Eutanasia: la Provincia tiene hasta marzo para pronunciarse sobre el caso de una mujer que pide asistencia médica para morir Infobae
La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires tiene tiempo hasta el 10 de marzo de 2026 para pronunciarse sobre el pedido de María del Carmen Ludueña, una mujer de 63 años que está postrada en su cama desde hace siete y que, a través de la Justicia, pide acceder a la asistencia médica para morir.
El staff de abogados de la Provincia, que es el organismo que representa judicialmente al estado bonaerense, fue instado por el juez Luis Oscar Laserna a posicionarse sobre el pedido de eutanasia que presentó María del Carmen en 2024 a través de un recurso de amparo que, tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, se reconvirtió en una demanda.
María vive en Moreno y en 2001 le diagnosticaron artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en curso grave, resistente a antiinflamatorios, corticoides e hidroxicloroquina. Desde hace siete años, por el avance de su enfermedad autoinmune, María no puede moverse de su cama.
La ayudan a comer, a tomar y a hacer sus necesidades fisiológicas en esa cama que es su casa y que es la superficie en la que su cuerpo se encierra cada vez más sobre sí mismo. Le cambian el canal del televisor, la acomodan para que duerma algunas horas, la higienizan y la acomodan para que no empeoren las escaras que el colchón antiescaras dañado que proveyó PAMI no alcanza a amortiguar.
“Empecé a añorar la muerte”, dice María Ludueña en la demanda que presentó ante la justicia bonaerense a través de un defensor oficial, el abogado Pablo Molins. Lo dice respecto de una infección que sufrió en su rodilla, en la que le habían puesto una prótesis antes de la pandemia. “Empecé a anidar la esperanza de que esta infección en la rodilla me lleve. Esa era mi ilusión, que la infección se convierta en mi aliada, en mi cómplice y me ayude a morir”, sostiene el expediente judicial.
María pide acceder a la asistencia médica para morir y lo pide a través de la justicia porque la eutanasia no está legislada en la Argentina. Uruguay fue, en octubre, el último de los nueve países del mundo en los que una ley habilita a un médico a asistir a una persona a morir, o recetarle el cóctel de medicación que le permita autoprovocarse la muerte. Argentina tiene en este momento cinco proyectos de ley que cuentan con estado parlamentario para que el Congreso debata la legalización de la eutanasia.
Mientras tanto, mientras ese debate no ocurre, el dolor físico y psíquico de María se agrava. “¿Quién me puede decir que esto es vida? Esto no es vida, esto es una tortura. Me hablan de darme las mejores condiciones para que tenga la mayor calidad de vida posible, ¿qué calidad de vida? Esto es un calvario, yo lo único que pido es clemencia, que alguien me escuche y me ayude”, le dijo María a Infobae en una entrevista en octubre.
Su primer intento ante la Justicia, un recurso de amparo, fue rechazado in limine en primera y en segunda instancia, es decir, sin que se considerara particularmente su caso y sólo por no existir una ley que avale su pedido. Fue, en concreto, un rechazo de forma más que de fondo. Pero al mismo tiempo, la Suprema Corte bonaerense instó a la justicia a que su historia fuera analizada en particular.
Tras su paso por la Corte provincial, la demanda de María recayó en el juzgado de Mercedes que encabeza Laserna. Fue ese magistrado, del fuero Contencioso Administrativo, el que dio 45 días hábiles -y las cuatro primeras horas hábiles del día siguiente, de acuerdo a cómo funcionan los tiempos de la justicia- a la Fiscalía de Estado de la Provincia para que emita un pronunciamiento sobre el pedido de Ludueña.
Es la Fiscalía la que debe responder porque es el Estado bonaerense el demandado. Y una vez que ese organismo se pronuncie, será finalmente el juez Laserna el que dictamine a favor o en contra de la solicitud de María.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud debe cumplir la orden que dio la Suprema Corte respecto de garantizar que María reciba todos los servicios de salud que estén disponibles en la actualidad y que puedan servir para paliar su padecimiento de salud física y mental.
Según documentación judicial a la que pudo acceder Infobae, a fines de noviembre un equipo del Hospital Zonal General de Agudos Mariano y Luciano Vega de Moreno visitó a María. “Siento que los huesos se me salen”, les dijo ella para intentar describir el dolor que siente todos los días, a todas las horas, sobre todo en las caderas, las cervicales y el sacro.
El equipo documentó el “padecimiento subjetivo, tristeza, angustia e impotencia en relación a la evolución del cuadro” de María, y su “comprensión / percepción de que únicamente progresará hacia mayores dolencias o dificultades sin posibilidades de recuperar la movilidad”. La parálisis, a esta altura, empieza a impactar en la posibilidad de María de deglutir.
Entre algunas de sus recomendaciones, los profesionales de la salud del hospital de Moreno indicaron que se implemente un tratamiento específico para su dolor, que el área de Salud Mental y de Terapia Ocupacional la evalúen y la acompañen, y que se revise el colchón antiescaras.
Es el área de Derechos Humanos de la Fiscalía de Estado la que ya tiene en análisis el caso de María del Carmen. Lo frecuente es que el pronunciamiento de esa dependencia se ciña a lo que está legislado.
Pero fue la Suprema Corte provincial la que instó a que el caso sea analizado con todas sus particularidades. A eso debería responder la Fiscalía, aunque su pronunciamiento no sea vinculante: será el juez Laserna el que diga que sí o que no al pedido de eutanasia en esta primera instancia.
La Corte bonaerense instó a que el análisis del caso se haga con celeridad, pero la Fiscalía, según dispuso el juzgado de Mercedes, tiene hasta principios de marzo para emitir su pronunciamiento, a lo que le seguirá la sentencia de Laserna. El caso podría, nuevamente, pasar por la Cámara de Apelaciones, llegar a la Suprema Corte bonaerense e incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Están en debate la interpretación del derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad y a la autodeterminación”, sostiene Molins, defensor oficial de Moreno y General Rodríguez que lleva adelante el caso de María. Mientras Ludueña espera los largos plazos de la justicia, asegura: “Cualquiera que pase 24 horas como yo pediría lo mismo”.
