¿Debe el turismo de lujo pagar por su impacto ambiental? La propuesta de impuestos verdes para que visitantes de alto poder adquisitivo paguen por la conservación en México El Imparcial
El sector turístico de México, uno de los motores económicos del país, enfrenta un dilema: es a la vez un recurso vital y una fuente significativa de contaminación y presión sobre los ecosistemas.
Ante la triple crisis ambiental —cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad—, un análisis de Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) propone reorientar la política fiscal para que el turismo contribuya directamente a la protección de los destinos que visita.
La iniciativa busca crear y fortalecer impuestos ambientales que graven desde jets privados hasta la estancia en hoteles, con un doble objetivo: desincentivar las prácticas más contaminantes y generar un fondo específico para financiar la conservación y la adaptación climática.
El turista de lujo y su huella: La propuesta para gravar jets y yates
La propuesta establece una distinción clara: no todos los turistas contaminan igual. Se enfoca en gravar a los visitantes de mayor poder adquisitivo, cuya huella de carbono es desproporcionada.
México se posiciona entre el segundo y tercer lugar mundial en posesión de aeronaves privadas, con cerca de 2,000 jets. Un vuelo en estos aviones puede contaminar hasta 14 veces más por pasajero que un vuelo comercial.
La Alianza por la Justicia Fiscal señala que, actualmente, las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) no hacen distinción entre un vuelo comercial y uno privado.
La propuesta es implementar un cobro de derechos adicional para jets privados, basado en el costo social de sus emisiones, aplicable en rutas de alta demanda como Toluca, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Los Cabos.
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En cuanto a los yates de recreo, un mega yate puede generar una huella de carbono anual equivalente a la de 1,400 personas. Sin embargo, los costos de anclaje en México son de los más bajos del mundo.
En Los Cabos, la tarifa diaria para un yate es de 64.16 pesos, y en Cozumel, de 20 pesos por pie de eslora. En contraste, en destinos como Florida o Los Ángeles, la tarifa puede ser de 120 a 240 dólares por pie.
La iniciativa sugiere alinear las tarifas mexicanas a estándares internacionales, especialmente en puertos de turismo de lujo.
Al respecto, Diego Merla, coordinador de la estrategia de justicia fiscal en Oxfam México, señaló:
Este es un botón de muestra de las injusticias fiscales vigentes en nuestro país y de las grandes áreas de oportunidad para hacer nuestra recaudación más justa, más verde, y además fortalecer los ingresos públicos de las zonas donde operan este tipo de transportes de lujo”.
Impuestos en el destino: Saneamiento ambiental y hospedaje
Más allá del transporte de lujo, la propuesta busca que el turismo masivo también contribuya. El mecanismo existe, pero su aplicación es limitada.
Actualmente, solo algunos municipios de Quintana Roo y Los Cabos cobran el Derecho de Saneamiento Ambiental, que es de aproximadamente 76 pesos por noche de hospedaje.
Los recursos se destinan a la limpieza y mantenimiento ambiental del destino. La propuesta es expandir este cobro a otros polos turísticos como Acapulco, Puerto Vallarta, Huatulco, San Miguel de Allende y Mazatlán.
El Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH), con tasas entre 2% y 6%, se aplica en todo el país. Sin embargo, no tiene un componente ambiental definido.
La iniciativa plantea “ecologizar” este impuesto, etiquetando una parte de lo recaudado para proyectos de turismo sustentable, conservación de áreas naturales y restauración de ecosistemas en las propias zonas turísticas.
Beneficios económicos vs. impacto en la industria: Un equilibrio necesario
La implementación de estos impuestos verdes presenta un balance entre beneficios y desafíos para el sector turístico.
Beneficios económicos potenciales:
- Financiamiento estratégico: Los recursos recaudados se reinvertirían en los destinos, mejorando la infraestructura ambiental, manejando residuos y conservando playas y áreas naturales. Esto aumenta el atractivo y la competitividad del destino a largo plazo.
- Turismo sostenible como modelo: Al invertir en conservación, se protege el capital natural que atrae a los turistas, asegurando la viabilidad futura de la industria.
- Fortalecimiento de los ingresos públicos: Los municipios turísticos dispondrían de más recursos para ofrecer servicios de calidad y enfrentar los costos de la contaminación que genera el turismo.
Posibles impactos en la industria:
- Percepción de mayor costo: Existe el riesgo de que los turistas perciban el destino como más caro, especialmente si los impuestos no se traducen en mejoras visibles.
- Competitividad regional: Si la medida no se coordina a nivel nacional, algunos destinos podrían temer perder competitividad frente a otros que no aplican estos gravámenes.
- Enfoque en sectores específicos: Las medidas dirigidas al turismo de lujo, como los impuestos a jets y yates, tienen un riesgo mínimo de afectar al turismo masivo. El desafío mayor está en aplicar impuestos generales, como el de saneamiento, de manera que no desincentiven al visitante promedio.
La discusión está sobre la mesa: transformar la relación entre turismo y medio ambiente a través de la fiscalidad. El objetivo final es claro: que los recursos generados por la industria sirvan para proteger los mismos paraísos que la sostienen.
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