Los indultos de Trump Vanguardia.com.mx

Por Stephen Holmes, Project Syndicate.

PARÍS - La semana pasada, Juan Orlando Hernández salió de una prisión federal de Virginia Occidental como un hombre libre. Ex presidente de Honduras, Hernández, que una vez se jactó de que “metería las drogas por las narices de los gringos”, había sido condenado a 45 años de prisión por conspirar para importar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anunció el indulto mientras apoyaba al aliado político de Hernández, Nasry Asfura, en las elecciones presidenciales de Honduras. La yuxtaposición fue clarificadora: el indulto como palanca geopolítica, el poder del indulto como herramienta de intervención extranjera más que de misericordia doméstica.

El procesamiento de Hernández fue supervisado por Emil Bove, que más tarde se convertiría en el abogado personal de Trump, luego en su fiscal general adjunto en funciones, y que ahora forma parte del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Así pues, Trump ha indultado a un hombre al que su propio futuro abogado ayudó a condenar.

El poder de indulto es la única autoridad que la Constitución de EE.UU. pone enteramente en manos de una persona, inmune a la anulación legislativa o a la revisión judicial. Alexander Hamilton, que defendía esta disposición en el Federalista 74, comprendía el peligro. Pero apostaba a que la vergüenza frenaría el abuso: que un presidente, único culpable del uso corrupto del poder, vacilaría allí donde un poder legislativo no lo haría. “El sentido de la responsabilidad es siempre más fuerte”, escribió Hamilton, “en la medida en que es indiviso”.

Hamilton se equivocó. No previó un presidente desvergonzado.

El caso de Hamilton para el indulto era político, no moral. Apenas mencionó la misericordia. El propósito central del poder era la pacificación de emergencia: “En épocas de insurrección o rebelión, a menudo hay momentos críticos, cuando una oferta oportuna de perdón a los insurgentes o rebeldes puede restaurar la tranquilidad de la mancomunidad”.

Esta fue la razón por la que Massachusetts ofreció clemencia a los participantes en la Rebelión de Shays, y por la que George Washington indultó a los que participaron en la Rebelión del Whiskey durante su presidencia. El indulto era un instrumento ad hoc para poner fin al conflicto tras la represión de la rebelión, una herramienta discrecional para restaurar la paz cuando ésta tenía prioridad sobre la justicia.

De manera crucial, Hamilton insistió en que el indulto debía seguir siendo impredecible. “Generalmente sería impolítico de antemano”, escribió, “dar cualquier paso que pudiera mantener la perspectiva de impunidad”. Una promesa permanente de indultos alentaría la rebelión. El poder sólo funciona si los potenciales infractores de la ley no pueden contar de antemano con el perdón.

UN PODER CORROMPIDO

Trump ha invertido todos los elementos de este diseño. Ha transformado el indulto de un instrumento para poner fin al conflicto en un arma para avivarlo, de un ejercicio ad hoc de discreción en una promesa permanente de impunidad, de una herramienta de reconciliación en un sistema para recompensar la lealtad. Hamilton imaginó un presidente que utilizara el indulto para curar las divisiones tras una insurrección; Trump indultó a los insurrectos que atacaron el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, sólo después de volver a la presidencia cuatro años más tarde, lo que indica que la lealtad a él garantiza la impunidad.

Los efectos ya son visibles en los tribunales y despachos de abogados de todo Estados Unidos. “Si yo fuera cualquier acusado ahora”, dijo un ex alto funcionario del Departamento de Justicia al Financial Times, y “tuviera los medios financieros o las conexiones, mi pensamiento sería, tal vez seré condenado, pero muy bien podría obtener un indulto también”. Al parecer, los abogados defensores están aconsejando a sus clientes que la condena no tiene por qué ser el final para quienes cumplan los criterios. La pesadilla de Hamilton se ha convertido en estrategia de litigio.

Lo que distingue a la corrupción de Trump no es simplemente su escala, sino su variedad. Una taxonomía revela al menos seis patologías:

El indulto político. El caso Hernández es el ejemplo más puro: clemencia para un narcotraficante convicto, programada para influir en unas elecciones extranjeras, justificada por nada más que la utilidad política. “Estados Unidos era visto como un lugar donde se haría justicia”, observó un antiguo funcionario del Departamento de Estado. Los fiscales, policías y jueces extranjeros se enfrentan ahora a “un tremendo desincentivo” para ayudar a las solicitudes de extradición estadounidenses cuando el presidente puede liberar a sus objetivos arbitrariamente. Los indultos de Trump no son solo recompensas para criminales; sabotean la aplicación de la ley estadounidense en el extranjero.

El indulto Emoluments. Trump indultó a Changpeng Zhao, de la bolsa de criptodivisas Binance, que se declaró culpable de permitir el blanqueo de dinero que, según la ex secretaria del Tesoro estadounidense Janet L. Yellen, permitió que “el dinero fluyera a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores.” Pero Binance alberga la empresa de criptodivisas de la familia Trump, ayudó a crear la stablecoin de Trump y facilitó una inversión de 2 mil millones de dólares de Abu Dhabi en ella. Trump afirmó que no conocía a Zhao - difícil de creer, teniendo en cuenta los 450 mil dólares en honorarios de cabildeo para “alivio ejecutivo” y cambios de cripto-política pagados por Binance a Ches McDowell, un amigo del hijo del presidente, Donald Trump, Jr.

