Suspenden juicio a okupas detenidos por agredir a alcalde de Burguillos (Sevilla) tras no comparecer acusados Infobae
El juicio a las tres personas que ocupaban ilegalmente una vivienda en Burguillos (Sevilla) y que fueron detenidas en marzo de 2022 por agredir físicamente al alcalde, Domingo Delgado, después de que Endesa les cortase la luz, hechos por los que se enfrentan a una petición fiscal de un total de ocho años, se ha suspendido esta semana por la incomparecencia de testigos, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Por el momento, el caso queda en suspenso a la espera de la comparecencia de los testigos. Una vez se confirme si estos se presentan, el juicio podrá ser reprogramado para otra fecha, o, en caso de que persista la incomparecencia, podría considerarse la emisión de una orden de búsqueda, decisión que corresponderá al juez encargado del procedimiento.
La Fiscalía de Sevilla solicita penas desde un año y medio hasta cuatro años de prisión para los acusados por el mencionado episodio y concluye que los hechos investigados constituyen delitos de atentado contra la autoridad y contra agente de la autoridad, además de delitos leves de lesiones. Por su parte, según el escrito de acusación, consultado por Europa Press, la misma solicita 9 años, 7 meses y 1 día de prisión, resultado de sumar las penas por presuntos delitos de atentado, lesiones y amenazas, junto con multa de 12 meses y 1 día a razón de 12 euros diarios, y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la localidad de Burguillos durante 5 años.
Según el Ministerio Público, los hechos se remontan al 9 de marzo de 2022, momento en que los acusados, ambos mayores de edad y de nacionalidad rumana, se encontraban en el domicilio en el que residían, junto a otras personas "no debidamente identificadas".
En un momento dato, prosigue la Fiscalía, "llegó al lugar un funcionario del Cuerpo de Policía Local, acompañado de dos técnicos de Endesa a fin de llevar a cabo una serie de actuaciones". Las mismas son referidas al corte de luz derivado de una política para evitar los suministros fraudulentos llevada a cabo por el Consistorio de la localidad, tal y como narró el alcalde a esta agencia en el momento de los hechos, dado que en la localidad el abastecimiento de agua depende del Ayuntamiento.
La acusada, continúa, "se dirigió hacia ellos en forma muy violenta, por lo que el citado funcionario del Cuerpo de Policía se interpuso entre ambas partes. La acusada, muy violentamente, forcejeó con el mencionado agente tratando de echarle hacia un lado mientras le decía "esto no va a quedar así, te voy a meter fuego, ya te cogeremos cuando no tengas esa ropa puesta". Cuando el agente trató de sujetarla, el acusado "profirió expresiones intimidatorias tales como "suéltala maricón, a ella no la toques, te voy a matar cuando no lleves esa ropa puesta, qué chulo te crees" ".
Posteriormente, sobre las 23,00 horas del mismo día y una vez tranquilizado el anterior altercado, el acusado acudió junto con su hermano, también acusado, y otras personas a la vivienda del alcalde de la localidad "para recriminar" lo que acababa de suceder.
Según el escrito de conclusiones provisionales emitido por la acusación particular, ese mismo día el alcalde "se encontraba en el tanatorio del municipio velando a un familiar, cuando recibió llamada de su hija alertándole de que había varias personas aporreando y dando patadas en la puerta de su domicilio, y vertiendo amenaza a insultos".
Prosigue el escrito, "Domingo se bajó del vehículo que conducía su hermano y no le dio tiempo si quiera a dirigirse a las personas que estaban aporreando la puerta de su casa cuando éstas se dirigieron a él, golpeándole y arrojándole al suelo donde recibió golpes, patadas, etc., así como amenazas de muerte a él y a su familia, entre ellas que lo iban a matar, a quemar su casa, y que iban a llamar a más familiares y se iban a enterar".
El Ministerio Público sostiene que los agredidos sufrieron diversas lesiones. Además, el juez decretó una medida cautelar de alejamiento respecto a la localidad, a la que no podrán acercarse a menos de 500 metros.
En cuanto a la participación, la acusada es considerada por la Fiscalía coautora del delito de atentado contra agente de la autoridad. Uno de los acusados es señalado como coautor tanto del atentado contra agente de la autoridad como del atentado contra autoridad, además de coautor de los dos delitos leves de lesiones. El otro acusado es considerado coautor del atentado contra autoridad y de los delitos leves de lesiones.
Por todo ello, solicita para la acusada 1 año y 6 meses de prisión e inhabilitación para sufragio pasivo. Para los dos acusados, pide 2 años y 6 meses de prisión por el atentado, multas de 10 meses y, además, multas de 2 meses y 15 días por cada delito leve de lesiones, todas con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad subsidiaria en caso de impago.
