Condenada a doce años de prisión en Túnez la opositora Abir Musi por "una agresión destinada a sembrar el caos" Infobae
Durante la audiencia celebrada en la sala penal del tribunal de primera instancia de Túnez, la presencia de Abir Musi bajo custodia marcó un punto clave en el desarrollo del proceso judicial conocido como el caso "Oficina del Orden". Según informó la agencia de noticias tunecina TAP, el tribunal condenó a Musi, dirigente del opositor Partido Desturiano Libre, a doce años de prisión por una acusación de "agresión destinada a sembrar el caos". Esta decisión judicial representa uno de los fallos más contundentes en los últimos meses contra figuras de la oposición política en el país africano.
El medio TAP detalló que la sentencia fue dictada después de que Musi compareciera ante el tribunal debido a su detención en octubre de 2023. La investigación se centró en los hechos ocurridos cuando la dirigente intentó presentar una solicitud en la oficina de registro de la Presidencia de Túnez, solicitando impugnar los decretos relacionados con la convocatoria de electores para las elecciones municipales. En esa ocasión, según fuentes mencionadas por TAP, Musi insistió en ejercer su derecho a registrar la documentación para expresar desacuerdo con las decisiones oficiales, pero las autoridades denegaron el trámite. La Fiscalía luego ordenó su arresto, dando inicio al proceso legal que culminó con la condena de este viernes.
Además de la líder del partido, otra integrante relevante del Partido Desturiano Libre, Mariem Sasi, recibió una pena de dos años de prisión, según reportaron fuentes judiciales a la agencia TAP. Sasi ocupa un puesto en el buró político de la formación y su condena se relaciona con los mismos hechos investigados en el caso judicial que involucró a Musi.
La trayectoria política de Abir Musi ha estado marcada por la actividad opositora y su defensa de posturas críticas frente al gobierno de Túnez. Desde 2016 la dirigente ejerce la presidencia del Partido Desturiano Libre, identificado con sectores de extrema derecha y conformado por exmiembros de la antigua Agrupación Constitucional Democrática (RDC). Dicha formación política estuvo liderada por Zine el Abidine ben Alí hasta la "Primavera Árabe" de 2011, cuando el mandatario huyó a Arabia Saudí tras el estallido de las protestas prodemocráticas.
Según publicó TAP, Musi no solo fue un referente en la defensa legal de la RDC durante el proceso que llevó a la disolución del partido luego de la salida de Ben Alí, sino que también lideró la recuperación política de parte de sus antiguos cuadros a través del Partido Desturiano Libre. Posteriormente, tras las elecciones de 2019, la dirigente resultó electa como miembro del Parlamento instaurado ese año. Sin embargo, en 2021 ese órgano fue suspendido y posteriormente disuelto por el presidente tunecino, Kais Saied, quien asumió todas las competencias ejecutivas y legislativas tras la disolución del Gobierno.
En el contexto institucional posterior a la concentración de poder en manos de Saied, han aumentado los procesos judiciales y medidas restrictivas contra figuras de la oposición y sectores críticos. El Partido Desturiano Libre, al que pertenecen tanto Musi como Sasi, se posicionó como una de las agrupaciones más críticas frente a las decisiones del Ejecutivo, según el seguimiento realizado por la agencia TAP. Los episodios que derivaron en el arresto y posterior condena de su presidenta han sido considerados de alto impacto en el escenario político tunecino, debido a la carga simbólica que implicó la insistencia de la dirigente en presentar una denuncia formal ante las máximas autoridades.
El caso judicial que motivó las sentencias contra Musi y Sasi se origina, por tanto, en el accionar de quienes se oponen a las directrices del gobierno en relación a los procesos electorales y la gestión de los poderes públicos. TAP detalló que estas acciones han llevado a que instancias judiciales interpreten dichas iniciativas como intentos de desestabilización institucional, bajo cargos de promover el caos.
La decisión del tribunal reflejó la creciente tensión entre las autoridades y los principales referentes opositores, en particular aquellos vinculados a estructuras políticas previas a las movilizaciones que desembocaron en la Revolución tunecina de 2011. El medio también puntualizó que la sentencia a Musi se produce en un contexto donde persisten las disputas por la legalidad y legitimidad de los decretos emitidos por el Ejecutivo para regular la convocatoria y organización de elecciones, generando controversia entre los sectores políticos y la ciudadanía.
La situación de Abir Musi y Mariem Sasi permanece sujeta a futuras apelaciones o recursos judiciales, mientras la coyuntura política en Túnez continúa marcada por los procesos penales contra miembros de la oposición, así como por la reconfiguración del sistema político nacional tras la consolidación de poderes en la figura presidencial.
