FGR obtiene 62.8 millones de pesos por reparación al Estado del caso la ‘Estafa Maestra’ El Financiero
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves de la obtención de 62.8 millones de pesos como reparación del daño al Estado mexicano, por parte de dos exfuncionarios relacionados con la trama de corrupción conocida como la ‘Estafa Maestra’.
La Fiscalía, ahora encabezada por Ernestina Godoy, apuntó en un comunicado que los dos acusados son Ricardo ‘M’, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y José ‘M’, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
A ambos se les acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
¿Cuál fue la participación de los funcionarios en la ‘Estafa Maestra’?
La FGR precisó que los exfuncionarios “suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
Indicó que la UIEM “subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos” con la Sedesol “a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada”.
Al comprobar lo anterior, la FGR obtuvo la resolución judicial que ordena, en concreto, el pago de 62.8 millones pesos.
Finalmente, la dependencia señaló que “siempre y cuando” los acusados garanticen o cubran “el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”, podrán obtener “sustitutivos legales”, es decir, beneficios contemplados en el Código Penal Federal.
¿Qué fue la ‘Estafa Maestra’?
La ‘Estafa Maestra’ fue una trama de corrupción ocurrida durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Revelado en 2017 por una investigación periodística, el entramado involucró a diversas dependencias federales que utilizaron un esquema sistemático para desviar miles de millones de pesos.
Entre los funcionarios acusados destaca Rosario Robles, quien fue encarcelada de 2019 a 2022, acusada por el presunto desvío de recursos públicos mientras estuvo al frente de la Sede, de 2012 a 2015, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2015 y 2018.
