La UE acuerda retrasar hasta finales de 2026 la aplicación de la ley de deforestación Infobae
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado este jueves un acuerdo para retrasar un año más la aplicación de la ley de deforestación europea, hasta diciembre de 2026, ante la preocupación de que las empresas puedan cumplir con las nuevas disposiciones.
El acuerdo, que necesita todavía el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los 27 para su entrada en vigor, prevé soluciones específicas para facilitar su implementación por parte de las empresas, las partes interesadas globales y los Estados miembros, que incluyen requisitos de trazabilidad simplificados.
Los grandes operadores deberán aplicar el reglamento a partir del 30 de diciembre de 2026, y los particulares y pequeñas empresas a partir del 30 de junio de 2027, en una ampliación del plazo adicional que pretende garantizar una transición "fluida y dar tiempo a mejorar el sistema".
Los colegisladores han decidido que la responsabilidad de presentar una declaración de diligencia debida debería recaer en las empresas que primero colocan un producto relevante en el mercado europeo y ha accedido a excluir los productos impresos del ámbito de aplicación del reglamento.
La ponente del Parlamento, la "popular" Christine Schneider, ha defendido que "la esencia del reglamento de la Unión Europea sobre deforestación se mantiene intacta": "Protegemos los bosques que se enfrentan a un riesgo real de deforestación, al tiempo que evitamos obligaciones innecesarias en zonas donde no existe tal riesgo", ha agregado.
"Este acuerdo toma en serio las preocupaciones de agricultores, silvicultores y empresas y garantiza que el reglamento pueda implementarse de forma práctica y viable", ha declarado.
En la siguiente sesión plenaria del 15 al 18 de diciembre, el Parlamento Europeo votará sobre el acuerdo. El texto debe ser refrendado tanto por la Eurocámara como por el Consejo y publicado en el diario oficial de la Unión Europea antes de que acabe el año para que los cambios entren en vigor, puesto que de lo contrario se aplicarán los plazos actuales.