García Oliveros de Justicia Periódico Correo

1.- Ajuste de cuentas en Morena: cae García Oliveros de Justicia

Aunque el reacomodo incluyó ajustes en otras comisiones, la decisión parece menos una estrategia de equilibrio, paridad o eficiencia legislativa y más la consumación de un ajuste de cuentas interno. Se trata de una maniobra impulsada por facciones del propio morenismo para despojar a García Oliveros de una comisión clave, luego de que se convirtió en un perfil incómodo dentro del grupo parlamentario.

García Oliveros no se ha deslindado de su partido, pero es evidente que opera con una agenda propia. Esa falta de sometimiento a los designios de los liderazgos de la bancada no solo ha sido leída como confrontación, sino también como un acercamiento al panismo para sacar adelante iniciativas específicas, como ocurrió con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Desde tribuna, la legisladora sostuvo que su remoción constituye violencia política y una irregularidad. Pero además señaló que la decisión también dejó fuera a otra legisladora. En el paquete de cambios, en la Comisión de Turismo salió de la presidencia Ricardo Ferro Baeza y se nombró a Miriam Reyes Carmona, quien no formaba parte de dicha comisión, sin considerar a Maribel Aguilar González, también morenista e integrante formal de la misma.

Aguilar González se sumó al respaldo a García Oliveros y lo hizo con un reclamo directo y sin matices: “es un mensaje que se envía hacia adentro y hacia afuera. Es decirles a las mujeres que cuando llegan, sus espacios no siempre están seguros y eso duele, porque contradice todo lo que decimos defender”.

El reclamo no quedó ahí. Al cierre de la sesión, García Oliveros volvió a fijar postura, ya no solo a su bancada, sino ante la mayoría de los legisladores que avalaron su remoción: “han puesto por encima sus intereses mezquinos y sus pactos cupulares. Qué incongruencia del que llega a la presidencia de la Comisión de Justicia mediante injusticias. A quienes orquestaron esto les digo, este es su día, celebren su pequeña victoria; pero esta no es mi derrota, es su descrédito”.

El conflicto interno no fue lo único que nubló la jornada para el Grupo Parlamentario de Morena. Ninguna de sus reservas a la Ley de Egresos fue aprobada. La mayoría de los legisladores guindas abandonó la sesión, dejando una imagen de desdén no solo frente al pleno, sino incluso hacia sus propios aliados.

Tras el reclamo del diputado Antonio Chaurand Sorzano por la “aplanadora” aplicada a sus reservas, los morenistas ya se retiraban, aparentemente olvidando que aún faltaba votar las reservas de la diputada del Partido del Trabajo, Carolina León Medina. Tuvieron que recular para respaldarla. Las únicas que permanecieron durante todo el proceso fueron María Eugenia García Oliveros y Maribel Aguilar González. El resto ni siquiera se quedó a defender sus propias propuestas de modificación.

Por cierto, el mismo reproche que el PAN lanza a nivel federal de que sus reservas y propuestas son bateadas sin discusión —con el que se rasgan las vestiduras— lo reproduce sin rubor en el ámbito local. Hipocresías del poder en todo su esplendor.

2.- Santa Rosa de Lima: un “cártel local” con alcance internacional

Que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), haya impuesto sanciones económicas al Cártel de Santa Rosa de Lima deja ver varias cosas. La más relevante: la organización criminal nacida en Guanajuato no solo sobrevive a los embates y la captura de su líder, sino que extendió sus tentáculos hasta territorio estadounidense, exhibiendo una capacidad operativa mayor a la que durante años se quiso reconocer.

En octubre, el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, dijo a periodistas guanajuatenses que el grupo se encontraba fragmentado y que esa disputa interna había elevado la violencia en algunas regiones del estado. Lo dicho por la OFAC no desmiente ese diagnóstico, pero sí lo matiza: aun fragmentado, el cártel conserva músculo suficiente para operar incluso a nivel internacional.

Las sanciones económicas, también a su líder, José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, implican que los bienes e intereses —o derechos sobre bienes— de personas vinculadas al cártel en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados. Lo mismo ocurrirá con las empresas en las que existan vínculos de participación de integrantes de esta organización criminal.

