FGR sostiene que Duarte sobornó con 10 mdp a María Eugenia Campos: Reforma Editorial Aristegui Noticias
Durante la audiencia de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber sobornado con 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos Galván, y que dicha relación de complicidad habría influido para que la justicia estatal le concediera la libertad provisional en junio de 2024.
Así lo dio a conocer esta mañana el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, donde detalla que el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, argumentó la existencia de un riesgo real de fuga del exmandatario priista debido a que presuntamente cuenta con una red de cómplices en Chihuahua, entre los que incluyó a la actual gobernadora.
Por lo tanto, la jueza María Jazmín Ambriz López dictó a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Adicionalmente, la FGR sostuvo que el respaldo institucional a Duarte podía comprobarse en la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a proporcionar información sobre los bienes del exgobernador en el marco de una investigación, bajo el argumento del llamado “secreto profesional”.
Foto: Archivo Reuters
De acuerdo con versiones periodísticas, la jueza decretó un receso en torno a la medianoche del domingo, tras una audiencia de 11 horas en la que se desahogaron 100 pruebas.
La audiencia será retomada a las 9:00 de la mañana y se prevé en ese momento la juzgadora dé a conocer su decisión sobre si vincula o no a proceso al exgobernador, acusado de la comisión como coautor del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Las imputaciones derivan de operaciones realizadas durante su gestión al frente del estado (2010–2016).
La FGR le atribuye el lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos en el sistema financiero, recursos que habrían sido canalizados a varias empresas ganaderas en las que Duarte era accionista mayoritario y en las que también habría participado su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Duarte fue detenido el lunes 8 de diciembre en Chihuahua mientras circulaba por la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al penal federal del Altiplano.
Foto: Archivo Cuartoscuro
La jueza de control María Jazmín Ambriz López negó la solicitud de la defensa de invalidar la orden de aprehensión, emitida en mayo de 2024. El planteamiento de la defensa señalaba la existencia de un amparo que supuestamente impedía la detención y nulidades en la orden, pero fue desechado por referirse a causas penales distintas, una federal y otra estatal.
Según la FGR, los recursos habrían salido de la Secretaría de Hacienda estatal y se habrían movido mediante empresas vinculadas con Duarte. La Fiscalía tenía previsto presentar alrededor de 100 datos de prueba, incluyendo vínculos con familiares y otras empresas.
Duarte es señalado en el ámbito federal como coautor de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, actuando de manera dolosa, mientras que la causa estatal continúa por peculado.
El exgobernador de Chihuahua y actual senador morenista, Javier Corral Jurado, aseguró en Aristegui en Vivo, que la reciente detención Duarte puso fin a una etapa de impunidad que, según él, fue facilitada por la actual gobernadora María Eugenia Campos.
Detalló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua bajo la administración de Campos no movió ninguna de las 20 órdenes de aprehensión existentes contra Duarte, que suman alrededor de 6,000 millones de pesos; la nómina secreta representa 1,048 millones, la operación Safiro 500 millones, y otros casos entre 400 y 300 millones de pesos.
El exgobernador de Chihuahua aseguró además que Campos y otros funcionarios de su administración formaron parte de la nómina secreta de Duarte, recibiendo pagos subrepticios durante su gestión como diputada local. Entre los beneficiarios se encontraban políticos, empresarios, líderes religiosos y periodistas.
