El precio del aguacate sigue subiendo. La culpa es de la narcoinflación Vanguardia.com.mx

Por Ioan Grillo, The New York Times.

Si compras un limón verde en Estados Unidos —para agregarle el jugo a un cóctel, por ejemplo, o para exprimirlo sobre unos tacos— es muy probable que se haya cultivado en una región abrasadora conocida como Tierra Caliente, en el estado mexicano occidental de Michoacán. Fue allí donde, el 17 de octubre, Bernardo Bravo, cultivador de limón verde y presidente de una asociación de productores locales, grabó con su teléfono un grito de guerra.

En el video, que publicó en Facebook, Bravo pedía a sus compañeros productores de limón que se reunieran en el mercado mayorista local y denegaran la entrada a los mafiosos que pretendían obtener una parte de las ganancias. “No vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote”, dijo, “que esté poniendo precios por la fruta que no es de él”. La manifestación estaba prevista para el 20 de octubre. Horas antes de que comenzara, la policía encontró a Bravo muerto en su vehículo, su cuerpo presentaba signos de tortura y una herida de bala en la cabeza.

En los últimos años, los cárteles mexicanos se han diversificado, y han pasado de la producción de drogas a una serie de actividades delictivas, desde el tráfico de personas hasta el robo de petróleo crudo y, cada vez más, a la extorsión de civiles. Los chantajes, conocidos aquí como “cobros de piso”, despojan de sus ingresos a los trabajadores, desde propietarios de pequeñas tiendas hasta agricultores y camioneros, y hacen subir los precios de los productos en México y en el extranjero. Una asociación empresarial calcula que estas coacciones de protección han costado a las empresas mexicanas unos 1,100 millones de dólares este año hasta septiembre.

En el último año, bajo la presión del presidente Donald Trump, quien ha amenazado a México con aranceles punitivos y ataques militares, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado medidas para hacer frente al crimen organizado, principalmente para detener el flujo de fentanilo y de migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, muchas de estas medidas, enviar tropas adicionales a las ciudades fronterizas, poner en el punto de mira laboratorios de drogas y redes de tráfico, trasladar jefes criminales a custodia estadounidense, parecen destinadas a apaciguar al gobierno de Trump, y han hecho poco para abordar la crisis de extorsión que se vive en las calles de México. Esto se está convirtiendo rápidamente en un grave problema político para la mandataria, por lo demás popular.

La frustración por el statu quo de la criminalidad cotidiana está alimentando una oleada de protestas antigubernamentales en todo el país: camioneros bloquean carreteras por los atracos de los cárteles, ciudadanos realizan marchas y manifestantes agraviados se amotinan desde Michoacán hasta Ciudad de México. El gobierno ha acusado a políticos de la oposición y a activistas extranjeros de derecha de provocar los disturbios. Las acusaciones pueden tener algo de cierto. Pero también es innegable que muchas de las personas que han salido a la calle están realmente hartas de ser intimidadas y maltratadas por los delincuentes.

La crisis de extorsión de México lleva años gestándose. De 2006 a 2018, los dirigentes del país jugaron Pégale al topo con los capos de los cárteles. Con el respaldo de Estados Unidos, los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto lanzaron una guerra en toda regla para acabar con los jefes de los cárteles, incluido el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo.

Sin embargo, los grupos no desaparecieron; a medida que perdieron a sus jefes, se fragmentaron en grupos más pequeños e incluso más violentos. Muchas de estas pandillas fragmentadas carecían de las redes internacionales necesarias para el narcotráfico a gran escala, pero podían hacer dinero rápido con extorsiones. En medio del hastío público por la guerra contra los cárteles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mentor y predecesor de Sheinbaum, abogó por una estrategia de “abrazos, no balazos”, que se enfocaba en las causas profundas del crimen organizado. Eso tampoco funcionó; los cárteles simplemente aprovecharon la política para consolidar sus pretensiones territoriales.

Los signos de la crisis están por todas partes, si sabes dónde mirar. En octubre, viajé a Cuautla, una ciudad mediana al sur de la capital que tiene el mayor índice de extorsión per cápita del país. Francisco Cedeño, periodista local especializado en delincuencia, me llevó a recorrer en cuatrimoto las tiendas incendiadas y tiroteadas que, según dijo, habían sido castigadas por las pandillas debido a la falta de pago. “Las carnicerías tienen que pagar a la maña, a los delincuentes. Por cada kilo de carne que venden, tienen que pagar 20 pesos”, me dijo. “Las tortillerías pagan. El transporte público, taxis o combis, pagan”.

La propietaria de una tienda de comestibles me dijo que las pandillas le habían exigido que les pagara medio millón de pesos, unos 27.000 dólares. Cuando se resistió, amenazaron con asesinar a sus hijos, dijo, y revelaron información que habían reunido sobre sus escuelas y trabajos. Un amigo policía al que acudió le aconsejó que pagara, lo que finalmente hizo, un importe de unos 11 mil dólares. Esto no ha calmado su miedo.

No solo estas pequeñas empresas están en el punto de mira de los cárteles. La extorsión está ahora tan extendida por las tierras de cultivo de México que ha hecho subir el precio de productos como los limones verdes y los aguacates, un fenómeno tan ampliamente reconocido que ahora se denomina narcoinflación.

Uruapan, centro del comercio mexicano de aguacate, se ha visto especialmente afectado. En medio del aumento de la demanda estadounidense, el aguacate se ha convertido en un producto cada vez más valioso. Los cárteles se han dado cuenta. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se convirtió en un firme opositor a los cárteles y ordenó a la policía municipal que se enfrentara a los capos locales. El 1 de noviembre recibió un disparo mortal en una plaza pública, adonde había acudido con su hijo para asistir a un acto del Día de Muertos. Dos semanas después, cuando los manifestantes marcharon por la plaza principal de Ciudad de México, el Zócalo, muchos llevaban carteles con su rostro.

Sheinbaum, quien ganó las elecciones del año pasado con un amplio margen gracias a sus promesas de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, ha mantenido un alto índice de aprobación. Pero su incapacidad para calmar el terror y la tensión financiera de los ciudadanos podría hacerla perder un apoyo crucial. Una mentalidad de asedio no la ayudará: las recientes manifestaciones en México han sido demasiado generalizadas para haber sido obra exclusiva de infiltrados, matones o saboteadores de la oposición, como ha sugerido su gobierno. Una nueva ley contra la extorsión aumentará las penas hasta 42 años para quienes sean condenados por este delito, pero debe ir seguida de una amplia campaña de aplicación de la ley.

Sheinbaum ha dicho que su estrategia contra los cárteles pretende evitar los errores de Calderón, y se enfoca más en tácticas como la recopilación de información y la cooperación entre agencias que en la represión armada. Es cierto que la cantidad de fentanilo que se incauta en la frontera con Estados Unidos se ha desplomado desde que ella asumió el cargo en octubre de 2024. La tasa de homicidios de México también ha descendido sustancialmente, según la policía, aunque las figuras de la oposición afirmen que eso se debe únicamente a que los cárteles ahora desaparecen a más personas, en lugar de dejar cuerpos que se pueden contar.

Puede que Trump se enfoque en las drogas y los migrantes, pero los propios mexicanos están más preocupados por su propia seguridad cotidiana y su capacidad para llegar a fin de mes. La mayoría de la gente no aceptará, ni puede aceptar, dar un diezmo a un cártel como el costo de hacer negocios. c. 2025 The New York Times Company.