Gobierno Petro daría marcha atrás al cambio en el 4x1.000 y restaurar el esquema antiguo en el sistema bancario Infobae
El Gobierno de Gustavo Petro estaría buscando un cambio sobre el 4x1.000 que revierte la modificación aprobada en la reforma tributaria de 2022.
Ese ajuste que debía entrar en vigencia plena en diciembre de 2024 autorizaba que todas las cuentas de una persona quedaran cubiertas por la exención hasta un límite de 350 UVT al mes, lo que equivale a unos 17,4 millones de pesos para 2025.
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El propósito de la medida era claro: quienes no superaran ese monto de movimientos mensuales no pagarían el gravamen en ninguna de sus cuentas, modernizando un sistema vigente desde 1998 que se ha considerado obsoleto y oneroso.
A pesar de su aprobación, el país continúa bajo el modelo antiguo, ya que el sistema que debe interconectar de manera automática a todas las entidades recaudadoras no está listo.
Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, declaró en entrevista con Valora Analitik que la banca cumplió con sus ajustes tecnológicos y se encuentra preparada para activar el nuevo modelo. “Se sigue trabajando en la definición jurídica del sistema. La ley exige que haya un solo esquema y que todas las entidades que recaudan el gravamen estén conectadas”.
El directivo detalló que la responsabilidad de la demora no recae en los bancos integrantes de Asobancaria, sino en otras instituciones (cooperativas, cajas de compensación o fondos de empleados) que no lograron adecuar sus sistemas.
De acuerdo con la normativa, las entidades incapaces de cumplir con la exigencia técnica podrían enfrentar sanciones, aunque esa disposición nunca operó plenamente.
Durante 2024 numerosos clientes reclamaron a sus bancos el cobro del 4x1.000, pese a mantenerse por debajo del umbral exento.
Katherin Díaz, abogada tributarista de V&V Asociados, en declaraciones recogidas por Valora Analitik precisó que “las personas pueden solicitar la devolución si el cobro fue hecho de manera indebida, incluso si los bancos no han implementado el sistema universal”, afirmó.
La jurista recalcó que “la Dian autorizó hacer la solicitud, aunque los sistemas no estuvieran listos, por temas relativos al tratamiento de datos financieros y personales”.
En este momento, la ley obliga a los bancos a implementar el sistema de información y otorga a los usuarios el derecho a exigir la exención, aunque la aplicación técnica de ese beneficio aún no sea posible, según explicó la experta.
El Gobierno plantea otros ajustes en el 4x1.000
La reforma tributaria que está a punto de discutirse en el Congreso de la República incluiría un cambio clave en el 4x1.000, el gravamen creado en 1998 que cobra 4 pesos por cada 1.000 movilizados en operaciones bancarias como transferencias, retiros, pagos o depósitos.
El proyecto de ley de financiamiento del Gobierno, que tendrá su primer debate en las comisiones económicas conjuntas el martes 2 de diciembre, buscaría revertir la modificación aprobada en 2022 y restaurar el esquema anterior.
Según información de Valora Analitik, la propuesta del Ejecutivo establece que la exención universal para todas las cuentas, prevista al inicio del gobierno Petro, mantendría su vigencia únicamente hasta el 1 de enero de 2026, siempre que el Congreso la respalde.
El Ministerio de Hacienda, de acuerdo con ese medio, plantearía suspender indefinidamente la reforma y volver al sistema previo: únicamente la primera cuenta marcada como exenta evitaría el cobro del 4x1.000, y el resto de cuentas tributaría sin importar el monto total de los movimientos.
Si el Congreso aprueba la propuesta del Gobierno, las entidades financieras dejarán de estar obligadas a identificar cuándo un cliente supera el tope de movimientos mensuales, y los usuarios perderán el beneficio fiscal que la reforma de 2022 había prometido.
El Legislativo deberá definir si elimina un beneficio que nunca logró implementarse, una medida que impactaría a millones de usuarios que aún esperan una reducción real en la carga impositiva por sus transacciones de bajo valor.
La decisión se conocerá antes de terminar el año y será el Gobierno nacional el que publicará en sus canales oficiales como avanza el debate.
