Coparmex acusa más impuestos estatales sin evaluación sobre eficiencia del gasto Forbes

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Coparmex acusa más impuestos estatales sin evaluación sobre eficiencia del gasto

Los incrementos a impuestos estatales debilitan la competitividad regional y frenan el crecimiento de las MiPyMEs, así como el de las empresas medianas y grandes que operan en mercados altamente competitivos, donde la carga fiscal podría determinar decisiones de inversión entre estados e incluso frente a otros países, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El organismo señaló que ninguna entidad debería avanzar hacia nuevos gravámenes sin antes garantizar transparencia, eficiencia del gasto e inversión en necesidades estratégicas e infraestructura.

Apuntó en un comunicado que esos incrementos, en particular al Impuesto Sobre Nómina (ISN), se discuten y aprueban en el marco de los Paquetes Fiscales 2026 de las entidades.

Afirmó que la creación de nuevas contribuciones incide directamente en la operación de las MiPyMEs y en la creación de empleo formal.

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Expuso que en los últimos años, las entidades han enfrentado una presión financiera creciente originada por recortes en las transferencias federales, y por el aumento de nuevas responsabilidades que antes pertenecían a la federación.

Esta combinación de menores recursos y mayores obligaciones ha llevado a los estados a buscar fuentes adicionales de recaudación, principalmente mediante la creación de nuevos gravámenes o el aumento de impuestos locales.

Coparmex agregó que a partir de un sondeo realizado entre sus centros empresariales identificó que se han presentado 31 Paquetes Económicos Estatales, de los cuales varios contemplan aumentos o creación de impuestos.

“Identificamos un patrón que se repite: mayores gravámenes sin una evaluación previa sobre la eficiencia del gasto público ni una ruta clara de impacto económico”, aseveró.

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“Lo observamos en distintos Paquetes Fiscales estatales y municipales, donde se replican propuestas de alza al Impuesto Sobre Nómina, al predial y a diversos derechos locales, sin que exista una evaluación integral de su efecto en la competitividad, la inversión y el empleo formal”, añadió.

Señaló que el ISN ha sido el principal foco de incrementos o iniciativas, un gravamen que incide directamente en la contratación formal y en la capacidad de las empresas para sostener su planta laboral.

Ejemplificó que en Nuevo León estudios de organismos empresariales muestran que un aumento del ISN afectaría al 94.2% de las MiPyMEs, generando un incremento promedio del 6.6% en sus costos, lo que forzaría a casi la mitad a elevar precios, detener inversiones o reducir contrataciones.

“Cualquier alza en este impuesto encarece el empleo formal y limita oportunidades para miles de jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral”, sostuvo.

Consideró indispensable que los gobiernos estatales garanticen primero eficiencia administrativa, transparencia verificable y disciplina en el gasto antes de impulsar nuevos impuestos o incrementos a los existentes.

Expuso que en varios estados aún no se cumplen estándares de Datos Abiertos ni se explican con claridad los proyectos a los que se destinan los recursos.

Dijo que 27 de las 32 entidades mantienen tasas de ISN iguales o menores al 3%, y que colocar a cualquier estado por encima de ese umbral lo deja en desventaja frente a otras regiones que compiten por atraer inversiones nacionales y extranjeras en el marco del TMEC y el proceso de relocalización de cadenas de suministro.

La Coparmex hizo un llamado a los congresos estatales para que las discusiones fiscales de este año prioricen la competitividad regional y la capacidad de las empresas para invertir, innovar y generar empleos dignos bajo un entorno de seguridad, energía suficiente y certeza jurídica.

Solicitó que los presupuestos estatales privilegien servicios públicos de calidad, infraestructura de largo plazo y proyectos estratégicos con impacto directo en el bienestar y la productividad.

También pidió incrementar más la base de contribuyentes y asegurar plena transparencia en su uso antes de cargar nuevas obligaciones sobre quienes generan empleo formal.

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