Las ADUANAS en MÉXICO es el nuevo campo de batalla COMERCIAL con EU Punto Por Punto

En agosto pasado, el último comunicado de Donald Trump referido al comercio con México hablaba de la “eliminación inmediata” de las barreras no arancelarias, es decir, diversos mecanismos que afectan a la importación y exportación de productos entre ambos países, y todos ellos pasan por las aduanas, un filtro cuestionado por el presidente estadounidense y que cobra, por tanto, prioridad en las políticas mexicanas. El director general de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez, está siendo investigado estos días por supuesto enriquecimiento ilícito calculado en 257 millones de pesos.

Pero no es la primera vez que las aduanas saltan al primer plano político. El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum viene detectando fraudes y abusos en estos filtros comerciales desde hace meses y eliminando algunas patentes otorgadas a las agencias aduanales que se encargan de revisar estos intercambios de mecancías. Como dijo Ebrard a finales del año pasado: “Se acabó la fiesta”.

• Se recuerda a menudo que México y Estados Unidos comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros de Matamoros a Tijuana y que eso les convierte a ambos en socios de preferencia, con un intercambio comercial de 800.000 dólares al año, pero también por esa frontera política entran y salen algunos de los mayores problemas para las relaciones binacionales, como el tráfico de armas y el de drogas, causantes de los altos índices de violencia.

Pausado temporalmente el asunto de los aranceles, nuevas amenazas se ciernen contra México derivadas de las exigencias del presidente Trump: las barreras no arancelarias se yerguen ahora como uno de los puntos de fricción y las aduanas son clave en ello.

Organismos internacionales, como la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, han denunciado extorsiones y amenazas contra estas personas por cuyas manos pasan las transacciones comerciales, pero también algunas de estas operaciones están lastradas por la corrupción. El Gobierno está revisando todo ello y la Cámara de Agentes Aduanales de México (Caaarem) ha propuesto al Ebrard algunas medidas para combatir el contrabando y el fraude.

• La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en la que trabajaba el investigado Alex Tonatiuh Márquez, depende de la Secretaría de Hacienda, pero Economía tiene áreas directamente implicadas y Ebrard está llevando la voz cantante en esta materia. El secretario ha recordado que ningún país puede revisar al completo todo lo que entra y sale por sus fronteras, por eso cobra importancia el buen hacer de las agencias y los agentes aduanales que han obtenido licencia para intermediar en estos intercambios.

Y también la dependencia de Márquez, que es la que analiza en primer lugar qué mercancías pueden ser objeto de riesgo para poner más ojos sobre ellas. México, por las dificultades de su frontera, revisa alrededor del 3% al 10% de los productos, porcentajes similares o superiores al resto de países. Para ello se necesita honradez e infraestructuras.

• A mediados del sexenio anterior se concedió a los militares el control completo de las aduanas. Siempre hubo apoyo de las fuerzas armadas, pero para tareas de seguridad, no administrativas, como ocurre en la actualidad.

“Eso ha hecho más complejo el trabajo, porque llegaron para aprender y desde hace tiempo se considera que las aduanas están atoradas, por el uso de las tecnologías, la digitalización de servicios y las operaciones diarias, a las que no contribuye la disciplina militar por falta de flexibilidad”, resume Jesús Carrillo, analista económico.

“En el lado de México hay pocos cruces, en Tijuana se están construyendo más. A la saturación de infraestructura se suma la capacidad institucional”, dice Carrillo. Y a todo ello, los fraudes y la corrupción. “El mal funcionamiento de las aduanas es también una barrera arancelaria y probablemente veremos hablar más de ello a Ebrard y quizá a la presidenta Claudia Sheinbaum”, añade el consultor.

• En efecto, porque los retrasos arancelarios son dinero que se va perdiendo, amén de que la seguridad es importante también para los estadounidenses, no solo por las drogas, sino por los medicamentos o la entrada en su país de hortalizas y ganado, por ejemplo.
• Trump tiene en el mejor control de estas “barreras no arancelarias” otra herramienta “para disminuir o aumentar el flujo comercial, lo mismo que con los aranceles”, sostiene Sergio Barajas, socio del área de Comercio Exterior y Aduanas de Basham, una firma de abogados especializada en la materia. Estados Unidos puede jugar mucho a su favor con esta herramienta, tanto para hacer más restrictiva algunas importaciones a su país como favorecer sus exportaciones a México.

