El Gobierno ajusta reglas para importación de buses eléctricos y reaviva la discusión sobre industria local Infobae
La discusión sobre el papel de la industria nacional en la transición energética volvió a tomar fuerza esta semana, luego de que el Gobierno anunciara ajustes en las condiciones para la entrada de buses eléctricos al país. Aunque la medida generó inquietudes entre algunos sectores del transporte y la opinión pública, el Ejecutivo insistió en que el cambio obedece a un propósito central, reforzar la producción local y consolidar una cadena industrial que ya cuenta con bases sólidas.
El punto de partida del debate es el Decreto 1294 de 2025, norma que establece un arancel del 10% para determinadas importaciones de buses eléctricos. Desde la Casa de Nariño argumentan que Colombia no parte de cero en este segmento y que la decisión responde a un análisis técnico sobre la capacidad instalada del país. De hecho, el Gobierno sostiene que actualmente Colombia es el único territorio de América del Sur con producción y ensamble de este tipo de vehículos utilizando ingeniería, diseño y un número creciente de autopartes desarrolladas localmente.
Detrás de ese énfasis está un cálculo estratégico. Las plantas instaladas tienen hoy la posibilidad de fabricar hasta 1.500 unidades anuales, volumen suficiente para abastecer la demanda interna y, dependiendo del ritmo de crecimiento, abrir una ventana hacia los mercados regionales que ya avanzan en la electrificación del transporte público. Aunque ese techo podría ampliarse, las autoridades advierten que se requiere un entorno de inversión estable, además de reglas claras, para que las empresas sigan apostando por un sector que empieza a mostrar madurez.
Por ello, el Decreto plantea que fortalecer la industria local no solo tiene sentido económico, también ayuda a garantizar que la transición energética no dependa de importaciones que podrían volverse más costosas o inciertas ante cambios geopolíticos, logísticos o comerciales. En palabras del Ejecutivo, la medida “no limita la transición energética ni los esfuerzos de movilidad sostenible”, sino que se orienta a robustecer la base productiva que sostiene ese mismo proceso.
En el análisis oficial, una transición energética sólida es aquella que se construye desde adentro. La política pública, entonces, busca articular manufactura nacional, conocimiento técnico y desarrollo tecnológico. Hoy en el país ya se ensamblan carrocerías, sistemas eléctricos, componentes y soluciones técnicas desarrolladas localmente, un ecosistema que demuestra que la movilidad limpia puede funcionar como motor de reindustrialización.
El Gobierno de Petro destaca que, al ampliar la escala productiva, se consolidan encadenamientos entre proveedores, se generan empleos especializados y se crea un entorno atractivo para la inversión. Todo esto, a su vez, permite que los buses eléctricos fabricados en Colombia puedan competir en mercados externos y convertirse en un activo estratégico dentro del proceso de transformación económica.
El decreto también responde al objetivo de alcanzar una movilidad sostenible que, además de reducir emisiones, impulse sectores industriales capaces de innovar y expandirse. Al integrar más contenido local, se fortalecen capacidades tecnológicas que pueden replicarse en otros segmentos del transporte o incluso en nuevas industrias asociadas a la transición energética.
En ese contexto, la medida arancelaria funciona como una herramienta de política industrial y no como un freno a la electrificación del transporte público. El Gobierno insiste en que la intención no es cerrar el mercado, sino equilibrarlo para evitar que la dependencia absoluta de vehículos importados debilite una industria que ya ha demostrado potencial.
El cierre del decreto resume esa visión: el Ejecutivo “reafirma así una política industrial alineada con la transición energética, enfocada en expandir la producción nacional, modernizar la estructura productiva y promover una movilidad limpia desarrollada y fabricada en el país”. De fondo, lo que busca es que el impulso hacia energías más limpias no avance desligado de la economía real, sino que se traduzca en empleos, tecnología y producción con sello colombiano.
