Caso Ernestina: fue el Estado Libertadbajopalabra.com

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio.

Algo sabía, o presentía el senador Manuel Huerta. No fue gratuita su insistencia en que se legislara en Veracruz sobre la revocación de mandato. Hoy podemos constatar que la opinión de los veracruzanos no le favorece a la actual gobernadora, Rocío Nahle y, de confirmarse la figura jurídica de la revocación, saldría muy mal parada. *** Es, en efecto, una encuesta la que señala que Rocío Nahle no tiene la aceptación de los veracruzanos, y también es cierto que la “fotografía de hoy” no sería la misma que pudiéramos ver en una consulta popular, pero esta medición (Arias Consultores) muestra que el desgaste de la mandataria estatal es de la misma proporción -quizá mayor- de las expectativas que generó con su triunfo en el 2024. *** Esta medición explica, además, la resistencia que ha presentado la propia gobernadora (“es muy temprano para la temporada de zopilotes, yo vine a Veracruz por 6 años”) y, en consecuencia, la lentitud con la que ha atendido el Congreso de Veracruz el reclamo social de que se legisle para incorporar la consulta popular para la revocación de mandato. *** Incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y ordenó que se expida la ley. *** A un año de que asumió la gubernatura, ¿está dispuesta Rocío Nahle a someterse a la voluntad de los veracruzanos?

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Luego de casi dos décadas de que ocurrieron los hechos, un tribunal internacional emitió sentencia. Los gobiernos federal y estatal de aquel entonces (Felipe Calderón y Fidel Herrera encubrieron a los militares que participaron en el ataque y muerte de Ernestina Ascencio.

Este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario —mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años—, cometidas en 2007 por miembros del Ejército.

Esa fue la conclusión del caso “Ascencio Rosario y otros contra México”, en el que el Tribunal estableció que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura y que, junto con la falta de atención médica oportuna y adecuada, causó su muerte.

La Corte concluyó que el Estado mexicano incumplió su deber de investigar los hechos con debida diligencia reforzada y de garantizar el acceso a la justicia para los hijos de la víctima.

La CIDH (organismo internacional al que está adherido México y que, por tanto, deberá acatar el fallo) ordena al Estado mexicano implementar diversas medidas de reparación, entre ellas una investigación penal exhaustiva para identificar, procesar y sancionar a los responsables; atención médica, psicológica y psiquiátrica para los familiares; un acto público de reconocimiento de responsabilidad; programas de formación para funcionarios públicos; el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y de justicia.

En un comunicado la CIDH informó que se constató que Ernestina Ascencio Rosario, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, en la sierra de Zongolica, “fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”.

Un día antes de los hechos, un campamento militar había sido instalado en las cercanías de su vivienda como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico.

El Tribunal determinó que la agresión sexual fue intencional, causó “severos sufrimientos físicos y mentales” y se cometió “con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima”, por lo que configuró un acto de tortura.

La Corte también documentó que, tras la agresión, la señora Ernestina fue trasladada por sus familiares -en un recorrido que duró cerca de 10 horas- hasta el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 de la mañana del 26 de febrero de 2007, antes de ser intervenida quirúrgicamente.

La Corte concluyó que la investigación ministerial iniciada a partir de esos hechos no cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres. No fue conducida con un enfoque de interseccionalidad, particularmente relevante por tratarse de “una mujer indígena mayor en un contexto de militarización”, y no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria (relativo a la edad).

Además, la investigación fue cerrada de forma prematura, sin agotar las líneas de investigación.

El Tribunal también determinó que los familiares de Ernestina Ascencio enfrentaron barreras en el acceso efectivo a la justicia derivadas de su condición de personas indígenas monolingües, y que fueron objeto de presiones e intimidaciones para desistir de su búsqueda de justicia. Por ello, consideró vulnerados sus derechos a la verdad y a la integridad personal.

Bien lo decía el escritor francés Jean de la Bruyere: “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”.

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Epílogo.

Era un símbolo para los productores oriundos del municipio de Álamo Temapache. La obra “El Colotero”, del escultor pozarricense Miguel Ángel Vargas, de más de 15 metros de altura, se desplomó este martes, como consecuencia de las intensas lluvias y de daños estructurales que ya habían sido detectados. *** La gobernadora Rocío Nahle anunció que se habrá de construir una réplica: “El Colotero es una obra emblemática del municipio de Álamo, Veracruz conocido como la capital de la naranja. Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó. Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño del maestro Vargas”, publicó en sus redes sociales. *** El relevo en la dirigencia estatal del PRI es inminente. Ya fue publicada la convocatoria y pronto se habrán de conocer los aspirantes. La resolución se conocerá el 16 de enero. *** Lo que se sabe es que la trinca Adolfo-Lorena-Meade está trabajando para “armar el tamal”, lo que ya generó descontento entre la militancia. Hay actores políticos con mayor peso y más méritos.