La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez Infobae
Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han conducido a registros simultáneos en Madrid, Sevilla y Zaragoza, dirigidos a empresas relacionadas con Servinabar. Esta mercantil, según las pesquisas de la UCO, mantiene vínculos con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los registros se han producido apenas unas horas después de que Antxon Alonso, socio de Cerdán, fuera arrestado junto a otras personas, y ahora los detenidos quedarán bajo responsabilidad de la Audiencia Nacional, donde en las próximas horas se decidirá su situación procesal.
De acuerdo con información de Europa Press, la jornada central de esta operación fue el miércoles, cuando los agentes detuvieron a Antxon Alonso, así como a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. A estas detenciones se sumaron este jueves los registros en sedes empresariales vinculadas a Servinabar, una sociedad que aparece en el centro de la investigación por supuestas irregularidades en contrataciones públicas.
La investigación ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y permanece bajo secreto de sumario. Europa Press detalló que la causa tramita en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, a cargo del magistrado Antonio Piña. El procedimiento judicial determinará en las próximas horas si los detenidos ingresan en prisión provisional o quedan en libertad, ya sea bajo medidas cautelares o sin ellas. La ley establece un plazo máximo de 72 horas para que una persona detenida comparezca ante la autoridad judicial, por lo que se prevé que Alonso, Díez y Fernández sean presentados entre este jueves y el sábado ante la Audiencia Nacional.
Según publicó Europa Press, en esta nueva fase de la operación, a pesar de la realización de registros en tres ciudades, no se prevén más detenciones. El foco de los agentes continúa siendo el esclarecimiento de contratos presuntamente irregulares que habrían beneficiado a Servinabar y, por extensión, a personas vinculadas profesional y políticamente con Cerdán. El operativo se enmarca en una investigación más amplia que explora el origen y la trazabilidad de acusaciones de corrupción en el ámbito de las contrataciones públicas.
El medio también detalló que la actuación de los agentes se realiza por orden judicial y responde a las diligencias instruidas bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción, organismo que ha estado recopilando información sobre los procedimiento y acuerdos gestionados por las personas hoy arrestadas, así como sobre las sociedades mercantiles involucradas.
El arresto de Antxon Alonso representa un punto relevante en la investigación, dadas sus conexiones empresariales con Santos Cerdán, que fue secretario de Organización del PSOE. Luis Díez, exmilitante socialista, y Vicente Fernández, antiguo responsable de la SEPI, forman parte del núcleo de personas bajo sospecha por las presuntas irregularidades.
Los registros ejecutados en Madrid, Sevilla y Zaragoza, según consignó Europa Press, forman parte de la misma causa y buscan recabar documentos y evidencias sobre la posible comisión de delitos relacionados con el manejo de fondos y la adjudicación de contratos públicos.
Distintas fuentes de la investigación confirmaron al citado medio que la operación no está cerrada y que la recolección de pruebas continuará bajo la dirección de la UCO y el respaldo del Juzgado Central de Instrucción Número 6. De momento, la identidad de otros potenciales investigados y la extensión de la trama permanecen protegidas por el secreto de sumario decretado por el juez Antonio Piña.
Todo este procedimiento judicial y policial se da en un contexto de creciente vigilancia sobre los procesos de adjudicación en el sector público y el cumplimiento de las normas de transparencia. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO han coordinado sus esfuerzos a fin de asegurar que las actuaciones se realicen conforme a derecho y bajo la tutela del órgano judicial competente.
A la espera de nuevas resoluciones, los arrestados aguardan su comparecencia ante la Audiencia Nacional, donde se dilucidará si serán privados de libertad o afrontarán el proceso en libertad, bajo las condiciones que determine el juez instructor de la causa, según reportó Europa Press.
