Actuaciones de la Dian pondrían en riesgo la seguridad energética de Nariño, advierte Puerto de Tumaco Infobae
El Puerto de Tumaco enfrenta en estos días una emergencia operativa tras la suspensión de actividades logísticas clave debido a decisiones recientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Ejecutivos de la concesión portuaria advierten que la medida ha dejado en riesgo la provisión energética del departamento de Nariño, región que depende de la infraestructura marítima para la llegada de combustibles.
Las restricciones impuestas se derivan de una cadena de acciones administrativas y técnicas iniciadas a mediados de noviembre de 2025. Durante un proceso de exportación rutinario de aceite de palma, el sistema digital de la Dian deshabilitó de forma automática la plataforma, argumentando el vencimiento de una póliza de garantía exigida al concesionario. Las operaciones se interrumpieron de manera inmediata.
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En este contexto, la Dian ofreció una habilitación temporal del acceso operativo. Para ello pidió a la concesión portuaria un conjunto de cartas enviadas por exportadores y un balance acerca del impacto económico y social del sector palmicultor en la región.
Tras recibir estos documentos, la agencia estatal concedió la habilitación temporal para reanudar los trámites aduaneros, aunque impuso nuevas condiciones: la presentación de una solicitud formal para la habilitación permanente y la radicación de una serie de solicitudes administrativas adicionales relativas a las operaciones programadas hasta finales de año.
De acuerdo con la concesión portuaria, todas las exigencias fueron cumplidas y los trámites fueron radicados según la normativa y los tiempos indicados. No obstante, la Dian negó después la habilitación temporal bajo argumentos jurídicos que, según la concesión, no corresponden al procedimiento ni a las competencias del funcionario responsable. Esta decisión dejó en suspenso el ingreso de combustibles y otras operaciones marítimas relevantes para la región.
El impacto de esta medida se extiende a la vida cotidiana del departamento. El Puerto de Tumaco es la única infraestructura habilitada para el abastecimiento masivo de combustibles en Nariño, y el sistema logístico de distribución depende por completo de la llegada de embarcaciones a esta terminal.
Una detención en la entrada de hidrocarburos compromete la movilidad, la generación eléctrica y el desarrollo de actividades industriales y comerciales en la costa sur del país.
Frente a este panorama, la concesión portuaria emprendió acciones legales. El operador presentó una acción de tutela argumentando una vulneración del derecho fundamental a la seguridad energética de la población nariñense. Además, el proceso ha generado actuaciones disciplinarias: la concesión denunció el incumplimiento de términos procesales por parte del despacho judicial encargado de resolver la tutela.
En declaraciones públicas, voceros del puerto han sostenido que es imprescindible que la autoridad judicial determine si se configuró una extralimitación en las funciones por parte de la Dian y si las decisiones adoptadas pusieron en entredicho la estabilidad del suministro energético en la región.
La solicitud de habilitación temporal para la operación del puerto se encuentra en este momento bajo revisión del nivel central de la Dian, sin respuesta oficial definitiva por parte de la entidad. “La prioridad institucional es garantizar la continuidad del suministro de combustibles y resguardar el funcionamiento logístico del departamento”, señalaron los representantes del puerto.
Han solicitado que se restablezca de inmediato la habilitación temporal durante el tiempo que avance el trámite de habilitación permanente, en línea con lo que establece la regulación nacional.
Mientras tanto, el abastecimiento de combustibles en Nariño permanece en alerta. La expectativa está centrada en la decisión de la Dian, aunque la concesión sostiene que la intervención judicial será clave para aclarar los límites de las actuaciones administrativas e impedir que el suministro energético de un territorio estratégico vuelva a verse interrumpido por trámites o controversias regulatorias.
