Exigen ONGs una FGR "útil"; piden evaluar a Gertz Diario.mx

Organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y de la sociedad civil reprocharon la salida del exfiscal Alejandro Gertz Manero sin que rinda cuentas por una gestión que, a su juicio, estuvo signada por la opacidad y los retrocesos en materia de justicia, por lo que exigieron una evaluación al Senado.

"Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen una deuda histórica con el país y deben garantizar a la ciudadanía una fiscalía útil y eficiente, libre de corrupción y control político", demandaron en un pronunciamiento que incluyó 63 firmas de personas y asociaciones a nivel nacional.

"Que el Senado promueva un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas de la gestión del fiscal Gertz Manero y sus fiscales especiales. Que en esa evaluación se escuche a la ciudadanía, y principalmente a las víctimas y organizaciones especializadas en derechos humanos", agregaron.

La petición es que el Senado emita un informe público "que refleje los retrocesos y retos que enfrenta la institución, haciendo recomendaciones puntuales a partir de la escucha en audiencia pública de actores de la sociedad civil".

En el posicionamiento remarcaron que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una deuda histórica con las víctimas de la violencia y la impunidad en México, e indicaron que su transformación es crucial para la recuperación de la justicia.

Opinaron que la separación de Gertz Manero del cargo se concretó de manera expedita y en medio de una notoria falta de transparencia, luego de que el pasado 27 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que analizaba un documento del Senado respecto al titular de la FGR. Horas después, el Senado recibió una comunicación de Gertz Manero en la que informaba su "retiro" para asumir una Embajada en "un país amigo", por invitación presidencial.

"La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aún así el Senado aprobó su separación pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución. Se va sin rendir cuentas de su gestión", reprocharon.

"Esta explicación deja incertidumbre sobre los verdaderos motivos que llevaron al fiscal general a retirarse de su cargo", expusieron los colectivos.

Calificaron la falta de transparencia de las autoridades como una muestra de una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Expusieron que desde el inicio de su gestión, el exfiscal Gertz Manero enfrentó críticas por desmantelar los avances logrados por la sociedad civil. A solicitud suya, consignaron, el Congreso Federal derogó la Ley Orgánica de la FGR, que había sido construida con la participación de organizaciones y víctimas, sustituyéndola por una legislación a modo que eliminó mecanismos clave de rendición de cuentas, derechos de las víctimas y la participación ciudadana.

Los colectivos "Fiscalía que Sirva" y "Contra la Impunidemia" manifestaron públicamente en el sexenio pasado las deficiencias en la gestión como retrocesos sostenidos en transparencia y mecanismos de participación.

Además, los colectivos recordaron los múltiples escándalos en los que el Fiscal General se vio involucrado, incluyendo el presunto tráfico de influencias en la Suprema Corte en el caso de su cuñada y sobrina, el manejo del caso del general Cienfuegos y el llamado caso del rancho Izaguirre.

"Nada de esto fue suficiente para que el Senado le pidiera rendir cuentas abiertamente a la sociedad, a pesar de que así lo pedimos formalmente como organizaciones", denostaron.

Las organizaciones enfatizaron que las fiscalías en México han sido históricamente utilizadas como instrumentos de control político por los gobiernos en turno, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad, siempre en perjuicio de la sociedad.

"La justicia en México sólo existe para quien tiene influencias y poder, no para las 130 mil familias que tienen un caso de desaparición," sentenciaron.

Los colectivos criticaron que, mientras se exige un cambio radical en las fiscalías para garantizar su autonomía, la reciente reforma judicial propuesta por el gobierno no tocó a estas instituciones, sino que politizó los cargos de juzgadores bajo el amparo de una elección popular, a la cual el colectivo "La justicia que queremos" y otras organizaciones manifestaron abiertamente su rechazo.

"El manejo express de la renuncia de Gertz Manero, muestra que el Poder Ejecutivo y la 4T, quieren seguir teniendo el control político sobre la fiscalía. Basta ver cómo operaron en tiempo récord, la renuncia de la Consejera Jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada del despacho de la FGR", acusaron.

Las organizaciones firmantes demandaron públicamente al Senado garantizar un proceso de selección transparente, abierto y con participación ciudadana para el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), exigiendo que los candidatos presenten un plan detallado de reestructuración que priorice la eliminación de la corrupción, el combate a la impunidad y la centralidad de las víctimas.

Además, solicitaron que el nuevo Fiscal abra convocatorias públicas para los cargos de fiscales especializados con perfiles idóneos.

Entre las asociaciones que respaldaron el pronunciamiento figuran Artículo 19, México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Fundación para la Justicia y la Red TDT, así como las madres buscadoras Virginia Garay Cazares y Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, y el actor Daniel Giménez Cacho.