Zonas arqueológicas, mina de oro Sol Yucatán
- Cultur recauda más de mil millones de pesos al año por entradas a Chichén Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún, pero todo va a gasto corriente del gobierno del estado.
- Ahora pretenden entregar el control de los nuevos paradores turísticos a un operador sin perfil ni relación con el INAH, justo cuando abrirá el megaparador de Chichén Itzá.
Redacción/Sol Yucatán
En Yucatán, uno de los negocios más lucrativos del gobierno estatal se maneja en absoluta oscuridad: las entradas a las zonas arqueológicas. Entre Chichén Itzá, Dzibilchaltún y Uxmal, Cultur y AFFY recaudan más de mil millones de pesos cada año, pero ese dinero termina directamente en la cuenta corriente del gobierno estatal, sin que exista un solo informe público que explique en qué se utiliza.
El acceso a Chichén Itzá resume la magnitud del negocio: el Estado cobra $576 pesos por visitante, el INAH $95, para un total de $671 por persona. Hace años existía un acuerdo, establecido desde el gobierno de Cervera Pacheco, para que la mitad de lo recaudado por el Estado fuera entregado al INAH Yucatán, con el fin de apoyar trabajos de exploración y conservación. Ese acuerdo nunca volvió a respetarse.
Por eso, el INAH ha puesto históricamente trabas a proyectos del gobierno estatal, incluidos los videomappings de Chichén, Uxmal y Dzibilchaltún, eventos donde Cultur está obligada a entregar la mitad de las ganancias.
Ahora, la polémica crece justo cuando está por inaugurarse el nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI) en Chichén Itzá, una estructura gigantesca, del doble del tamaño del Centro de Convenciones Siglo XXI, construida con recursos federales del programa PROMEZA. Pese a su relevancia, el control de ese nuevo parador será entregado a Cultur… sin que la dependencia haya transparentado jamás el destino de los ingresos millonarios que maneja.
Y al frente de esa operación pretenden colocar a David Escalante Lombard, un operador político cercano a la administración estatal, dedicado a organizar congresos y convenciones, pero sin experiencia en patrimonio arqueológico, sin vínculo con el INAH y sin conocimiento del manejo técnico y administrativo que requieren estos sitios.
David Escalante Lombard no es ajeno al sector turístico empresarial, aunque su trayectoria ha estado enfocada principalmente en congresos y convenciones, no en la administración de zonas arqueológicas. En 2021 fue electo presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY), cargo al que llegó por unanimidad de sus agremiados. Un año antes también ocupó la vicepresidencia del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán. En 2024, al inicio del gobierno de Joaquín Díaz Mena, fue colocado como director del Fideicomiso Público para el Desarrollo de Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) y director general del Centro Internacional de Congresos. Ahora, tras los recientes movimientos en el gabinete, Escalante Lombard es impulsado para asumir el control de Cultur y, con ello, manejar directamente los nuevos y millonarios paradores turísticos del estado.
La preocupación es evidente: el nuevo director tendría bajo su control los CATVIS de Chichén Itzá, Dzibilchaltún y próximamente Uxmal, convirtiéndose en responsable de la mayor fuente de ingresos turísticos del estado… sin rendir cuentas a nadie.
Mientras tanto, los yucatecos siguen sin saber en qué se gastan los mil millones de pesos anuales que salen directamente de sus zonas arqueológicas. Ningún gobierno estatal ha transparentado esos recursos, y Cultur se ha convertido en una auténtica caja negra.
El patrimonio histórico se sostiene solo gracias a su gente, pero los ingresos que genera siguen perdidos en un sistema opaco donde nadie responde. En Yucatán, la riqueza cultural sí deja dinero; lo que no deja es claridad.
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