El exdirector de Construcción de Acciona niega en el Supremo el pago de comisiones en adjudicaciones durante la etapa de Ábalos como ministro Infobae

El exdirector de Construcción de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, y su entonces subordinado, Tomás Olarte Sanz, negaron este miércoles ante el Tribunal Supremo haber abonado comisiones ilegales para facilitar adjudicaciones de obra pública durante el periodo en el que José Luis Ábalos dirigió el Ministerio de Transportes. Ambos comparecieron en calidad de investigados ante el magistrado Leopoldo Puente, quien dirige la causa derivada del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala la existencia de una presunta trama de amaño de contratos públicos.

Según fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios, los dos investigados rechazaron de manera categórica la tesis de los agentes, que sostienen que Acciona habría pagado un 2% del importe de cada adjudicación a la empresa navarra Servinabar. Esta sociedad, administrada por el empresario Joseba Antxon Alonso, figura como pieza clave en la supuesta red y, según los investigadores, estaba participada en un 45% por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El juez Puente considera que existen indicios suficientes para atribuir a Pelegrini y Olarte un presunto delito de cohecho y otro de integración en organización criminal, por lo que acordó imponerles medidas cautelares a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular. Ambos deberán comparecer cada 15 días ante el juzgado, entregar el pasaporte y no podrán salir de España mientras continúe la investigación.

El 2% era un “límite” de pago por servicios, según los investigados

La citación de Pelegrini y Olarte se produjo tras la recepción por parte del tribunal de un informe de la UCO que los relaciona, junto a otro empleado de Acciona, José García Alconchel —citado el próximo 15 de diciembre—, con una dinámica de adjudicaciones presuntamente manipuladas con la participación directa de Ábalos, Cerdán y el exasesor ministerial Koldo García. Según la Guardia Civil, la constructora habría logrado contratos gracias a la influencia de estos responsables políticos y, posteriormente, habría derivado pagos a Servinabar equivalentes al 2% de cada proyecto adjudicado.

Durante el interrogatorio, tanto Pelegrini como Olarte defendieron que el porcentaje señalado por los agentes no correspondía a ninguna comisión ilegal, sino al coste de servicios de prevención de riesgos laborales prestados por Servinabar en distintas obras. Aseguraron disponer de facturas que acreditan estas prestaciones y precisaron que el citado 2% no era un importe fijo sino el máximo que podía abonarse en función de la carga de trabajo y las necesidades de cada proyecto.

Pelegrini reconoció mantener una relación de carácter “personal” con Antxon Alonso, si bien afirmó que su trato con Santos Cerdán se limitó a encuentros propios de la interacción habitual con un “agente social”. Negó haber mantenido reuniones semejantes con otros cargos políticos. Olarte, por su parte, declaró que su relación con Alonso fue exclusivamente “profesional” y que no conocía al ex secretario de Organización socialista.

Reuniones, aplicaciones cifradas y fotografías que la UCO atribuye a otra cita

El informe de la UCO detalla que Pelegrini y Alonso mantuvieron diversos encuentros presenciales y telemáticos, uno de los cuales habría contado con la presencia de Cerdán. Según los agentes, los participantes adoptaban medidas de seguridad como apagar el teléfono móvil o comunicarse mediante aplicaciones cifradas de mensajería, entre ellas Threema. Durante la declaración, el magistrado preguntó expresamente a Pelegrini por estas prácticas, así como por la supuesta costumbre de mostrar en pantalla documentos relativos a obras en proceso de adjudicación.

El exdirectivo explicó que los documentos se compartían únicamente para que Alonso pudiera tomar notas durante la reunión, aunque el juez consideró que esta explicación no era “razonablemente atendible”, según consta en el auto en el que se imponen las medidas cautelares.

Otro de los puntos analizados fue la aparición, en el informe de la Guardia Civil, de dos fotografías fechadas en junio de 2019 que situarían a Pelegrini, Alonso y Cerdán en dos ubicaciones distintas —un piso del dueño de Servinabar en Madrid y un bar de la capital— en días diferentes. Pelegrini negó esa versión y aseguró que ambas imágenes corresponden al mismo día y a una reunión dedicada al proyecto Mina Muga, una explotación minera en Sangüesa (Navarra) adjudicada a Acciona y en la que Servinabar participó como empresa auxiliar.

La compañía despidió a su exdirector de Construcción en junio, poco después de hacerse público el informe de la UCO que desembocó en la imputación de Cerdán. El documento incluía una conversación de noviembre de 2023, ya durante la etapa de Óscar Puente al frente de Transportes, en la que Koldo García decía a Ábalos: “Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona”. Interrogado al respecto, Pelegrini negó tajantemente que esa afirmación fuera cierta.