El TLCAN-TMEC, hizo del agua una mercancía | Artículo de Alberto Vizcarra Ozuna Editorial Aristegui Noticias
Por Alberto Vizcarra Ozuna
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre ha insistido, y lo ha hecho con mayor intensidad en el contexto de su iniciativa para reformar la ley nacional de aguas, que el agua no debe de ser tratada “como una mercancía, sino como un derecho”. Una expresión que desde el campo jurídico no tiene por qué encontrar resistencia. El problema es que tales definiciones se quedan en el ámbito angelical, cuando las políticas económicas que gobiernan al país han instrumentalizado el agua y su uso – no en razón del incremento en las capacidades productivas y del fortalecimiento de la producción de alimentos- sino en función de su tasa de retorno monetario.
Esta visión monetarista impuesta en el manejo del agua, se instaló a la sombra de la firma del TLCAN, a mediados de los años noventa del siglo pasado, cuando coincidentemente se crea la dirección de CONAGUA bajo la férula de la SEMARNAT. A partir de entonces se levantó la bandera de lo que se dio en llamar “la nueva cultura del agua”, empujada por enclaves de intereses financieros internacionales como el World Wildlife Fund (WWF), que con retórica ecologista, se han dado a la tarea de suprimir y negarle recursos a aquellos proyectos de infraestructura hidráulica que pueden fortalecer las capacidades nacionales de crecimiento económico y producción de alimentos.
El contenido esencial de esa “nueva cultura del agua”, lo explican los funcionarios de CONAGUA, cuando dicen que los viejos parámetros que estimaron el agua como un insumo para la producción de bienes útiles para la población, como los alimentos, deben ser sustituidos por esquemas más eficientes donde el uso del agua se mida por su rendimiento monetario. Esto lo hizo explícito, en su momento, un subdirector de CONAGUA, al afirmar que “reditúa más dinero un metro cúbico de agua en la alberca de un hotel que el utilizado en el riego de una planta de maíz o trigo”.
Cuando la presidenta alega que el agua no debe de ser vista como una mercancía, no se refiere a la necesidad de desmontar los criterios monetaristas que han venido gobernando su manejo desde la imposición del TLCAN. En consecuencia su frase se queda como una consigna, que no tiene mayores efectos para que el agua vuelva a ser entendida y valorada en razón del incremento en las capacidades físico-productivas de la economía y el fortalecimiento en la producción nacional de alimentos.
Más bien la concepción que en materia hídrica tiene la presidenta está inscrita en esta noción torcida de “la nueva cultura del agua”, que bajo el garlito de ponderar el derecho al “consumo humano”, encubre la política criminal de retirarle agua a la producción de alimentos. Se hace una separación arbitraria a la hora de considerar el consumo humano, separándolo de la producción de alimentos, por considerar que la agricultura consume demasiada agua, desestimando que a la hora de comer pan, tortilla, leche, carne y huevos, estamos consumiendo metros cúbicos de agua que están implícitos en la producción de estos bienes.
Estos son los criterios que norman el Plan Nacional Hídrico de Sheinbaum y también su iniciativa de reformas a la ley nacional de aguas. Son esquemas sobrecargados de disposiciones administrativas, suponiendo que con ello se resolverá la crisis hídrica del país. Es indudable que hay problemas de acaparamiento o manejos corrutos en la administración del recurso fomentados por CONAGUA; pero el problema mayor atiende al hecho documentado, desde el 2006, por estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de que el país padece una condición deficitaria en cuanto a la disponibilidad, pues más de la mitad de las cuencas ubicadas al norte y centro del país, registran un sobre carga en su demanda.
No se debe olvidar que la máxima que acompañó la firma del TLCAN, ahora TMEC, es que resulta “más barato importar los alimentos que producirlos nacionalmente”. Apoyados en este supuesto falaz los gobiernos neoliberales separaron el vínculo estratégico que existe entre el agua y la producción de alimentos; vínculo que se había sostenido durante todos los gobiernos posrevolucionarios, hasta 1982. Razón por la cual tuvimos una Secretaría cuya institucionalidad se animaba en la ponderación de la relación indivisible entre el agua y la producción de alimentos: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En tanto el gobierno de Sheinbaum, se mantiene atado a los esquemas económica y comerciales que impone el TMEC, su política hídrica no está pensada para fortalecer la producción de alimentos y sus esfuerzos se dirigen a ejercer un rígido control administrativo sobre un recurso deficitario por falta de obras de infraestructura como el Plan Hidráulico del Noroeste y el Plan Hidráulico del Golfo Norte, que gestionen mayor disponibilidad de agua para hacer posible, no solo la ampliación de la frontera agrícola, sino el crecimiento económico del país. Así el verticalismo en el manejo del agua que se propone la nueva ley de aguas nacionales, terminará por crear más problemas de los que se propone resolver y más estructuras burocráticas que amplían espacios para la corrupción.
Habría que concluir, a riesgo del perogrullo, que una situación estructuralmente deficitaria en cuanto a disponibilidad del recurso, se resuelve con más agua, no con más leyes.
Desde el Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora, 5 de diciembre de 2025
