Alejandro Lyons reveló detalles en juicio por el ‘Cartel de la Hemofilia’ en Córdoba: declaró desde la cárcel La Picota Infobae
El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus rindió declaración dentro del proceso judicial que se adelanta por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a pacientes con hemofilia, un caso que investiga un millonario desvío de dineros del sistema de salud departamental y que involucra a exfuncionarios y particulares.
El exmandatario, condenado por la Corte Suprema de Justicia, compareció en calidad de testigo clave en el juicio oral que se sigue contra el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, y el médico Juan David Náder, señalados de participar en el denominado “Cartel de la Hemofilia”, un escándalo de corrupción por el cual, según las autoridades, se habrían desviado más de $50.000 millones de recursos públicos.
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Lyons declaró desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde permanece recluido, y respondió durante cerca de tres horas al interrogatorio realizado el viernes 12 de diciembre, en medio del proceso penal que adelanta la justicia. Durante su testimonio, el exgobernador reiteró haber recibido pagos ilegales relacionados con la facturación de tratamientos médicos y explicó el funcionamiento administrativo que, según dijo, permitió que se concretaran los desembolsos cuestionados.
En su intervención inicial, Lyons ratificó que por cada facturación asociada a tratamientos de hemofilia recibía una comisión del 10%, lo que, de acuerdo con su declaración, representó un recaudo total de $4.000 millones. Indicó que esos recursos fueron compartidos con el exsenador Musa Besaile, a quien señaló como la persona que lo apoyó para llegar a la Gobernación de Córdoba en 2012.
Pagos, comisiones y acuerdos políticos
Durante el interrogatorio, Lyons explicó la forma en que se habría distribuido el dinero proveniente de las comisiones ilegales. “Dividí mitad y mitad con el señor Musa Besaile porque tenía un acuerdo en ese sentido. Musa Besaile fue la persona que me ayudó a llegar a la Gobernación del departamento de Córdoba. El acuerdo era que, todo lo que recibiera por concepto de la Gobernación, era para él y para mí. Desde la primera vez que me pagaron, sabía que eran recursos provenientes de las cuentas de hemofilia”, afirmó.
El exgobernador también detalló el mecanismo mediante el cual se efectuaban los pagos. “Por todas las resoluciones que se le pagaron a Unidos por su Bienestar, esa empresa dio con destino a mi socio y a mí el pago del valor del 10% que salía. No me lo entregaban personalmente, sino a través de un amigo: Sami Spath”, señaló ante el estrado judicial.
En relación con Guillermo Pérez Ardila, exrepresentante legal de la IPS Unidos por su Bienestar y condenado por estos hechos, Lyons indicó que su vinculación con la administración departamental se dio por recomendación de un amigo. Sobre las irregularidades detectadas posteriormente, manifestó: “nosotros no teníamos conocimiento de lo que develaron las investigaciones, que este señor había falsificado documentos y había pacientes que, efectivamente, se les prestaba el servicio y pacientes que existían, pero no se les prestaba el servicio”.
Lyons agregó que aceptó su responsabilidad por haber recibido dinero indebido. “Yo acepté la responsabilidad por recibir una comisión del pago de una prestación de servicio médico que tenía conocimiento que se realizaba”, expresó durante su declaración.
Trámite administrativo y filtros de autorización
En otro apartado de su testimonio, el exmandatario describió el procedimiento administrativo que, según dijo, debía seguirse para autorizar los pagos por servicios médicos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). “Voy a ser honesto, si los funcionarios que participaban en ese trámite hubieran actuado en el ejercicio de sus funciones, esto no hubiera ocurrido, porque eso tenía tres o cuatro filtros”, indicó.
Detalló que el proceso comenzaba con la recepción de solicitudes de autorización por parte de las IPS, acompañadas de la negación del servicio por la EPS correspondiente. Posteriormente, los documentos pasaban por un comité interdisciplinario encargado de revisar las historias clínicas y verificar la existencia de los pacientes. “Luego de eso, en el caso de hemofilia, lo que se compraba era el medicamento”, precisó Lyons.
Según su declaración, tras ese trámite “exhaustivo”, la documentación llegaba finalmente al jefe de la dependencia, es decir, al secretario de Salud del departamento. En ese contexto, se refirió a la resolución por la cual es investigado Edwin Preciado Lorduy y señaló que en 2015 se autorizaron pagos por montos menores frente a los años anteriores, aunque confirmó haber recibido comisión por esos desembolsos.
Continuidad del proceso
La audiencia de juicio oral continuará el 13 de febrero de 2026, con el interrogatorio de tres testigos adicionales presentados por la defensa. En este proceso, la Fiscalía sostiene que Edwin Preciado Lorduy habría expedido una resolución que no reflejaba la realidad de los pacientes con hemofilia, lo que permitió el pago de más de $3.174 millones a la IPS Unidos por su Bienestar en marzo de 2015, con base en documentos que habrían sido falsificados.
Por estos hechos, el exsecretario de Salud es procesado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción, cargos frente a los cuales ha reiterado su inocencia.