“El hecho de que Trump haya volteado la mirada hacia estas regulaciones no arancelarias es otra opción para modular el flujo comercial”, añade. Barajas considera que la revisión de los agentes aduanales por parte del Gobierno mexicano “busca alianzas en el combate al fraude”.

• El socio de Basham explica que no se puede medir la eficacia contra el fraude a través de lo recaudado, porque el comercio internacional es muy dispar, cada año es diferente, en función de las necesidades, que unas veces son vacunas, por ejemplo, y otras, ganado.
• Pero sí es cierto que poner coto al fraude siempre es bueno para las arcas mexicanas. En la conferencia presidencial de este martes, Sheinbaum ha informado de que la recaudación en aduanas este año se ha incrementado “un 25% respecto a 2024, más de 130.000 millones de pesos”. Sobre el caso de Alex Tonatiuh Márquez solo ha dicho que está en manos de la Secretaría de Anticorrupción.

“Siento que hay mucho camino por recorrer todavía respecto a las aduanas, mucha tarea por hacer y la nueva ley aduanera próxima a discutirse podría ser una oportunidad”, dice Barajas. Carrillo considera, por su parte, que México “necesita mucha inversión en logística, desde aeropuertos a aduanas, eso supone un presupuesto para el que se podría contar también con el sector privado”, afirma.

A todo ello hay que sumar el toque de corneta que llega de nuevo de Estados Unidos, acicate como ninguno para combatir el fraude y para engrasar a fondo las vías de negociación. En el comercio con Estados Unidos hay todavía mucha materia pendiente, con la negociación del TMEC a la vuelta de la esquina.

Las rutas para evadir al fisco

El huachicol fiscal, o contrabando de combustible, ha cobrado protagonismo como uno de los boquetes más grandes por el que se fugan del fisco mexicano miles de millones de pesos. Es apenas una de las rutas para evadir el pago de impuestos detectadas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum que quiere poner coto a tres esquemas de evasión que golpean las arcas de un Estado mexicano ávido de recursos para sostener su apuesta económica. Todos aprovechan vacíos legales y fallas en el control para defraudar al erario.

Además del huachicol fiscal, está la facturación falsa y la subvaloración en aduanas, es decir, la declaración de un valor inferior al costo real de las mercancías importadas para pagar menos aranceles.

Esta tríada es responsable de pérdidas multimillonarias para el erario, de distorsionar los mercados y representa riesgos para la seguridad nacional, refiere un estudio legislativo elaborado desde la vicecoordinación de Morena en la Cámara de Diputados, que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar, cercano a Sheinbaum.

• Las cifras son significativas. Las pérdidas por el contrabando de combustible alcanzaron los 4.600 millones de dólares por evasión de IVA e IEPS, mientras que el agujero para Pemex y para la hacienda pública se ha calculado en unos 28,2 millones de dólares, solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, refiere el análisis del legislador. Las acciones para atajar esta fuga parecen ser insuficientes.
• El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado la apertura de 109 expedientes penales de enero a septiembre solo por fraudes y contrabando vinculados a estos esquemas. En esos casos, el perjuicio al fisco asciende a 22.843 millones de pesos.
• Otra de los puntos de escape de los recursos públicos se fragua desde la facturación falsa, a través de empresas fantasma creadas ex profeso para simular actividades económicas. Existen dos modalidades. Por un lado, las definidas como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) y las EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas). Ambas con el mismo fin.

La primera emite comprobantes por servicios inexistentes y las segundas son utilizadas para reducir sus obligaciones fiscales. Esta práctica comenzó a tomar cuerpo durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se identificaron unas 7.400 empresas, llamadas factureras. Esa cantidad se ha disparado en los últimos siete años y al cierre de 2022 se registraron más de 12.000 empresas que facturan operaciones simuladas, un crecimiento de 63% en cuatro años.

Las fichas vinculadas a estas prácticas se mueven en las altas esferas de la sociedad mexicana. El abogado Víctor Manuel Álvarez Puga es ejemplo de ello. El jurista es considerado por las autoridades mexicanas como el rey de las factureras y enfrenta un proceso de deportación desde Estados Unidos.

