Procesaron a nutriólogo por caso Ayotzinapa Infobae
La jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, dictó el 4 de diciembre de 2025 la vinculación a proceso del nutriólogo Irving Arroyo Aranda por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.
Arroyo enfrenta cargos por delitos contra la salud y desaparición cometida por particulares, tras su detención el pasado miércoles 26 de noviembre en Iguala, Guerrero, durante un operativo de cateo en su domicilio.
De acuerdo con información de medios locales, la audiencia se realizó en el Centro Federal de Readaptación Social 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el acusado permanece recluido.
Cómo fue la detención del nutriólogo
El operativo que derivó en la detención de Arroyo se llevó a cabo la madrugada del 26 de noviembre, entre las 4:00 y 4:30 horas, en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta 30, colonia Nicolás Bravo, en Iguala.
Agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezados por el fiscal Mauricio Pazarán Álvarez, ejecutaron la orden de cateo emitida por la jueza Pacheco Torres.
Durante la intervención, también fueron detenidas dos mujeres. Los operativos incluyeron otro inmueble en Ramón Corona 15, en el centro de Iguala, y contaron con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
La orden de cateo se sustentó en la presunta relación de los domicilios con actividades de la organización delictiva Guerreros Unidos, señalados como posibles puntos de reunión y tratos vinculados al trasiego de drogas.
Las autoridades consideran que estos inmuebles podrían aportar indicios relevantes para la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La respuesta de gente cercana al nutriólogo
Tras la detención, tanto familiares como amigos de Arroyo difundieron comunicados en los que afirman su inocencia y solicitan un proceso legal justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.
Silvia Barrios Arroyo, prima y vocera de la familia, expresó su tristeza y decepción por la decisión judicial, subrayando que la familia confía en que el proceso se desarrollará conforme al derecho.
Los allegados del nutriólogo denunciaron que, tras el operativo, desconocieron su paradero durante más de cinco horas, hasta que fueron notificados de su traslado a la Fiscalía de la Ciudad de México alrededor de las 15:00 horas del mismo día.
En las audiencias celebradas los días 27 y 28 de noviembre, se imputaron a Arroyo delitos relacionados con delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares, cargos que, según la familia, “no corresponden a la verdad”.
El comunicado difundido por sus compañeros y familiares destacó la trayectoria profesional de Arroyo, licenciado en Nutrición por la Universidad Fray Luca Paccioli y trabajador del centro de salud Agustín Batalla desde 2013, a quien describen como una persona profesional, ética y comprometida con la comunidad.
El caso ha generado preocupación entre quienes exigen el respeto a la presunción de inocencia y el apego a los derechos humanos. Familiares y amigos han solicitado a medios de comunicación, periodistas y sociedad civil que contribuyan a visibilizar el proceso y vigilar que se desarrolle conforme a la ley.
Además, denunciaron la existencia de planes para trasladar a Arroyo al penal de Almoloya de Juárez, reiterando su llamado a la justicia y a la garantía de los derechos del detenido.
Estas nuevas diligencias y cateos relacionados con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, responden a las demandas de padres de familia que han dialogado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El caso continúa siendo de alta sensibilidad y relevancia nacional. Las autoridades sostienen que los operativos recientes podrían aportar elementos clave para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 2014.
