Denuncian pago millonario para silenciar víctimas del Bar Adelitas Excelsior

Raúl Flores MartínezLa organización internacional de Trata de Personas liderada por Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino” quien estableció su centro de operaciones en el Bar Adelitas en Tijuana, Baja California, ofreció un millón de pesos a quien logre silenciar a las victimas quien lo denunciaron por los delitos de trata de personas agravada, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Las amenazas provienen directamente de “gente pesada”, que actuaba en el bar para atender a jueces, magistrados, policías, ministerios públicos y allegados del líder del grupo criminal.
Grupo Imagen conversó con dos de las víctimas rescatadas desde hace tres años del Bar Adelitas y Hotel Coahuila en la ciudad fronteriza.
Para ello.
Nos trasladamos al municipio de Valle de Bravo para poder platicar con las victimas que, con la voz entrecortada y el miedo todavía presente, aseguran por separado que tras ser rescatadas, siguen escondidas, cambian de estado cuando pueden y viven bajo la certeza de que la organización de El Padrino no las ha olvidado, mientras los jueces siguen retrasando las audiencias.
"Un millón de pesos por callarme"Marlene, como le llamaremos a una de las víctimas, aseguró que hombres armados la buscaron en distintos lugares.
Le advirtieron que la matarían si continuaba declarando.
No solo a ella.
También a su hijo.
 Aseguró que uno de sus amigos que es policía municipal en Tijuana, le advirtió que ya le pusieron precio a su silencio: un millón de pesos que a cualquiera puede perturbar.
 Ofrecieron un millón de pesos por callarme, ahí en Tijuana todo el mundo sabe que este señor, pues tiene tanto poder que con todo el dinero que tiene y que ha generado por parte de nosotras, para verdad, para todas a todas las personas para no vaya a ir a la cárcel, que no que no pueda pisar la cárcel”.
El monto pactado para pagarse en efectivo, de acuerdo con las víctimas, habría sido ofrecido por Jiménez Loza y dos de sus hijos (José Damián y Aschley Jiménez Álvarez), identificados en la investigación como personas con capacidad operativa dentro de la organización.
Por su parte, Estela aseguró que su familia (padres y un hermano menor) ya salieron de México, se encuentran en un país centroamericano a donde les manda un poco de dinero, porque no quiere que los mate esta organización criminal.
Me van a matar si no me calloLa gente que me ha que me ha encontrado, ya en diversos estados en los que he estado, me lo han dicho así claramente que me van a matar, me van a matar si yo no yo no me callo; si yo sigo declarando y esto se derivó de la de la investigación que sé que se hizo por parte de la autoridad hacia este señor que es un desgraciado”.
Agregó que desde hace tres años no tiene un trabajo fijo, que va de un municipio a otro tratando de buscar dónde esconderse, y aunque las autoridades, si les dan protección y las tienen ubicadas, no confían en los policías, quienes son los que han tratado de encontrarlas para matarlas.
Ahí en el bar iba mucha gente que conocían a este señor, este señor Juvenal pues compraba verdad con dinero, con darle la prostitución de nosotras de todas las chicas que él escogía o que ellos escogían para para que atendiéramos a jueces, a magistrados, a policías, a ministerios públicos, amigos de él”.
Mientras las víctimas son amenazadas de muerte, la dilación procesal en los tribunales federales sigue atorando este caso.
Un ejemplo reciente lo revela el propio expediente.
 Aplazan audienciasEl defensor particular de uno de los implicados, Servando Díaz López, alias “El Guante” presentó un escrito para justificar su ausencia en la audiencia intermedia del 1 de diciembre, alegando incapacidad médica por contagio de coronavirus a través de un documento de Certus Laboratorio, que no es una constancia médica.
 Para el Ministerio Público, estos aplazamientos se han vuelto constantes y cada uno prolonga la vulnerabilidad de quienes denunciaron la explotación sexual forzada dentro del bar y su vida se pone en riesgo.
Mientras tanto la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activas órdenes de aprehensión y fichas rojas de Interpol contra Jiménez Loza y miembros de su círculo cercano que siguen prófugos de la ley.
 No obstante, la combinación de amenazas, retrasos procesales y capacidad económica de operación del grupo criminal puede terminar en un caso de Trata de Personas, cerrado por no tener testigos que declaren contra esta red internacional que busca la lenta aplicación de la ley.
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