Tenía entre sus clientes a personajes influyentes, tanto de la política y la judicatura como del mundo empresarial y de la farándula, según han señalado fuentes del Gobierno federal. Se le acusa de un desfalco de 2.950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016. El Congreso ha venido avanzando en la última década para el combate de esta modalidad de defraudación fiscal, sin resultados definitivos.

Otros esquemas de huachicol fiscal

La subvaloración de mercancías en las aduanas, también llamado contrabando técnico, cierra la pinza de esta trama. En este frente, el informe menciona que tres productos en específico han jugado un papel protagónico: el azúcar, el camarón y el acero.

El contrabando de azúcar, según el análisis legislativo, es una de las formas más dañinas de defraudación que pega directamente en el mercado nacional. La mercancía ingresa al país de manera legal, pero toman ventaja de vacíos legales para evitar el pago de impuestos, aranceles y controles.

Los volúmenes y la periodicidad de las operaciones han generado preocupación en la industria cañera, un sector que contribuye al sostén económico de 15 Estados, 267 municipios y más de 180.000 pequeños y medianos productores y es fuente de medio millón de empleos directos.

También señala a las mezclas como una maniobra común: productos que en realidad contienen entre 95 % y 98 % de azúcar, y pequeñas cantidades de maltodextrina, harinas, cacao o carbón activado. Esto ha permitido reclasificar el producto en fracciones arancelarias sujetas a cobros considerablemente menores que los aplicables al azúcar de caña.

• Según datos oficiales, entre 2023 y 2024, ingresaron a México 272.000 toneladas bajo esta modalidad y la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera calcula que el volumen ilegal supera las 329.000 toneladas, lo que deriva en una evasión fiscal a 5.000 millones de pesos en el mismo periodo.

El problema para el sector azucarero no para ahí, ya que se suma el contrabando bronco, una práctica que consiste en el ingreso clandestino de azúcar sin pasar por aduana, además de la operación de ingenios irregulares detectados en Puebla, Oaxaca y Veracruz que producen cerca de 120.000 toneladas adicionales sin cumplir con obligaciones fiscales, laborales, ambientales o de seguridad social.

Las consecuencias de estos mecanismos tocan al TMEC, ha sostenido Ramírez Cuellar. La entrada de azúcar sin cubrir el arancel de 360 dólares por tonelada puede caer en el incumplimiento y pone en duda la permanencia del acceso preferencial de México al mercado estadounidense.

El camarón, por otro lado, se ha posicionado como la segunda fuga de importancia del contrabando técnico. El tráfico de este crustáceo incurre en evasión sanitaria, fiscal y aduanera. En las fronteras, apunta el informe legislativo, se permite la entrada de grandes volúmenes de producto extranjero saltándose la regulación vigente.

“Esta operación paralela altera el mercado nacional y afecta la viabilidad del sector acuícola, ya que coloca en desventaja a los productores que sí cumplen con las normas sanitarias, ambientales y laborales”, refiere el vicecoordinador. Tijuana, Cancún, Culiacán, Ciudad de México, Guadalajara, Tamaulipas y Nayarit son los puntos en donde se ha encontrado mercancía reempaquetada o con etiquetas falsas.

La fórmula más recurrente es la triangulación de camarón ecuatoriano a través de países de Centroamérica, con un volumen estimado entre 20.000 y 22.000 toneladas cada año. Los cruces fronterizos del norte como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros se suman a las rutas, además de las importaciones irregulares que vienen de India, China, Estados Unidos y Tailandia, sin cumplir con las normas sanitarias obligatorias, lo que refleja fallas de supervisión y posibles actos de colusión institucional.

El origen real del producto se ha maquillado con etiquetas falsas de Perú o Guatemala. En números, esta fuga le ha representado entre 2021 y 2022 al Estado mexicano la entrada ilegal de casi 36.000 toneladas valoradas en más de 6.000 millones de pesos. Eso, sin dejar de lado el desplazamiento de hasta el 80% del camarón cultivado en Sinaloa, lo que pone en riesgo la operación de más de 900 granjas y cerca de 20.000 empleos directos en un sector que aporta el 40% del camarón de cultivo del país y genera casi 100.000 empleos totales.

