La deuda salarial de México: productividad, dignidad y la falsa discusión económica Expansión

Como economista me niego a ir con el consenso de que los aumentos salariales son imposibles o deberían estar restringidos por la productividad. Ese argumento se ha repetido durante décadas en México como un dogma incuestionable, aun cuando las condiciones estructurales del país desmienten su validez. Más aún, ha servido para justificar políticas que mantuvieron de manera artificial un salario mínimo que no correspondía ni con el tamaño de la economía mexicana ni con su papel dentro del comercio global.

Para dimensionar esta contradicción: México se ubica hoy entre las 12 a 15 economías más grandes del planeta por tamaño de PIB, dependiendo de la fuente y el año considerado—un rango que confirma su peso como potencia manufacturera y comercial. Sin embargo, durante décadas fue también uno de los países con salarios mínimos más bajos de toda América Latina, muy por debajo de naciones con estructuras productivas menores y muy lejos del nivel salarial de sus socios del T-MEC. Esta asimetría no tenía lógica económica ni fundamento técnico; era una deuda histórica con millones de trabajadores. Se argumenta que los salarios deben crecer únicamente si la productividad lo hace. Pero este razonamiento parte de supuestos técnicamente frágiles. En primer lugar, muy pocos economistas tienen los conocimientos y la técnica para medir correctamente la productividad; además, no existe data suficiente a nivel de empresa, sector o segmento que permita hacerlo con rigor. Aun con esa limitación, lo que sí sabemos es contundente: en sectores clave, especialmente la manufactura de exportación, México opera con niveles de eficiencia altamente competitivos a escala internacional. No es coincidencia que el país sea un nodo esencial en cadenas globales de valor. Más aún, gran parte de las grandes empresas de maquila instaladas en México son de capital extranjero, con procesos modernizados, control de calidad estricto y metodologías avanzadas de operación. Si México fuera realmente un país “improductivo”, no ocuparía su posición actual como uno de los mayores exportadores manufactureros del mundo. Por ello, condicionar los salarios a una productividad ya existente ha sido, en la práctica, un mecanismo para justificar un rezago salarial injustificable. Una de las decisiones más dañinas de la política económica del siglo XX fue utilizar el salario mínimo como herramienta para anclar la inflación, reduciéndolo sistemáticamente en términos reales. La premisa nunca tuvo fundamento técnico sólido; respondía más al temor inflacionario que a un diagnóstico económico serio. En la práctica, esta estrategia destruyó poder adquisitivo, amplió la desigualdad y cimentó un modelo económico que competía con base en salarios bajos, una apuesta limitada para un país con el tamaño de México. A medida que pasaron los años los sindicatos de Estados Unidos y Canadá empezaron a señalar el desequilibrio salarial como un factor distorsionador. No lo hicieron por altruismo, sino porque sabían que México sí es altamente productivo, y mantener salarios artificialmente bajos generaba competencia desleal y presiones de relocalización laboral. Por otro lado, elevar el salario mínimo no es un golpe al empresariado; es un impulso al sistema económico. La economía funciona como un circuito dinámico entre familias, empresas y gobierno. Cuando se incrementa la capacidad de consumo de los trabajadores, se fortalece el mercado interno, crece la demanda y las empresas encuentran nuevos espacios para expandirse. Además, el salario mínimo actúa como un precio líder dentro del mercado laboral. Aunque solo algunos trabajadores ganen ese monto, su actualización empuja al alza otros niveles salariales, especialmente en sectores informales o semicalificados. Por ello, el mito de que subir el salario mínimo afecta negativamente a las empresas desconoce que una economía sólida requiere consumidores fuertes y mercados dinámicos, no solo márgenes laborales comprimidos. Culpar a los aumentos salariales por la posible pérdida de empleos distrae del verdadero desafío. La amenaza real es el cambio tecnológico acelerado, impulsado por la automatización y la inteligencia artificial. Ese fenómeno —global, irreversible y transversal— eliminará empleos repetitivos mucho más rápido que cualquier reforma salarial. La discusión correcta no es cómo impedir aumentos al salario mínimo, sino cómo preparar a la población para un mercado laboral donde muchas tareas quedarán obsoletas. Capacitación, reconversión, educación técnica y digitalización deberían ser los temas centrales del debate, no el temor infundado a pagar salarios dignos.

Durante décadas, México convivió con una contradicción inaceptable: ser una economía relevante, integrada al comercio global, pero con salarios mínimos incapaces de cubrir necesidades básicas. Corregir esa distorsión no es un riesgo; es una obligación moral y económica. Aun así, no hemos llegado al umbral de equilibrio del salario mínimo: faltan incrementos adicionales para restaurar el poder adquisitivo erosionado durante generaciones. El aumento al salario mínimo no es un acto de riesgo macroeconómico. Es una reparación histórica. Y más aún, es una apuesta estratégica por un México más justo, más competitivo y preparado para el futuro tecnológico que ya llegó. ____ Nota del editor: Iván Franco es fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International. Síguelo en X como @IvanFranco555 y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión