Congreso pone bajo la lupa entrega de camiones del transporte urbano en Mexicali El Imparcial
Mexicali, Baja California.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto para que se investigue la entrega de 25 camiones de transporte urbano adquiridos por el Gobierno de Baja California y posteriormente integrados a rutas concesionadas en Mexicali, pese a que no existe claridad sobre la figura jurídica mediante la cual fueron cedidos a particulares.
El diputado Diego Echevarría Ibarra, promovente del punto de acuerdo, señaló que las unidades fueron compradas con el argumento de apoyar la movilidad durante la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, pero más tarde se anunció que operarían en rutas como la Lázaro Cárdenas y, en menor medida, la Robledo.
Afirmó que nunca se explicó bajo qué mecanismo legal se entregó este patrimonio estatal a empresas privadas.
Durante la glosa del Gobierno del Estado, el legislador cuestionó al director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, sobre el supuesto convenio “a riesgo” que se utilizó como fundamento.
Sin embargo, dijo que el funcionario no pudo explicar con precisión en qué consistía dicha figura ni cuál era su sustento jurídico. Según lo expuesto por Echevarría, el esquema actual permite que el gobierno aporte las unidades, pague los seguros y cubra el mantenimiento, mientras que los concesionarios operan rutas rentables y se quedan con la totalidad de los ingresos.
El legislador añadió que, además de la compra de los camiones, el Estado paga 15 mil pesos mensuales por cada unidad para mantenimiento realizado en talleres de los propios concesionarios.
Esto representa un gasto mensual de 375 mil pesos para el IMOS, a pesar de que no administra ni opera directamente las unidades. A decir del diputado, el modelo implica un uso indebido de recursos públicos, pues el Estado continúa absorbiendo los costos mientras los particulares obtienen beneficios sin compartir ingresos.
Con estos señalamientos, la XXV Legislatura exhortó a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, para que revise el convenio y, de encontrar irregularidades, inicie las investigaciones correspondientes sobre posibles actos de corrupción en su celebración y ejecución.
