El operador silencioso del nuevo poder Sol Yucatán

• Patricio Arrigunaga Ancona un hombre cuya huella está presente en los folios del Registro Público, en los litigios mercantiles y en los contratos privados que moldean silenciosamente el norte, poniente y costa de Yucatán.

• Cuenta con un portafolio inmobiliario con más de 33 millones de pesos, que triplicará en unos meses con el apoyo de su socio, Dafne López Martínez

• Es parte del grupo que levantó el Orión Business Hub, uno de los complejos de oficinas más ambiciosos del estado: más de 16,500 metros cuadrados de construcción, una inversión privada que superó los 400 millones de pesos

Redacción/Sol Yucatán

Patricio Eduardo Arrigunaga Ancona es uno de los personajes más sigilosos —y más estratégicos— del nuevo mapa inmobiliario de Yucatán. Un hombre cuya huella está presente en los folios del Registro Público, en los litigios mercantiles y en los contratos privados que moldean silenciosamente el norte, poniente y costa del estado de Yucatán.

Arrigunaga ha construido un portafolio inmobiliario cuyo valor actual alcanza hasta 43 millones de pesos. No hablamos de casas de interés medio ni de parcelas de ocasión. Estamos frente a un patrimonio compuesto por una casa de más de 800 metros cuadrados en la zona habitacional de mayor tradición en Mérida, un predio estratégico en Dzityá —punto de tensión entre la vida rural y la expansión residencial— y, sobre todo, 5.48 hectáreas en Sierra Papacal, el corredor más codiciado del boom inmobiliario y de oficinas del norte de Yucatán.

Esta última pieza, valuada hoy en 33 millones de pesos, revela el verdadero peso de Arrigunaga: Sierra Papacal está en la ruta natural de expansión del Country, del corredor Progreso–Chicxulub y de los desarrollos de lujo. No cualquiera compra allí 54 mil metros cuadrados en un solo movimiento. Se trata de tierra que cambia de precio no por metro, sino por minuto.

Pero Patricio no es un simple propietario. Es parte del grupo que levantó el Orión Business Hub, uno de los complejos de oficinas más ambiciosos del estado: más de 16,500 metros cuadrados de construcción, una inversión privada que superó los 400 millones de pesos y una alineación de socios donde figuran apellidos de peso en desarrollos corporativos: Carrillo Campos, González Prieto, Oliver Mack, Acevedo Macari… y, discretamente, Arrigunaga Ancona. No aparece como protagonista ante las cámaras, pero sí en las estructuras jurídicas, en las escrituras, en las asambleas y en los permisos.

Es parte del músculo que está transformando el norte de Mérida en una ciudad de vidrio, acero y fraccionamientos boutique.

Esa participación lo coloca en la mesa donde se decide qué se construye, quién construye y hacia dónde se mueve la burbuja inmobiliaria. Y es precisamente en ese punto donde su nombre conecta con otro actor que opera entre sombras: Dafne David López Martínez, el hoy coordinador de asesores del gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

El empresario está dentro de la presunta red de empresarios y operadores que, bajo el paraguas político de Dafne David López, articulan negocios inmobiliarios, financieros y de tierra. Patricio Arrigunaga aparece no como un mero inversionista, sino como pieza integrante del círculo duro, junto a otros personajes que ya han sido señalados por tráfico de tierras, empresas fachada y triangulación de proyectos inmobiliarios.

Las acusaciones no han derivado —hasta ahora— en sentencias penales, pero su repetición en distintas investigaciones lo coloca dentro de un patrón inquietante: el del empresario que aparece en todas las operaciones clave, en todos los juicios mercantiles delicados, en todos los movimientos corporativos significativos, pero que nunca se exhibe públicamente. Ese tipo de perfil no se improvisa: se construye y se cultiva.

El historial judicial de Arrigunaga confirma ese rol. Su nombre figura como apoderado en juicios mercantiles, demandas de cobro, litigios hipotecarios y ejecuciones. Representa sociedades de arrendamiento financiero, empresas que reclaman activos y estructuras que muchas veces operan al margen de los circuitos formales del desarrollo. Su presencia en las cortes está lejos del azar: quien litiga a ese nivel no es un comerciante común, sino un operador sofisticado acostumbrado a mover dinero, propiedades y contratos con precisión quirúrgica.

La triangulación entre su papel en Orión Business Hub, su peso en el corredor Sierra Papacal–Dzityá y su cercanía empresarial a la red que orbitaba alrededor de Dafne López plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante un empresario que creció por mérito propio o ante un operador clave del poder inmobiliario emergente, ese que actúa mientras el discurso oficial habla de bienestar y transparencia?

A diferencia de otros magnates visibles, Arrigunaga no presume sus inversiones. No aparece en los desayunos de cámara, no encabeza cámaras de construcción, no impulsa conferencias ni ruedas de prensa.

Él opera desde la sombra, donde se toman las decisiones de verdad: en las notarías, en las juntas de asamblea, en los litigios y en los cambios silenciosos de uso de suelo. Lo que sí deja ver es un patrón claro: ingresa a territorios estratégicos antes de que exploten en valor. Eso no lo hace un comerciante: lo hace alguien con información privilegiada, acceso a planos que el público no ve y relaciones que no se anuncian.

Y todo esto mientras recibe en donación una casa de 830 metros cuadrados en la Benito Juárez, adquiere tierra en Dzityá —territorio caliente para desarrolladores— y compra hectáreas completas en Sierra Papacal. Su patrimonio, tomando los valores más altos de mercado, rebasa los 43 millones de pesos. Y eso solo con lo que está plenamente documentado en el Registro Público. Nada garantiza que ahí termine la lista.

En un estado donde el boom inmobiliario es el verdadero gobierno invisible, los nombres que se mantienen fuera del reflector suelen ser los más peligrosos. Y Patricio Eduardo Arrigunaga Ancona no es la excepción: es el ejemplo perfecto del personaje que, sin cargo público, sin discurso político y sin exposición mediática, está sentado sobre tierras, edificios y relaciones que lo convierten en un actor central del nuevo orden económico de Yucatán.

El poder real en este estado no siempre está en el Palacio de Gobierno. A veces está en una oficina de notario, en un acta de asamblea o en un expediente mercantil. Y ahí, entre hojas que pocos leen, el nombre de Arrigunaga se repite como la firma de alguien que entendió antes que nadie dónde estaría el dinero del futuro… y quién se lo repartiría.

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