Medusa digital, urge contenerla en México Vanguardia.com.mx
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Siguen las rebeliones contra las grandes corporaciones tecnológicas. A partir de este 10 de diciembre, Australia prohíbe que los y las menores de 16 años accedan a diez redes sociales (TikTok, YouTube y X, entre otras). Las empresas serán responsables de verificar la edad de los usuarios, bajo pena de multas de hasta 33 millones de dólares estadounidenses.
¿Y México? México sigue ignorando el peso de las tecnológicas. ¿Será posible que eso cambie con el Plan Nacional de Ciberseguridad de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)? Es un documento sólido, aunque, desafortunadamente, no aborda ese factor. Eso significa que seguimos careciendo de una política pública que evite o contrarreste las adicciones digitales, los discursos de odio en redes sociales y el reclutamiento de sicarios por estas vías.
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Otro dato es la ausencia de las Big Tech en los discursos políticos o en ajustes legales, como el decreto de diciembre de 2024 que adiciona el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desean terminar con “todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y/o dignidad”, pero callan sobre el papel jugado por las empresas extranjeras.
La prudencia timorata se explica por la asimetría de poder frente a tecnológicas, en su mayor parte estadounidenses. Las disparidades en el poder se constatan comparando el Producto Interno Bruto nominal mexicano con el valor bursátil de una de esas empresas. En el tercer trimestre de este año el PIB mexicano fue de 1.93 millones de millones de dólares (mmd) y el valor en bolsa de Alphabet, la empresa que controla YouTube, fue de 3.9 mmd. Un factor adicional es que las tecnológicas cuentan con el respaldo incondicional del gobierno de Donald Trump.
Otro problema es la asimetría en las políticas públicas hacia el conocimiento. Mientras Estados Unidos y China invierten ríos de dinero en ese campo, la inversión pública mexicana en ciencia y conocimiento digital es muy desigual. Gastan en dependencias como la ATDT, el Inegi o las Fuerzas Armadas, pero ahogan de austeridad a las fiscalías y a las universidades públicas.
Es una actitud hasta cierto punto absurda porque, independientemente de los deseos gubernamentales, es impresionante la cantidad y calidad del trabajo que está haciéndose en universidades, empresas y organismos civiles que se están sumando a la carrera digital que está transformando el planeta.
Lo ideal, por supuesto, sería un gran acuerdo nacional en torno a este tema. El Plan Nacional de Ciberseguridad antes mencionado asegura que en 2026 firmarán memorándums de entendimiento con empresas, academia y sociedad civil. En tanto eso pasa, son escasos los espacios gubernamentales dispuestos a promover una discusión plural y abierta sobre ese tema. Uno de los más destacados es la Comisión de Derechos Digitales del Senado, que preside el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano).
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Entretanto, siguen creciendo las tensiones causadas por la complicidad tácita entre las tecnológicas y los grupos criminales. No sería extraño que colectivas de víctimas u organismos civiles promuevan demandas invocando el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes. ¿Aceptaría el Poder Judicial o Ejecutivo sancionar o asignar responsabilidades penales a alguna empresa digital?
Todo ello forma parte de un destino incierto en el cual seguirán interactuando y chocando gobiernos, tecnológicas, crimen organizado transnacional y organizaciones sociales. Cualquier acción provoca reacciones en cadena; la edición del New York Times del lunes 8 de diciembre comenta que una parte de la adolescencia australiana está inconforme con la prohibición al uso de redes sociales porque vulnera su libertad de expresión y/o el acceso a la información. En Colombia intentaron regular a las tecnológicas, pero estas reaccionaron contratando cabilderos que frenaron las reformas.
En esta historia por escribir, lo urgente y prioritario en México es contener a la medusa digital y, en concreto, romper la nociva asociación entre tecnológicas y crimen organizado.
Colaboraron Alejandro Rosado Rodríguez, Elena Simón y Dulce Torres Hernández
