El decreto que tiene en jaque a Airbnb en Colombia podría desaparecer miles de alojamientos turísticos, según empresarios Infobae
La discusión sobre el futuro de las rentas cortas volvió a instalarse con fuerza en el sector turístico colombiano, esta vez impulsada por un proyecto normativo que, según empresarios y operadores, podría alterar de manera profunda el funcionamiento de plataformas como Airbnb y la oferta de vivienda turística no hotelera en el país.
El detonante fue la publicación de un borrador de decreto por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que plantea un endurecimiento de las reglas para todos los actores vinculados a la actividad. La propuesta establece, entre otros puntos, que las plataformas digitales de alojamiento deberán contar con Registro Nacional de Turismo (RNT), que todos los propietarios de viviendas turísticas no hoteleras estén formalmente inscritos en ese registro y que se ponga en marcha el Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (Svcrnt), con el apoyo de las Cámaras de Comercio y otras autoridades, para validar la documentación de los alojamientos.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Aunque desde el Gobierno se presenta como una estrategia de control y ordenamiento, los empresarios del sector advierten que el impacto podría ser drástico. A su juicio, el nuevo marco regulatorio pondría en riesgo la continuidad de la mayoría de los alojamientos ofrecidos bajo el modelo de rentas cortas. “Las consecuencias serían la desaparición de más de 95% del inventario de propiedades de Airbnb. Esto pone en riesgo más de 215.000 empleos que dependen de la industria de rentas cortas y vacacionales”, aseguró Xavier Camilo Cárdenas, CEO de Wellcome Travel al diario La República.
Las preocupaciones no se limitan al número de propiedades. Desde el sector privado también se alerta sobre posibles efectos económicos de mayor alcance. En 2024, el impacto total de Airbnb en Colombia ascendió a $10,6 billones. De esa cifra, $1,6 billones llegaron directamente a los anfitriones, mientras que los $9 billones restantes dinamizaron otros sectores asociados al turismo, como comercio, transporte, restaurantes y entretenimiento.
En ese contexto, la compañía defiende su papel en las economías locales. “Estas cifras muestran cómo la plataforma Airbnb está contribuyendo al desarrollo económico de Colombia al generar ingresos que llegan a las comunidades locales”, afirmó Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb en Sudamérica, al presentar los resultados en octubre.
Otro de los puntos que genera inquietud es el impacto sobre la formalización. De acuerdo con Cárdenas, el Decreto podría tener un efecto contrario al buscado: “La formalización en el sector también retrocederá, a pesar de que las viviendas turísticas representan más del 77,64% del total de establecimientos con RNT”. En su análisis, imponer mayores barreras podría empujar a muchos operadores a la informalidad, en lugar de integrarlos al sistema.
Las críticas se extienden al mecanismo de control propuesto. Sergio Mutis, presidente del Grupo Valor, cuestionó abiertamente el Svcrnt en el medio antes mencionado y lo calificó como “absurdo. Es más perjudicial que positivo. Es generar burocracia, es eventualmente crear mecanismos de corrupción y, lo más importante, va a afectar el mercado de turismo”. Para el empresario, el problema de fondo está en el exceso regulatorio: “El bien superior general es que crezca el empleo y la economía; y el bien superior particular es que crezca el turismo. Cuando la norma se vuelve exceso, el bien superior termina siendo la primera víctima. Tanta regla innecesaria termina saboteando el bien superior que pretendía garantizar”.
Mutis también advirtió que la norma tendría un alcance desigual en el territorio. “Una norma como esta no aplicaría en la ruralidad. Nunca una finca que esté alquilando un cuarto va a meterse en el Registro Nacional de Turismo. Eso no va a suceder por más de que saquen un decreto”. Según explicó, el impacto real se concentraría en las ciudades con mayor flujo de visitantes, como Bogotá, los principales destinos del Caribe, el Eje Cafetero y, especialmente, Medellín.
A estas preocupaciones se suma un componente de seguridad. Para Cárdenas, restringir de forma severa la operación de plataformas digitales podría generar efectos no deseados. “La regulación estricta podría ser contraproducente y llevar a una mayor informalidad, inseguridad y deterioro de la convivencia. Plataformas como Airbnb tienen medidas de seguridad y algoritmos que han demostrado ser efectivos”, sostuvo.
Desde el gremio hotelero y turístico, sin embargo, hay respaldo a la iniciativa oficial. La presidenta de Anato, Paula Cortés, salió al paso de las críticas y afirmó que “No es cierto que se esté buscando que las plataformas desaparezcan del país, sino que se regulen pensando en la seguridad, calidad e igualdad de condiciones”. Según explicó, el proyecto es resultado de mesas de trabajo conjuntas con el Ministerio. “Desde los gremios del sector turístico, todos hemos venido trabajando de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en mesas de trabajo, buscando la manera de ponerle freno a la informalidad que hay en el país en materia turística”, señaló.
Cortés agregó que uno de los objetivos centrales del Decreto es fortalecer la interoperabilidad entre entidades. “Dentro de esos puntos que se busca modificar en este proyecto de decreto, que está publicado para comentarios, es que haya una interoperabilidad del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio y las Cámaras de Comercio, que son las que llevan el registro. Esto para que haya una más fácil identificación de los operadores turísticos en Colombia”.
