Concejal propone militarizar Bogotá luego de los resultados de la más reciente encuesta de Percepción Ciudadana, Cómo Vamos Infobae
La percepción de inseguridad en Bogotá ha alcanzado su nivel más alto en casi dos décadas, según la reciente Encuesta de Percepción Ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, lo que ha llevado al concejal Óscar Ramírez a proponer la militarización de la ciudad como respuesta a la crisis.
De acuerdo con los resultados divulgados, el 62 % de los encuestados considera que la capital colombiana es insegura, una cifra sin precedentes desde 2008.
Ramírez, en diálogo con Alerta Bogotá 104.4 FM, sostuvo que la persistencia de este clima de temor ha impactado directamente en la confianza hacia la administración distrital y en la favorabilidad del alcalde Carlos Fernando Galán, que habría descendido de 42 % a 26 %.
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El concejal Ramírez propuso que la militarización de Bogotá enviaría un mensaje contundente a las bandas delincuenciales.
Explicó que la presencia conjunta de la policía militar y la policía regular en las calles ha demostrado ser un factor disuasivo.
“Nosotros tenemos que militarizar la ciudad de Bogotá. Hay que militarizarla. Aquí hay una persuasión al delincuente. Si usted ve patrullando en la ciudad de Bogotá a la policía militar de manera conjunta con la policía, la presencia en territorio ha demostrado que disuade el delincuente”, declaró Ramírez a Alerta Bogotá 104.4 FM.
El funcionario subrayó que la delincuencia ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una experiencia cotidiana para los bogotanos.
Ramírez afirmó: “La gente no denuncia porque no cree”, sugiriendo que la cifra real de delitos podría ser aún mayor que la reportada oficialmente. Además, criticó la gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad, señalando que, pese a que el presupuesto para 2026 destina cerca de un billón de pesos a esta entidad, los indicadores de seguridad no muestran mejoría.
El concejal recordó que se han realizado alrededor de ocho debates de control político sobre el tema, sin resultados tangibles.
El concejal también abordó el impacto de la inseguridad en el comercio local, señalando que la extorsión y el robo afectan especialmente a comerciantes y pequeños negocios en zonas donde la presencia de la fuerza pública es insuficiente.
Describió la situación de la siguiente manera: “Por la mañana pasa un atracador y roba a los clientes (…) y por la tarde pasa el que cobra la vacuna”. Ramírez insistió en que la solución pasa por fortalecer la presencia territorial del Estado, argumentando que la ciudad cuenta con los recursos necesarios, pero enfrenta una falta de decisión política.
En materia de tecnología, Ramírez criticó que Bogotá no haya avanzado en la implementación de herramientas para compensar el déficit histórico de pie de fuerza. Aseguró que “esta administración no ha contratado una sola cámara en dos años que llevan en la Alcaldía”, y recordó que existe un proceso adjudicado desde finales de 2023 para la instalación de 200 cámaras que aún no se ha ejecutado.
Como referencia, mencionó que Medellín dispone de 500 cámaras LPR para el reconocimiento de placas y rostros, lo que permite rastrear a presuntos delincuentes en tiempo real y actúa como mecanismo disuasivo.
La crisis de seguridad también se refleja en el sistema TransMilenio. Según datos citados por Ramírez, entre 2024 y 2025 se habrían registrado 339 bloqueos en el sistema. El concejal propuso que TransMilenio debería reembolsar el valor del pasaje a los usuarios afectados por estos bloqueos y anunció que impulsará esta iniciativa. Además, expresó su rechazo al aumento de 250 pesos en el pasaje, previsto para el 1 de enero, argumentando que las condiciones actuales del servicio no garantizan seguridad ni continuidad operativa.
La confianza en la Alcaldía de Bogotá, aunque aumentó del 12,3 % en 2024 al 17,7 % en 2025, sigue siendo baja. Ramírez interpretó este dato como reflejo de la desconexión entre la administración y la realidad que viven los ciudadanos en las calles, una situación que, según él, se ve agravada por la disminución en los niveles de denuncia y la falta de avances en políticas de seguridad.
