Fraudes digitales y morosidad elevan la exigencia pública sobre cobranzas MPV

Impactos legales y sociales en 2025 presionan cambio de políticas en cobranzas

Notipress.- El uso de tecnologías automatizadas en la cobranza y el aumento de fraudes digitales vinculados a préstamos no regulados colocaron al sector bajo una presión creciente en 2025. Autoridades, usuarios y legisladores demandaron en 2022 nuevas políticas para reforzar la protección de datos personales, el trato al deudor y la supervisión de procesos de recuperación.

Uno de los detonantes fue el caso de las denominadas montadeudas, aplicaciones de crédito rápido que operaban sin autorización financiera y que, tras otorgar préstamos, recurrían a métodos extorsivos para presionar a los usuarios. Según cifras revisadas por NotiPress, más de 5,400 denuncias fueron presentadas ante autoridades solo hasta julio de 2022, con un incremento de 454% respecto al año anterior. Además, de acuerdo con Presidencia, se estima que más de 500 mil personas fueron afectadas en México, 70% de ellas mujeres en la Ciudad de México, muchas en situación de vulnerabilidad. Al 25 de febrero de 2025, el Congreso de la CDMX reportó que los fraudes cometidos por montadeudas aumentaron un 33 por ciento.

Estas aplicaciones accedían a contactos, galería de imágenes y archivos personales desde los teléfonos de los usuarios, quienes frecuentemente desconocían los riesgos al aceptar préstamos sin verificar la legalidad del proveedor. La práctica derivó en amenazas, manipulación y difusión de información privada, incluso después del pago del préstamo.

Frente a este contexto, Alan Ramírez Flores, presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB), explicó en entrevista con NotiPress que las empresas formales del sector están obligadas a actuar con legalidad, transparencia y responsabilidad. «Hay un interés público por asegurarse de que se respeten los derechos, tanto del acreditado como del acreedor», afirmó.

Ramírez, especialista del sector cobranzas y también CEO de la firma COPERVA, indicó que las organizaciones han comenzado a revisar sus protocolos internos con base en estándares éticos, tecnológicos y legales. El objetivo es garantizar procesos de cobranza que respeten los derechos humanos y la privacidad, especialmente en un entorno donde la automatización puede facilitar errores o abusos si no se aplica con supervisión adecuada.

Por otro lado, congresos estatales y federales han iniciado el análisis de reformas que contemplan limitar horarios de contacto, prohibir la difusión de datos personales y obligar a despachos y empresas fintech a identificarse correctamente en toda gestión de cobro. Las iniciativas también dan prioridad a la restricción de prácticas como el acoso vía llamadas o el contacto con terceros.

A nivel operativo, las empresas afiliadas a APCOB están adoptando inteligencia artificial y simuladores para capacitar a su personal en la atención con empatía y resolución legal. Estas herramientas permiten personalizar estrategias de recuperación sin recurrir a esquemas punitivos ni presión indebida.

«Lo que nos toca como gremio es diferenciarnos. El respeto a los derechos humanos es parte del servicio», sostuvo el experto, al señalar que los cambios legales y sociales no son un obstáculo, sino una oportunidad para profesionalizar el sector.

La proliferación de fraudes financieros hizo evidente la necesidad de fortalecer la educación financiera y promover prácticas de cobranza claras, trazables y verificables. Según el entrevistado, muchas personas acceden a préstamos sin entender condiciones básicas o sin verificar la fuente, lo que expone tanto al impago como a la vulneración de su información personal.

Ante un entorno cada vez más exigente, puede leerse entre líneas que las empresas de cobranza enfrentan el desafío de operar con mayor responsabilidad ante una creciente demanda social de transparencia, legalidad y respeto al deudor. La combinación de riesgos tecnológicos, como los fraudes en plataformas digitales, y el desconocimiento generalizado sobre productos financieros, refuerza la necesidad de profesionalizar al sector y promover prácticas más transparentes, éticas y orientadas a la educación del usuario.