La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila Vanguardia.com.mx

Las denuncias por extorsiones y cobros de piso en la región Laguna de Durango y Coahuila eran un eco que se venía escuchando desde hacía más de un año por parte de transportistas, ganaderos, agricultores y comerciantes locales.

Todas las acusaciones públicas apuntaban a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, cuyos integrantes, según los relatos, amenazaban, amedrentaban, secuestraban o golpeaban para que se siguiera la ruta que ellos dictaban en los distintos mercados.

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Antes de la detención de Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones” -secretario de Organización de la CATEM en Durango, presunto integrante de la organización criminal “Los Cabrera” y señalado por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, de operar una red de extorsiones-, los diversos sectores productivos de la región habían realizado movilizaciones en carreteras, conferencias de prensa y pronunciamientos en los que señalaban a la CATEM de realizar “extorsiones sistemáticas disfrazadas de cuotas sindicales”, y pedían el apoyo del gobierno federal.

Las extorsiones abarcaban todos los giros y actividades posibles: cuota por cada metro cúbico de construcción transportado y por movilización de ganado; pagos forzados a comerciantes, taqueros y transportistas; control exclusivo ilegal de la venta de pollinaza, de los módulos de riego para la distribución de agua, así como de mercado forrajero con la imposición de precios.

El modus operandi

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango. Uno de los primeros sectores afectados fue el de los transportistas.

Un testigo que solicitó el anonimato contó que la CATEM no permitía, bajo amenazas, que ningún otro sindicato u organización se involucrara en obras públicas o privadas.

“Monopolizaban el mercado y ellos no tenían camiones. Había sindicatos legales que son generaciones de personas que han heredado las placas, las concesiones. Ellos empleaban a los sindicatos que habían desplazado, pagándoles el costo que ellos querían. Se llevaban una fuerte cantidad por delante”, comentó la fuente.

Dijo que llegó a pasar que algunos sindicatos tenían contratos firmados e historial de trabajo con empresas, pero los trabajadores de la CATEM amedrentaban a los encargados de obra y los “levantaban” para firmar otros contratos.

“Levantaban al ingeniero o arquitecto de la obra, le daban una paseada o calentada en camionetas y los obligaban a firmar otro contrato que era inválido. Cuando los compañeros acudían con los encargados de obra, pues les decían que no querían problemas, que tenían amenazada a la familia”.

Aseguró que las amenazas eran con arma en mano, a veces llegaban vestidos con chalecos o camisas con los logotipos de la CATEM; también, en ocasiones iban acompañados de patrullas de la policía municipal o de la Fiscalía de Durango, y que inclusive llegaban a las casas de los compañeros y los golpeaban frente a sus familias.

Otro testigo del sector del campo contó que eran obligados a pagar cuotas por la movilización del ganado o del forraje. Aseguró que llegaron hasta las granjas para amenazar y ordenar las formas y costos de comercialización.

“Querían manejar el forraje, imponer el precio y decidir a dónde iba”, mencionó.

En una conferencia de prensa del 21 de agosto, productores agropecuarios describieron que personas vinculadas con la CATEM cobraban por kilo de “peso vivo” una cuota de 80 centavos a un peso. Es decir, una vaca de 800 kilos implicaba un cobro de 700 u 800 pesos.

“Un establo que vende 50 cabezas podría pagar 40 mil pesos sólo por esta cuota”, comentaron en aquella denuncia pública.

Otro testigo que pidió el anonimato relató que los aparceros, encargados de la comercialización de la pollinaza para engordar el pollo, eran víctimas de cobros de piso.

“Llegaron y dijeron ‘nosotros vamos a manejar la compra y venta de pollinaza, aquí tienen un teléfono para que se comuniquen, ahí se les va a dar instrucciones’”.

“Cuando los aparceros hablaban les decían que fueran a la fiscalía de Lerdo y ahí les darían indicaciones. Cómo íbamos a denunciar. Comercializaban todo, la tonelada de pollinaza andaba en mil 800 pesos, llegó a caer a 300 pesos, desplomaron el precio, lo echaron a perder, no saben ni trabajar los mercados”, contó.

En el caso de los módulos de riego, las fuentes comentaron que llegaron con los encargados, los secuestraban y los obligaban a firmar las renuncias para que pudieran manejar la distribución del agua.

Ante esta situación, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, celebró la detención de El Limones y reconoció que este hombre contaba con señalamientos de extorsiones en toda la Comarca Lagunera.

“Es un tema socialmente, ustedes lo pueden corroborar en La Laguna, estaba muy permeado”, admitió el fiscal Federico Fernández.

En el anuncio que hizo el secretario García Harfuch de la detención, agradeció el apoyo del gobierno de Coahuila, pero no dijo nada sobre el de Durango, que ha sido señalado por los denunciantes de ser omiso en las acciones contra las extorsiones.

Hasta este jueves, ni el gobernador ni la fiscal habían fijado una postura sobre la captura en Durango del presunto integrante de “Los Cabrera”.