Crimen de Andrea Vidal y la supuesta red de prostitución en el Congreso: esto es lo que se sabe a un año de su muerte Infobae
Andrea Vidal, extrabajadora parlamentaria, fue asesinada a pocos metros de su vivienda. A casi un año del crimen, ocurrido el 10 de diciembre, los investigadores todavía no cuentan con respuestas claras sobre las motivaciones del atentado.
¿Un asalto a mano armada? ¿Una venganza política? ¿Una advertencia? Lo único que parece indiscutible para los peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú es que los sicarios planificaron cuidadosamente el ataque y emplearon una logística significativa. Al menos dos motocicletas fueron utilizadas y el atentado ocurrió, casualmente, en un punto ciego del distrito de La Victoria, donde no existen cámaras de seguridad que permitan reconstruir la escena.
La hipótesis de que el taxista era el objetivo del ataque fue descartada. Sin embargo, en los pasillos del Congreso hubo interés en responsabilizar a la delincuencia común y evitar cualquier insinuación de un posible ajuste de cuentas.
La presunta red de prostitución
La razón por la que Eduardo Salhuana —entonces presidente del Parlamento— difundió un comunicado atribuyendo la muerte de Andrea Vidal a un ataque dirigido contra el chofer del taxi responde a un contexto particular: para ese momento, la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso ya había estallado y alcanzado repercusión internacional.
Diversas investigaciones periodísticas señalaron que Andrea Vidal formaba parte de dicha red. Incluso se indicó que era ella quien captaba a las jóvenes que luego integrarían la organización, la cual habría sido creada por Jorge Torres Saravia, entonces jefe de la Oficina Legal del Congreso.
La decisión de Salhuana no fue casual. Torres Saravia arrastró al escándalo a su partido, Alianza para el Progreso, debido a su trayectoria y vínculos internos. Su llegada al Parlamento se dio de la mano de Luis Valdez, una de las figuras más influyentes de APP y hombre de confianza de los Acuña. Valdez asumió la gobernación regional de La Libertad cuando César Acuña renunció para dedicarse a sus aspiraciones políticas.
Tras el destape, la primera medida fue separar a Torres Saravia del cargo. El abogado aceptó, aunque el daño político para APP ya estaba hecho. Paralelamente, Juan Burgos —de Podemos Perú y presidente de la Comisión de Fiscalización— inició una investigación que, si bien no confirmó la existencia de la red, sí reveló graves irregularidades: la Oficina de Recursos Humanos no aplicaba filtros adecuados y, en los últimos años, los funcionarios del servicio parlamentario no eran contratados por méritos académicos, sino por afiliación partidaria.
Sin embargo, una nueva línea de investigación de Perú21 abrió un giro inesperado, esta vez apuntando hacia el partido que impulsó la indagación parlamentaria: Podemos Perú. Según su último informe, Andrea Vidal tuvo un altercado, en medio de una reunión social, con la esposa de Luis Felipe Luna Morales, hijo del actual candidato presidencial José Luna.
¿Y qué pasó con el novio de Andrea Vidal?
A medida que el caso avanzó, otro personaje comenzó a adquirir protagonismo: Rodrigo Falcón, pareja sentimental de Andrea y la última persona que la vio con vida.
Las pericias al teléfono de Rodrigo revelaron que mantenían una relación tóxica y atravesaban constantes discusiones. Pero hubo un hallazgo que llamó aún más la atención de los investigadores: Andrea mantenía encuentros con otras personas y él estaba al tanto.
La posibilidad de que se tratara de un crimen motivado por celos no ha sido descartada. Para esclarecer esta línea, la información contenida en el celular de Andrea resulta fundamental; sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han logrado acceder a ella.
Pausa en las investigaciones
Según Perú 21, el caso principal —que también incluye la muerte del taxista que la trasladaba— está actualmente en manos del fiscal Pío Vidalón Cabanillas, de la Fiscalía Penal de La Victoria. Esta carpeta fue asumida por él en abril, luego de que la fiscal que inició las indagaciones, Claudia Montero Soto, fuese trasladada a Piura. A pesar del tiempo transcurrido, el Ministerio Público todavía enfrenta dificultades para acceder a la información del celular personal de Andrea, uno de los dos iPhones que llevaba el día del atentado y que sería clave para la investigación.
De acuerdo con fuentes fiscales citadas por el diario, se han realizado diligencias como declaraciones de los policías que intervinieron la noche del crimen y pericias balísticas. Sin embargo, la Fiscalía sigue esperando un informe policial que debió ser entregado hace 20 días, motivo por el cual se envió un reclamo a Inspectoría. Las autoridades esperan recibir ese documento en un plazo máximo de dos semanas.
De forma paralela, la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, encabezada por la fiscal Evelyn Taboada, investiga la posible existencia de una red de prostitución dentro del Congreso. En esta línea, el Ministerio Público ya cuenta con registros de los desplazamientos de Andrea en taxis por aplicativo hacia hoteles y alojamientos tipo Airbnb ubicados en San Isidro, Lince y La Victoria. También tiene acceso a videos de cámaras de seguridad que muestran ingresos de Andrea junto a su compañera parlamentaria Isabel Cajo a alguno de estos establecimientos.
Pese a estos avances parciales, no hay actualizaciones relevantes ni en la investigación por trata ni en la que sigue la Fiscalía Penal. Tampoco la División de Homicidios de la PNP ha explicado por qué no existen novedades sobre las pesquisas iniciadas tras el crimen, lo que mantiene el caso en un estado de estancamiento y sin responsables identificados.
