Alcaldesa de Actopan explica fracaso en compra de terreno Hora Cero
Juan David Castilla
La alcaldesa de Actopan, María Esther López Callejas, destacó la transparencia de la inversión municipal, que atribuyó a la recaudación local, y ofreció una explicación detallada sobre un compromiso que no pudo concretar: la compra de un terreno colindante al río Actopan.
López Callejas aclaró que las obras realizadas se financiaron principalmente con «recurso propio», refiriéndose a los fondos generados por la recaudación del ayuntamiento, aunque reconoció la colaboración de miembros del cabildo que «aportaron su granito de arena, algunos me llevaban una puerta, una ventana».
La alcaldesa enfatizó que estas obras fueron posibles gracias a la gestión de los recursos municipales. También mencionó que aún están en proceso la cancha de básquetbol y otras obras que pronto serán inauguradas.
La alcaldesa ofreció una explicación pública sobre la razón por la que no se concretó la compra de un terreno junto al río Actopan, un compromiso adquirido en 2022. La principal razón fue un conflicto relacionado con la zona federal del río y la documentación requerida.
El 17 de mayo de 2022, el ayuntamiento solicitó al propietario el título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Con base en la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA es la única autoridad que determina la distancia que debe existir entre el río y la propiedad privada, usualmente entre 10 y 20 metros.
Tras analizar las imágenes y la delimitación legal, la alcaldesa concluyó que la mayor parte del terreno que disfruta la gente («terreno ganado al río») ya pertenece al dominio público, es decir, es la zona federal determinada por CONAGUA. La franja real que el ayuntamiento tendría que comprar es mínima, y consistía en unas construcciones «rotas y deterioradísimas» que la gente no usa.
El costo del terreno, que inicialmente se había cotizado en 400 mil pesos, aumentó a 600 mil pesos más 28 mil pesos por gastos de escrituración. La alcaldesa cuestionó a la población si valía la pena gastar 628 mil pesos por la pequeña franja de terreno privado y las construcciones deterioradas, argumentando que el río y la mayor parte del espacio adyacente son patrimonio de los actopeños. Por esta razón, la compra no se concretó.
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