Estas son las sanciones que puede enfrentar si permite que sus hijos manipulen pólvora Infobae
Cada diciembre, el uso de pólvora en Colombia reactiva las alarmas por el aumento de niños heridos, familias afectadas y la presión sobre las autoridades para contener la problemática.
Pese a la recurrencia de los casos, hay una regulación estricta desde hace más de 20 años, especialmente en lo relativo a la protección de menores.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La Ley 670 de 2001, vigente desde julio de ese año, desarrolló parcialmente el artículo 44 de la Constitución para “garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos”, situando en el centro la prevalencia absoluta de los derechos de la niñez.
En el periodo comprendido entre 2024 y 2025, el Observatorio de Salud de Bogotá de la Secretaría de Salud de Bogotá reportó 181 casos de lesiones por pólvora, de los cuales 34 correspondieron a quemaduras de primer grado y 52 a segundo grado.
De ese total, 31 víctimas fueron menores de edad. Esta cifra, que solo refleja la situación en la capital, se incrementa de manera significativa al considerar los casos registrados en el resto del país.
Según explicó Ángela Joya, abogada auditora de Centro Jurídico Internacional a Asuntos Legales, cualquier persona puede denunciar situaciones en las que un menor resulte quemado con pólvora ante entidades como la Policía Nacional (línea 123) o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), con el objetivo de alertar sobre riesgos o incumplimientos legales relacionados con el uso y porte indebido de estos artefactos.
La normativa colombiana establece que ningún menor de edad puede manipular pólvora y que los adultos tienen responsabilidad directa en la prevención del riesgo.
Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista de Navarrete Consultores, detalló que el uso de pólvora está regulado por la Ley 670 de 2001, la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) y diversos decretos municipales y regionales.
