El gobierno de Estados Unidos aplicará desde diciembre de 2025 un recorte masivo a la validez de las autorizaciones de empleo para refugiados y asilados El Imparcial
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos anunciaron este jueves que reducirán de cinco años a 18 meses la validez máxima de las autorizaciones de empleo (EAD) para varias categorías de inmigrantes, incluyendo asilados, refugiados y beneficiarios de protecciones contra la deportación, de acuerdo con Univisión.
La medida aplicará para todas las solicitudes pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025, marcando el cambio más drástico en la vigencia de permisos desde 2022.
Según USCIS, el ajuste responde a preocupaciones de seguridad nacional derivadas de un ataque ocurrido la semana pasada en Washington DC.
“No deben amenazar la seguridad pública”: la justificación oficial del recorte
Al anunciar la decisión, el director de USCIS, Joseph Edlow, declaró:“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”.
El organismo vinculó el cambio al ataque cometido por un inmigrante afgano contra dos guardias nacionales en la capital estadounidense.
¿Quiénes serán afectados por la reducción a 18 meses?
La nueva vigencia aplicará tanto para permisos iniciales como para renovaciones de las siguientes categorías:
- Inmigrantes admitidos como refugiados
- Personas que ya recibieron estatus de asilado
- Solicitantes de asilo con aplicaciones pendientes
- Migrantes con pedidos de protección contra la deportación
- Solicitantes de cancelación de remoción
- Beneficiarios bajo el Ajuste Nicaragüense y la Ley de Alivio Centroamericana
En el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS), la autorización será válida por un año o hasta la fecha de finalización del TPS, “lo que sea más corto”, aplicando también para quienes estén bajo parole.
Durante los últimos dos años, la vigencia máxima de estos permisos había sido de cinco años, tras haber sido previamente de dos años.
El anuncio llega entre nuevas restricciones migratorias del gobierno
El recorte a las EAD forma parte de un conjunto de nuevas medidas migratorias implementadas en la última semana tras el ataque en Washington DC.
Horas después del incidente, Edlow escribió en su cuenta de X que “cada ‘green card’ de cada extranjero procedente de cada país que genera preocupación” sería revisada.
La revisión incluye residentes legales permanentes originarios de Afganistán, Venezuela, Cuba, Haití, Irán, Somalia, Libia, Sudán y Yemen, entre otros.
Además, USCIS anunció la “suspensión de todas las decisiones de asilo” hasta garantizar una revisión exhaustiva de cada solicitante, justificando la pausa en la necesidad de proteger “la seguridad del pueblo estadounidense”.
El Departamento de Estado suspende emisión de visas y beneficios
El impacto de las medidas alcanzó también al Departamento de Estado, que suspendió de inmediato la emisión de visas para personas con pasaportes afganos.
Más tarde se pausaron beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Haití, Venezuela y Cuba, lo que provocó cancelaciones de ceremonias de juramentación e interrupciones de entrevistas de inmigración.
En cuestión de días, los cambios multiplicaron las restricciones aplicadas por la administración a raíz de un solo caso individual.
Organizaciones migrantes critican el enfoque del gobierno
Durante el fin de semana de Acción de Gracias, la organización #AfghanEvac, fundada en 2021 tras la retirada de tropas de Afganistán, condenó el ataque en Washington DC, pero criticó la respuesta oficial.
En un comunicado, señalaron:“El acto aislado y violento de una persona no debería ser usado como excusa para definir o menospreciar a una comunidad entera”.
Un giro restrictivo con impacto en miles de familias
Las nuevas disposiciones alteran de manera significativa la forma en que USCIS administra la autorización de empleo, un documento clave para miles de personas que residen legalmente en Estados Unidos bajo estatus humanitarios.
A partir de diciembre de 2025, los solicitantes deberán enfrentar renovaciones más frecuentes, procesos adicionales de revisión y un escenario migratorio marcado por una tendencia creciente hacia políticas de seguridad nacional más estrictas.