El perdón de la lealtad. En el primer día de su segundo mandato como presidente, Trump indultó a casi 1,600 acusados por el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de EEUU, incluidos los condenados por conspiración sediciosa y asalto violento a la policía. Más tarde amplió la clemencia a su abogado en aquel momento, el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani; a su jefe de gabinete en la Casa Blanca durante su primer mandato, Mark Meadows; y a los electores “suplentes” que formaban parte del plan para subvertir el voto en el Colegio Electoral. Su jefe de campaña, Paul Manafort, guardó silencio durante la investigación que le llevó a la cárcel, sin duda esperando un indulto, que recibió. Estos indultos no curan la división; recompensan a quienes promovieron los intereses de Trump y señalan que los futuros conspiradores gozarán de la misma protección.

El indulto transaccional. Los informes describen indultos tras grandes donaciones, incluida una tras un pago de un millón de dólares en una cena de recaudación de fondos en Mar-a-Lago. Otra variación de esto es el indulto que Trump dio a Tim Leiweke, el ex CEO de Oak View Group, a quien el propio Departamento de Justicia de Trump había acusado apenas cinco meses antes por amañar el proceso de licitación para un estadio de 375 millones de dólares en la Universidad de Texas. Leiweke, que una vez llamó a Trump “el mayor estafador del mundo”, fue representado por el aliado de Trump y ex congresista Trey Gowdy, que presionó a la Administración para que retirara los cargos o concediera clemencia. El mecanismo de pago por indulto funciona a las mil maravillas.

El indulto que normaliza la corrupción. Trump indultó al representante demócrata Henry Cuellar, acusado de soborno por aceptar casi 600 mil dólares de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco mexicano a cambio de actos oficiales. Este indulto cumple una función distinta a la de los indultos por lealtad: señala que la corrupción en sí -la venta de cargos públicos- ya no es un delito grave. Al extender la clemencia por encima de las líneas partidistas a un acusado de soborno, Trump anuncia que las leyes contra la corrupción pública no se aplicarán contra nadie. El indulto despolitiza el soborno al despenalizarlo.

El indulto aspiracional. Quizás el efecto más insidioso del régimen de clemencia de Trump es cómo moldea el comportamiento de aquellos que aún no han sido indultados. Sam Bankman-Fried, que cumple una condena de 25 años por estafar a los clientes de su criptointercambio, se ha remodelado en recientes entrevistas de prensa como aliado de Trump y víctima del juez Lewis Kaplan, que supervisó tanto su juicio como el juicio civil de Trump por abuso sexual. Bankman-Fried está pidiendo clemencia. Pero ya ha sido condenado. Cuando los acusados remodelan sus identidades públicas para optar a una futura clemencia, el poder del indulto se cierne sobre el propio juicio, corrompiendo los procedimientos antes de que se emita ningún veredicto.

¿QUÉ HA CAMBIADO?

Por supuesto, los presidentes anteriores a Trump han sido acusados de abusar del poder de indulto. El indulto de Gerald Ford a Richard Nixon tras el escándalo Watergate pudo costarle la reelección; los indultos de George H.W. Bush en 1992 al ex secretario de Defensa Caspar Weinberger, al ex asesor de Seguridad Nacional Robert McFarlane y a otros implicados en el asunto Irán-Contra provocaron acusaciones de obstrucción a la justicia. Pero se trataba de casos aislados, no de la transformación al por mayor de la clemencia en un sistema corrupto de clientelismo.

Los fundadores de EEUU debatieron el peligro de un sistema así. En la Convención Constitucional, algunos delegados propusieron excluir la traición del poder de indulto del presidente o exigir el consentimiento del Senado, precisamente porque la traición es un delito contra la política y se relaciona fácilmente con la propia conducta del ejecutivo. La Convención rechazó estas propuestas.

Los que apoyaban el poder de indulto argumentaban que un ejecutivo enérgico es la persona mejor situada para juzgar el momento de la clemencia, especialmente tras las insurrecciones. En rebeliones o conspiraciones, el presidente necesita la capacidad de ofrecer indultos rápidos para inducir a la rendición, mantener la paz o conseguir testimonios. Un gran cuerpo legislativo sería demasiado lento, estaría demasiado dividido o enardecido como para responder con eficacia. Hamilton subrayó que el bien público podía exigir a veces indulgencia incluso hacia la propia traición.

Los críticos no estaban convencidos. George Mason advirtió que un presidente podría utilizar este mismo poder para proteger a los cómplices de traición -incluso a aquellos a los que hubiera alentado en secreto-, ocultando así su propia culpabilidad. Edmund Randolph estuvo de acuerdo, argumentando que el poder de indulto era “una confianza demasiado grande” porque “el propio Presidente puede ser culpable” y “los Traidores pueden ser sus propios instrumentos”.