• El sector acerero cierra esta tríada. Se ha detectado el uso indebido de programas fiscales diseñados para fomentar la exportación. Específicamente, se tiene el registro de dos empresas fabricantes de acero que aprovecharon una ayuda al comercio exterior mexicano que permite a las empresas importar temporalmente mercancías libres de impuestos para ser utilizadas en procesos industriales o de servicios, para importar grandes volúmenes de insumos bajo el esquema de importaciones temporales, sin cubrir impuestos, pese a que el destino real de esos productos no correspondía a procesos de exportación. Esto ha llevado a la Secretaría de Economía a cancelar sus permisos.

“Es ejemplo de cómo estos instrumentos pueden ser utilizados para evadir obligaciones fiscales cuando no existe una supervisión efectiva”, se lee en el documento de análisis.

Las piezas legales que frenen estas prácticas han avanzado en el legislativo, incluido el recién aprobado muro arancelario a un puñado de países de Asia, con dedicatoria especial a China, que ha negado la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard. La vigilancia y supervisión constante en todos los sectores, al que se debe sumar la transparencia, son algunos de los ingredientes para el combate a la defraudación a gran escala que enfrenta el fisco. Un reto que tiene por delante la Administración de Sheinbaum.

Reforma aduanera impactará a agentes aduanales y empresas

La reforma a la Ley Aduanera aprobada en octubre por el Congreso de la Unión y que va a entrar en 2026 no solo tendrá repercusiones para los agentes aduanales, sino que también afectará a las empresas importadoras y exportadoras.

Así lo enfatizaron especialistas durante el panel “Ley Aduanera” realizado en el marco del Foro Nacional Fiscal 2025 de la Coparmex.

“La realidad es que las principales afectaciones que tenemos son para los operadores del comercio exterior, para nuestras empresas, para nuestra parte productiva, quien importa, quien exporta.”, declaró Cecilia Montaño, socia líder de comercio exterior de Deloitte.

• Explicó que si bien el agente aduanal va a tener mayores responsabilidades y un mayor involucramiento en las operaciones de comercio exterior, en realidad le va a pasar la carga de la prueba a cada usuario del comercio exterior.

“(Como empresa) voy a tener que dar una cantidad de verdad compleja y extensa de información a partir del primero de enero (de 2026). Entonces, las empresas habrán de transformar su forma de operar para poder hacer frente a toda esta avalancha de información para demostrar precisamente trazabilidad y materialidad”, explicó.

• Asimismo, resaltó que también habrá una repercusión económica para las empresas, pues los agentes aduanales les cobrarán más, además de que ante la mayor necesidad de control será necesario que las compañías tengan a más personal contratado para poder cubrir con los requerimientos de información.

A ello se agrega que las multas y sanciones igualmente incrementarán a niveles que “pueden provocar un daño sustancial” a una empresa exportadora o importadora.

“Esta cantidad de información y de controles que piden ahora las autoridades aduaneras habrán de traer consigo una nueva forma de operar que va a impactar en el dinamismo del comercio exterior”, declaró Montaño.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras, Georgina Estrada Aguirre, coincidió en que con la reforma aduanera, los operadores del comercio exterior tendrán que adaptarse a una nueva realidad en la que las mercancías que entren o salgan del país ya no sólo deben contar con pedimento aduanero.

“El pedimento ya no es la prueba plena de la operación, es un elemento más, pero necesitamos otros documentos que deben formar parte del expediente electrónico de comercio exterior: contratos, información, datos físicos, datos de origen, comprobantes de transferencia, información que defina fehacientemente la sustancia”, detalló.

Apenas se revisan el 10% de los contenedores en puertos

Mientras que en su intervención durante el panel, el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Manzanillo, Oscar Benavides Carrillo, aseguró que actualmente se tiene un problema pues no hay suficiente capacidad física para que se revisen todas las mercancías que entran al país.

• Relató que, a partir de su experiencia en Manzanillo, únicamente se revisan el 10% de los contenedores que entran a los puertos de México.

“No hay capacidad física para revisar el 100% de los contenedores. Si nosotros hiciéramos una revisión al 100% de los contenedores, en 15 días, según información de las torres terminales, saturaríamos no solo el puerto de Manzanillo, sino también el de Lázaro Cárdenas, el de Veracruz”, aseguró./Agencias-PUNTOporPUNTO