Los registros telefónicos en el mundo son poco efectivos contra el crimen Expansión

Todas las líneas telefónicas de México deberán estar identificadas con una persona física o moral a partir del 9 de enero, medida anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como una forma de eliminar el anonimato en el servicio de telefonía. El objetivo de la medida es “vincular, a partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica a una persona física o moral, eliminando el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos”.

Sin embargo, la experiencia internacional muestra que esto puede no ser cierto.

Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40% y el de secuestro, 8%, de acuerdo con R3D. Colombia comenzó a implementar un registro del IMEI operado por las empresas telefónicas y el regulador de telecomunicaciones en ese país en 2011. Desde entonces, las cifras oficiales indican que el robo de dispositivos móviles se disparó y anualmente se denuncia un millón de hurtos de celulares. Perú también cuenta con un registro de líneas telefónicas móviles, pero también ha sido infructuoso en detener los delitos asociados a través de la obligatoriedad del registro. De acuerdo con GSMA, los países que obligan a la inscripción de teléfonos celulares se dividen en tres grupos. En el primer grupo, en el que se encuentran el 80% de los países, las compañías telefónicas están obligadas a capturar y almacenar la información de personas. Un segundo grupo, que incluye a un 13%, mandata a las empresas a validar la información con una base de datos centralizada a través de “tokens” u otros mecanismos celulares. En un último grupo, que solo comprende al 7% de los países, las compañías deben capturar y compartir la información con las autoridades nacionales. En esta lista se encuentra la mayor parte de África, pero también Italia y Tailandia.

Solo 17 países en el mundo exigen algún tipo de identificación biométrica para la compra de una tarjeta SIM. Entre los países que realizan este tipo de prácticas están China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, todos en el fondo de los rankings internacionales de libertad de prensa y democracia. En México, de acuerdo con los lineamientos, “cada proveedor u operador móvil llevará su propia plataforma, y ellos tienen que registrar la relación entre línea y CURP”, explicó Flores, por lo que podría inscribirse en el primer grupo. Sin embargo, otras leyes aprobadas por el Congreso pueden permitir al gobierno acceder a los datos de los usuarios con cierta facilidad. “Ya ese número de identificación con otras leyes aprobadas en el mismo periodo legislativo, en el mismo periodo extraordinario, ya se pueden conectar, digamos, por ejemplo, tener la clave alfanumérica de la CURP a través de la plataforma de identidad con los datos biométricos de la persona, a través de la plataforma de identidad”, explicó el director interino de R3D, quien asegura que no hay una experiencia análoga en el mundo. Otros efectos negativos de este registro pueden ser el aislamiento de las personas más marginadas en la sociedad, ya que los servicios de telefonía celular son una forma cada vez más común para acceder a servicios financieros o servicios públicos. “Por ejemplo, las personas en situación de tránsito o de migración en el país, muchas veces no tienen documentos. Son personas que carecen de documentos de identidad”, dice Flores. Los lineamientos exigen a los migrantes que registren teléfonos y presenten algún documento de identidad. De caso contrario, sus líneas telefónicas solo serán útiles para llamar a números de emergencias. “Y esto es muy grave porque está muy documentado que las personas migrantes necesitan de una manera en la que prácticamente su vida depende de ello mantenerse comunicadas a través del acceso a líneas telefónicas y el acceso a internet”, indica el especialista.