La respuesta que se dio fue que el juicio político frenaría tales abusos. Las excepciones al poder de indulto eran innecesarias porque el Congreso conservaba el arma definitiva contra un presidente corrupto. Los creadores optaron por confiar en la rendición de cuentas y no en la restricción. Pero esa confianza ha demostrado ser errónea, porque la responsabilidad que se suponía que debía ofrecer el juicio político ha estado completamente ausente.

Algunos comentaristas han señalado que los antifederalistas (opositores al proyecto de Constitución) predijeron exactamente este abuso: un presidente que utiliza los indultos para proteger a quienes cometen delitos en su nombre. Tenían razón al preocuparse. Pero la fallida defensa de Hamilton es más instructiva que su reivindicada crítica. Los antifederalistas advirtieron que se podría abusar del poder; Hamilton explicó por qué no se haría, y al hacerlo comprendió algo que sus críticos no vieron.

IMPUNIDAD SIN LÍMITES

Los antifederalistas, con su énfasis en la virtud cívica, no tenían respuesta al problema político que el poder de indulto estaba destinado a resolver: cómo poner fin a los conflictos civiles. La Rebelión de Shays, la Rebelión del Whiskey, las crisis sectoriales que se avecinaban en el periodo previo a la Guerra Civil, todas ellas requerían un mecanismo para ofrecer clemencia de forma rápida, flexible y autoritaria.

Una república desgarrada por la insurrección no puede esperar a que ciudadanos virtuosos elijan a líderes virtuosos. Necesita un instrumento de paz. Hamilton lo comprendió. Su error no fue reconocer la necesidad de la clemencia discrecional, sino confiar en que la vergüenza limitaría su abuso. Esa barandilla ha fallado, y ninguna cantidad de virtud cívica entre los futuros votantes puede restaurarla. El problema no es simplemente que Estados Unidos haya elegido al hombre equivocado. El problema es que el diseño de la Constitución asumió una restricción que ya no restringe, y proporcionó un respaldo, la destitución, que ha demostrado ser inutilizable. Nos queda un vacío estructural, no moral.

¿Qué nos queda? Una enmienda constitucional que prohibiera los autoindultos y los indultos por delitos cometidos bajo la dirección del presidente requeriría el apoyo de dos tercios del Congreso y tres cuartas partes de los estados, algo imposible en el contexto de la polarizada política estadounidense actual. El Congreso podría investigar, exigir la divulgación de los grupos de presión y las contribuciones relacionadas con los indultos, o reforzar los requisitos de registro. Pero estos son paliativos.

Trump ha actuado para institucionalizar la corrupción del poder del indulto. Nombró a Ed Martin, un aliado político, como fiscal de indultos, eliminando el amortiguador tradicional entre el favor presidencial y las decisiones de clemencia. La oficina que una vez mantuvo independencia de la Casa Blanca ahora opera como una extensión de ella.

El daño institucional va más allá. En el Distrito Sur de Nueva York, la oficina de élite que consiguió la condena de Hernández, se están marchando fiscales experimentados. Las principales acusaciones presentadas en la era Biden -incluidos los casos contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, el fundador de Nikola, Trevor Milton, y el ex propietario del Tottenham Hotspur, Joe Lewis- han sido deshechas por Trump a través de indultos, conmutaciones u otros medios. Los casos que construyeron durante años han sido anulados en publicaciones en las redes sociales.

Pero la implicación más oscura está en otra parte. La decisión del Tribunal Supremo en el caso Trump contra Estados Unidos declaró al presidente inmune a la persecución cuando ejerce sus poderes constitucionales “fundamentales”. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, identificó el indulto como “concluyente y preclusivo”. Un presidente puede ahora ordenar a sus subordinados que cometan actos ilegales, asegurarse su propia inmunidad y luego indultar a quienes cumplan sus órdenes. El circuito de la impunidad está completo. Este es el escenario de pesadilla de Hamilton - ahora sancionado por el Tribunal Supremo bajo el liderazgo de Roberts.

Hamilton creía que la discreción ejecutiva pondría fin al conflicto; la discreción de Trump lo aviva. Hamilton creía que la vergüenza evitaría la connivencia; Trump no siente ninguna. Hamilton advirtió que no se debía anunciar de antemano que se indultaría a los rebeldes; Trump ha establecido exactamente esa política permanente, una garantía de que quienes cumplan sus órdenes no sufrirán consecuencias.

El indulto fue diseñado como un poder de emergencia para la paz. Combinado con la inmunidad presidencial absoluta, se ha convertido en un instrumento de anarquía. El presidente puede instruir, inmunizar y absolver. Trump ha transformado un poder destinado a restaurar la tranquilidad de la mancomunidad en un arma dirigida contra la propia mancomunidad. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Stephen Holmes, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y becario del Premio Berlín de la Academia Americana de Berlín, es coautor (con Ivan Krastev) de The Light that Failed: A Reckoning(Penguin Books, 2019).