Accionistas de reconocida marca en Colombia habrían comprado predios del paramilitar Carlos Castaño en Córdoba: Fiscalía les embargó 522 hectáreas Infobae
La Reforestadora del Sinú, filial del grupo Solari, de Chile, —accionista de la cadena Falabella en Colombia—, enfrenta procesos judiciales en tras el embargo de 522 hectáreas de tierras en el departamento de Córdoba por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Un reciente fallo del Tribunal Superior de Antioquia ordenó la devolución de 264 hectáreas a víctimas del despojo, al considerar que la adquisición de estos predios se habrían realizado en medio de la época de violencia armada y desplazamiento forzado.
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Según documentos judiciales obtenidos por El Espectador, la Fiscalía General de la Nación embargó las 522 hectáreas adquiridas por la Reforestadora del Sinú hace 15 años en el municipio de Valencia, Córdoba.
Las autoridades sostienen que estos terrenos habrían pertenecido en la década de 2000 a la cúpula paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, jefe de la Oficina de Envigado.
Testimonios de exparamilitares recabados entre 2018 y 2021 permitieron a la Fiscalía decomisar los predios e incluirlos en el listado de bienes destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado.
El fallo judicial que ordena la restitución de 264 hectáreas se fundamenta en que la compra de estos terrenos por parte de la Reforestadora del Sinú se habría realizado en un entorno marcado por asesinatos, desplazamientos y despojos forzados, perpetrados por los Castaño y sus aliados.
El municipio de Valencia, epicentro de la violencia paramilitar en los años 90 y 2000, fue escenario de la lucha de la lideresa campesina Yolanda Izquierdo, quien representaba a más de 800 familias despojadas de sus tierras.
Izquierdo fue asesinada en 2007, crimen por el que actualmente enfrentan juicio Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche —exjefe de seguridad de los Castaño—, y Guillermo Alberto Mass Sánchez, uno de los vendedores de tierras a la Reforestadora.
La finca La 21, uno de los predios embargados, fue señalada por la Fiscalía como centro de operaciones paramilitares y lugar de reuniones entre miembros de las AUC, empresarios y políticos.
“Monoleche”, desmovilizado en 2004, entregó información sobre la propiedad de La 21 y otros terrenos, algunos de los cuales terminaron en manos de la Reforestadora del Sinú.
Según el expediente obtenido por el diario nacional, la empresa adquirió en 2011 un lote de 117 hectáreas por 368 millones de pesos y, en el mismo año, compró a Mass Sánchez una finca de cincuenta hectáreas por 143 millones.
Cuatro años después, la Fiscalía incluyó este último terreno en la lista de bienes entregados por las AUC para la reparación de víctimas.
En su defensa, la Reforestadora del Sinú sostiene que todas sus compras se realizaron bajo estrictos procesos de verificación.
La empresa afirma que, desde 2015, cuando surgieron los primeros señalamientos sobre los antecedentes de los predios, llevó a cabo investigaciones para diferenciar los lotes adquiridos de aquellos vinculados a exparamilitares.
“Es absolutamente diferenciable e individualizable el lote de propiedad de la Reforestadora con relación al inmueble ofrecido por Roldán Pérez”, señaló la Reforestadora del Sinú a El Espectador.
Además, en 2012, contrató a la firma internacional Kroll para analizar los antecedentes judiciales de los vendedores.
El informe de Kroll, citado por El Espectador, no halló registros judiciales contra Héctor Téllez Ardila, uno de los vendedores, aunque no incluyó información sobre Mass Sánchez, quien posteriormente fue vinculado al proceso penal por el asesinato de Izquierdo.
Luis Enei, director del proyecto forestal de la Reforestadora, declaró a El Espectador que la empresa no tenía forma de conocer los nexos de algunos vendedores con el paramilitarismo al momento de las compras.
Enei advirtió que la adquisición a Mass Sánchez correspondió a una finca de tamaño reducido y que la compañía cuenta con documentación que respalda la legalidad de todas sus operaciones.
La Reforestadora insiste en que sus análisis de riesgo no permitieron anticipar la magnitud del conflicto armado en la zona ni los antecedentes de violencia que pesaban sobre los predios.
El contexto histórico de la región refuerza la complejidad del caso.
Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, documentan que los municipios de Valencia y San Pedro de Urabá fueron epicentro de una estrategia sistemática de despojo paramilitar.
Campesinos fueron obligados a vender sus tierras a precios irrisorios y a firmar documentos falsos, en una operación liderada por Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño y suegra de Monoleche, condenada en 2018 por el asesinato de Yolanda Izquierdo.
La Fundación para la Paz en Córdoba (Funpazcor) fue señalada como instrumento para legitimar estas transacciones fraudulentas.
La situación judicial de la Reforestadora del Sinú sigue abierta.
El Tribunal Superior de Medellín programó para el 30 de junio de 2026 una audiencia pública en la que la empresa expondrá sus argumentos para recuperar 117 hectáreas actualmente bajo control de las autoridades.
Además, el tribunal analiza desde 2018 una reclamación sobre otras 405 hectáreas, presuntamente vinculadas a Héctor Fabio Jaramillo Cardona, alias Orión, exmiembro de la Policía y cofundador de los bloques Héroes de Tolová y Cacique Nutibara de las AUC. Según la Fiscalía, seis predios reclamados por la Reforestadora estuvieron en manos de testaferros de Orión, aunque la empresa sostiene que no existen pruebas concluyentes de que estos terrenos hayan pertenecido a estructuras criminales.
Mientras tanto, la Unidad de Restitución de Tierras evalúa la situación de otros dos predios de la Reforestadora en San Pedro de Urabá, que cuentan con solicitudes de restitución pendientes.
La empresa, por su parte, mantiene su postura de que todas las compras se realizaron de buena fe y con apego a la legalidad, y continúa defendiendo sus derechos ante los tribunales colombianos, según reiteró a El Espectador.