El anuncio de las sanciones sostiene, además, que el líder del grupo continúa operando desde prisión, algo que ya había sido señalado por García Harfuch y detectado por trabajos de inteligencia de autoridades de seguridad estatales. Esa operación ha derivado en la consolidación de alianzas con otros grupos criminales para hacer frente al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades estadounidenses también detallan los mecanismos mediante los cuales se introduce combustible ilegal a su país, aunque convenientemente omiten las complicidades del otro lado de la frontera: “a través de intermediarios mexicanos cómplices y, a menudo, se etiqueta erróneamente como aceite usado u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos”.

El gobierno mexicano respondió. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que la acción forma parte de la coordinación bilateral para debilitar estructuras criminales y que la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha realizado bloqueos de activos previamente, aunque sin detallar montos ni alcances.

Existen antecedentes de operaciones del cártel en Estados Unidos. En 2022, un sujeto vinculado a este grupo fue sentenciado tras comprobarse que usó “nombres falsos para transferir dinero a destinatarios en Guanajuato, México, en un esfuerzo por lavar las ganancias de su tráfico ilegal de drogas”, según informó entonces la DEA.

Las sanciones ahora impuestas dejan al descubierto que el grupo criminal que hace apenas unos años fue minimizado por algunas autoridades en el sexenio pasado, en realidad logró operar a escala internacional. No era un problema reducido a las fronteras de Guanajuato, como también se aparentaba desde el gobierno federal.

3.- Predial en disputa: Pemex vs. Ayuntamiento de Salamanca

Pemex adeuda 4.8 millones de pesos por concepto de impuesto predial de la mayoría de sus inmuebles sujetos a pago, y no hay señales de que exista disposición para cubrir ese adeudo.

Como hoy informa Periódico Correo, la paraestatal se inconformó ante el gobierno municipal por el cobro, apoyándose en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos (LEPEP), aprobada apenas en marzo de este año, que establece la exención de impuestos sobre la propiedad. El problema es que los adeudos de Pemex se arrastran desde 2023, a lo que se suman recargos.

Conviene recordar que dicha ley forma parte del paquete de leyes secundarias en materia energética, cuyo objetivo fue fortalecer a Pemex en medio de una crisis financiera que ha obligado a rescates continuos del gobierno federal por más de una década, sin que dé señales positivas. La reducción de su carga fiscal fue una de las principales vías de apoyo.

La pugna entre municipios y Pemex por el pago del predial no es nueva y varios casos han terminado en litigios. Desde la óptica municipal, el artículo 115 constitucional —al que ya han recurrido otros ayuntamientos— establece la obligación de las paraestatales de cubrir este impuesto.

Habrá que ver si la administración de César Prieto Gallardo opta por llevarlo al litigio, en un proceso que podría prolongarse por años y que no verá la resolución, o si busca un acuerdo con la paraestatal, que además no ha cumplido con las proyecciones de donaciones de asfalto para mejorar calles y caminos.

Basta observar el deterioro de las vialidades en Salamanca para dimensionar que, entre las deficiencias municipales y la falta de aportación de Pemex, la ciudad sigue pagando el costo, ahora en uno de sus principales ingresos.

Contra Retrato

Eusebio Vega Pérez

Se concretó la llegada de Eusebio Vega Pérez al Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba) para suplir a José Jesús Correa Ramírez, quien salió de la institución tras una serie de conflictos sindicales que terminaron por hacerlo insostenible en el cargo.

El llamado Nuevo Comienzo no parece tan nuevo cuando, ante la aparente escasez de talentos, se recurre al reciclaje de un funcionario que ya acumula más de dos décadas en la nómina del gobierno estatal, sin resultados destacados que expliquen o justifiquen que nuevamente se le dé juego.

Vega Pérez regresa al Inaeba luego de haber dejado el cargo en mayo de 2022, en el contexto de una reestructuración impulsada por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Aquella salida fue breve: casi de inmediato se le dio acomodo al frente del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato.

No parecen existir criterios claros para su designación actual más allá de su conocimiento interno del instituto, más bien inercias y redes de confianza política, pese a que en su salida se dio en medio de un desorden operativo que se venía acumulando.

Fue durante la Cuarta Sesión del Consejo Directivo del Inaeba que se tomó la decisión de designarlo, por ahora, como encargado de despacho. El secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, sostuvo que su nombramiento se da con “la confianza de que su experiencia y compromiso contribuirán a seguir consolidando la educación como motor de desarrollo para la gente”. Un Nuevo Comienzo acotado a viejas estructuras.