Con tregua vigente, los líderes de Los Costeños y Los Pepes proponen al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para avanzar en la paz Infobae
El papel de Salvatore Mancuso en los procesos de paz volvió a ocupar el centro del debate público luego de que se conociera que las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes solicitaron formalmente al Gobierno Nacional su designación como facilitador en los diálogos exploratorios que buscan desescalar la violencia en Barranquilla y el Atlántico.
La petición se produjo en un momento en el que el exjefe paramilitar enfrenta cuestionamientos por el elevado costo de su esquema de seguridad, cuyo valor supera los doscientos millones de pesos mensuales, según confirmó la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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La controversia por su protección coincidió con la revelación de dos cartas enviadas al ministro del Interior, Armando Benedetti, a las que tuvo acceso el medio W Radio, en las que los abogados de Jorge Eliecer Díaz —alias Castor, jefe de Los Costeños— y de Digno Palomino —líder de Los Pepes— solicitaron que Mancuso sea incorporado como facilitador en las conversaciones con estas organizaciones.
De acuerdo con W Radio, en una de las comunicaciones, los abogados expresan: “Me permito solicitarle, por indicaciones de mi representado, la incorporación del señor Salvatore Mancuso Gómez en su condición de facilitador en el proceso que se adelanta en el departamento del Atlántico y en el Área Metropolitana, a fin de avanzar en el proceso sociojurídico que busca la paz en la región de acuerdo con las políticas del presidente Gustavo Petro”.
De acuerdo con los remitentes, ya se habrían realizado acercamientos preliminares con el equipo jurídico de Mancuso, quien habría manifestado su disposición a participar siempre que exista una invitación formal del Gobierno.
La intención de las organizaciones criminales de contar con su mediación se enmarca en el anuncio de una tregua de tres meses, vigente hasta el 20 de enero de 2026, que —según reportes oficiales— ha reducido hurtos, homicidios y extorsiones en comparación con los niveles registrados en 2024.
Las autoridades del Atlántico han documentado en los últimos treinta días una caída significativa de actividades ilícitas, que atribuyen al desescalamiento impulsado por los acercamientos exploratorios con ambas estructuras.
El Gobierno mantiene como voceros oficiales del proceso al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; al funcionario Ricardo Rey; y a Felipe Marín Silva, representante del espacio de diálogo denominado ‘La Inmaculada’, definido mediante resolución presidencial.
Esta petición coincide con la creciente visibilidad de Mancuso desde su regreso al país en 2024, en su calidad de gestor de paz y enlace entre el Estado, comunidades afectadas y organismos judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sin embargo, la solicitud para mediar en los procesos del Caribe se produce en medio de la controversia por el alto costo de su esquema de seguridad, un aspecto que ha generado críticas en el espectro político y social.
La W Radio confirmó que la protección asignada a Mancuso incluye ocho escoltas, tres vehículos blindados, un vehículo convencional y un chaleco de protección.
Según Analtraseg, únicamente la nómina del personal de seguridad alcanza los $94 millones mensuales, con un costo aproximado de $11,7 millones por escolta, sin incluir viáticos, que ascienden a $180.000 diarios por quince días al mes para cada integrante, ni los gastos de combustible, mantenimiento y adecuaciones vehiculares.
Entre estas modificaciones se encuentra la instalación de internet satelital Starlink y refuerzos de amortiguadores y suspensión, intervenciones que —según la emisora— no estaban contempladas inicialmente por la UNP.
En respuesta a la controversia, Mancuso emitió un comunicado en el que defendió la legalidad y necesidad de su esquema de protección. Allí afirmó que este no responde a preferencias personales, sino a estudios técnicos de riesgo.
“La obligación del Estado de brindarme protección no es un privilegio ni un beneficio discrecional, es una garantía inherente a la desmovilización y nace de los compromisos que Colombia asumió en el marco de una negociación política de paz”, aseguró.
