México acepta responsabilidad por vulneración de derechos de Ernestina Ascencio Editorial Aristegui Noticias
El Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó este martes la sentencia del caso de Ernestina Ascencio, de la sierra de Zongolica de Veracruz, quien fue víctima de violación sexual en 2007.
Durante una audiencia celebrada este 16 de noviembre el tribunal internacional concluyó que Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual y graves lesiones en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz. La Corte determinó que los hechos fueron perpetrados por integrantes del Ejército mexicano y que la agresión constituyó un acto de tortura.
El Gobierno de México aceptó durante la audiencia su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados, de acuerdo con un comunicado difundido por la Secretaría de Relaci0nes Exteriores.
También el gobierno aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de sus familiares; así como el derecho a la integridad personal de sus familiares.
El gobierno mexicano aseveró que la posición del Estado mexicano es siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición, por lo que se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de la sentencia.
El Estado mexicano reafirmó en el comunicado su compromiso contra la violencia hacia las mujeres y por la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio fue víctima de violación y ataques perpetrados por miembros del Ejército, según constató la CIDH en la sentencia, un año después de la militarización iniciada durante la administración del presidente Felipe Calderón.
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Un día después, es decir, el 26 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio falleció en el Hospital Regional de Río Blanco sin haber sido intervenida quirúrgicamente. El tribunal internacional señaló al gobierno de México como responsable debido a que en el nosocomio no contaba con intérpretes de lengua náhuatl, lo que impidió una adecuada comunicación entre la víctima, sus familiares y el personal médico. En ese sentido, la Corte determinó que México violó el derecho a la salud de la señora Ascencio Rosario, en un contexto marcado por barreras lingüísticas y culturales.
